Foto de Edwin Chota aparecida en el New York Times, obtenida de la web SPDA.
En pocos días se cumplirán tres meses del asesinato de Edwin Chota, jefe de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, una localidad de la Región Ucayali limítrofe con Brasil. Chota, líder asháninka y defensor de los bosques amazónicos contra la tala ilegal, fue asesinado precisamente por esta labor de defensa junto a tres líderes de su comunidad cuando se dirigían a una reunión con otros líderes asháninkas pero del estado de Acre, Brasil, a fin de coordinar esfuerzos contra la explotacion forestal.
A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones sobre el caso avanzan lentamente. Se ha recuperado los cuerpos de tres de los asesinados: Edwin Chota, Francisco Pinedo y Leoncio Quincima Meléndez, estando por encontrar los restos de Jorge Ríos Pérez. En cuanto a los presuntos asesinos, hay tres taladores ilegales detenidos: Adeuso Mapes, Eurico Mapes y Hugo Soria, pero hay otros tres en calidad de requisitoriados.
Este caso sin embargo es uno más en la larga lista de asesinatos a activistas medioambientales en el Perú. Un reciente estudio de Global Witness da a conocer que entre los años 2002 y 2014 habrían sido asesinados 57 activistas en nuestro país, lo que coloca al Perú en el cuarto lugar de los países más mortales para los defensores ambientales y de la tierra, siendo los primeros Brasil, Honduras y Filipinas.
En un pronunciamiento del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – Formabiap, publicado en el blog del profesor José Manuyama, los profesores firmantes exigen al gobierno dar cumplimiento «a lo expresado en el Convenio 169, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales firmados en defensa y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas», además señalan:
Estos sucesos de por sí graves, lo son más aún, si consideramos que los cuatro líderes indígenas denunciaron públicamente desde hace muchos años, la extrema debilidad del Estado peruano en la zona y la vulnerabilidad en que se encuentra la población. Siendo ellos guardianes defensores de su territorio venían recibiendo constantes amenazas a su integridad física y a su vida. Por ello, estos hermanos Asháninka en muchas ocasiones pidieron a las autoridades competentes la protección de sus derechos fundamentales.
Efectivamente, uno de los puntos débiles en la defensa de los derechos indígenas es la falta de titulación de sus tierras, tema en el cual el gobierno ha demostrado poco interés, e incluso recientemente ha expedido la ley 30230, parte de un paquete de reactivación económica, que advierten «no solo entregará a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia directa de sus proyectos, sino que además entregará derechos sobre el área de influencia indirecta, afectando las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones», convirtiéndose así en una potencial amenaza para los derechos indígenas sobre sus tierras ancestrales.
Imagen obtenida del sitio web Reina de la Selva.
El antropólogo Alberto Ñiquen entrevistó para su blog al documentalista Fernando Valdivia, quien opina que esto se debe también a la falta de una política de desarrollo fronterizo por parte del estado, cuya ausencia en estas zonas da lugar a que las actividades ilegales, como la tala y la minería, encuentren oportunidades de explotación. Valdivia añade:
«Pido a las autoridades que esté alertas. No podemos dejar que las muertes continúen. Instamos al Estado peruano para que honre a Edwin Chota reconociendo los territorios de los asháninkas, para que así los madereros y otra gente que quiera hacer actividades ilegales o invasión territorial no ingresen y los nativos tengan su territorio como siempre lo han querido».
El biólogo José Álvarez Alonso profundiza en Espacio360 sobre cuáles deberían ser las acciones del estado para enfrentar a las mafias madereras ilegales, que comenta, a veces camuflan actividades del narcotráfico:
La problemática de esta y otras cuencas de la frontera con Brasil no se soluciona con una serie de operativos coyunturales: en zonas tan inaccesibles de la selva, es relativamente fácil que los delincuentes se escabullan y retornen a sus actividades habituales luego de un tiempo. Se requiere una estrategia de control y gobernanza a mediano y largo plazo, que involucre activamente a las comunidades locales.
La lucha de Edwin Chota pues, era doble, por un lado contra los madereros ilegales que invadían el territorio de su comunidad, y por el otro contra un estado que ignoraba su derecho a la titulación de sus tierras, a pesar de que la comunidad contaba con informes favorables al respecto emitidos por diversas entidades; un estado que además falló en proporcionarle la adecuada seguridad a pesar de sus múltiples denuncias de amenazas a su vida.
Esta lucha sin embargo no ha sido abandonada. La continúa la comunidad, y sobre todo las viudas de los fallecidos. Ellas, que fueron las que denunciaron los asesinatos, desde un primer momento se han colocado a la vanguardia de los reclamos de justicia por los asesinatos y de la titularización de sus tierras. Julia Pérez, la viuda de Edwin Chota, estaba con siete meses de embarazo al momento del asesinato. Ella, al igual que las demás, vive ahora en Pucallpa, la capital de la región Ucayali. El temor a las amenazas y represalias las han hecho abandonar su comunidad, pero desean regresar.
En una reciente conferencia de prensa organizada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y Handcrafted Films., las viudas de los líderes asháninkas expresaron su intención de continuar con la lucha de sus esposos y solicitaron el apoyo de la comunidad en general. A continuación algunas partes de dichas declaraciones.
En la misma conferencia se expuso el siguiente video que recoje declaraciones de Edwin Chota y su viuda. El video es parte de la serie If not us then who? (Si no somos nosotros ¿entonces quién?):
Con el inicio de la COP20 ad portas, se espera que el gobierno tome algún tipo de acción que brinde justicia y garantice los territorios de las comunidades indígenas. Este y otros casos de atentados a los defensores medioambientales ganarán visibilidad internacional en el transcurso de la serie de eventos que tendrán lugar en Lima con motivo de la COP20. Queda del gobierno que la imagen que se difunda sea positiva o negativa.
