Un par de notas que van más allá de las opiniones mayormente favorables a la Ley de Consulta Previa promulgada no hace mucho. La primera apareció en El Comercio (acá disponible en Scribd) hace una semana y plantea 10 interrogantes que el reglamento de la ley deberá responder, cosas como ¿Qué poblaciones son consideradas pueblos indígenas? ¿Qué se consultará? ¿Qué pasará cuando no haya acuerdo entre el estado y los pueblos indígenas?. La segunda nota apareció hace dos días en La República e insiste en los mismos temas incluyendo opiniones de algunos expertos y líderes indígenas como Alberto Pizango. Recuerda que la implementación de la ley ha sido encargada al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y que la consulta no tiene carácter vinculante, por lo que en caso de desacuerdo entre las partes el estado podría tomar una decisión contraria a la de los pueblos consultados. Ayer el Ministerio de Cultura informó que «Una comisión multisectorial integrada por representantes del Ejecutivo y de las comunidades indígenas participará en la implementación de la Ley de Consulta Previa y el registro de esas comunidades«, también que una campaña de difusión al respecto está en marcha.
Globalizado
Blog de Juan Arellano Valdivia
Si en tú análisis partes de la explotación pura, naturalmente verás problemas en cada comunidad. Pero si partes de la integración -la consecuencia más importante de esta ley- los problemas se minimizan y hasta pueden desaparecer.
La ley que reconoce la pluralidad étnica del país integra a las comunidades al estado peruano como miembros con voz y voto. De manera que en cada proyecto a discutirse debe estar un o más representantes de las comunidades en las que se efectuarían los trabajos; que ellos participen en la discusión inicial y se comprometan con la ejecución, no habría de qué preocuparse.