Imagen cortesía del blog Observatorio Petrolero.
Pocos días después de un paro preventivo de 24 horas realizado el pasado 25 de agosto, la región peruana de Loreto, y su capital, la ciudad de Iquitos, soportan otro paro regional, esta vez de 48 horas. ¿El motivo? los organizadores de las protestas piden que el lote petrolero 192, ubicado en la zona, sea administrado por la empresa estatal Petro-Perú en vez de por una empresa extranjera.
El lote 192, antes conocido como lote 1AB, en explotación desde los años 70, tiene reservas para 20 años más, pero estas son de complicada explotación y refinación, lo que ha generado un historial de problemas ambientales que viene arrastrando desde sus administradores anteriores, las empresas Oxy y Pluspetrol. Precisamente el pasado 29 de agosto venció el contrato con la Pluspetrol. Pero ya desde mayo de este año se venía licitando el lote para su administración. El proceso, con algunos tropiezos, concluyó el 24 de agosto con la adjudicación directa del lote por dos años a la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A.
Esta decisión no satisfizo a organizaciones sociales de la región como el Frente Patriótico, y a la organización indígena FECONAT respecto a las condiciones de adjudicación del lote. Por su parte, las organizaciones indígenas FEDIQUEP (Quechuas del Pastaza) y FECONACO (Achuares del Corrientes), denunciaron un proceso de Consulta Previa que no llegó a ningún acuerdo y que vulneró sus derechos. Todo esto llevó a realizar el primer paro del pasado 25 de agosto, con apoyo del Gobierno Regional de Loreto. El 27 de agosto el congreso supuestamente iba a debatir la adjudicación del lote 192 y la posibilidad de que se le diera a Petro-Perú, pero por un retiro de firmas del partido fujimorista el debate no llegó a realizarse. Luego de esto las organizaciones sociales de Loreto ratificaron su decisión del paro de protesta de 48 horas los días 2 y 3 de setiembre.
Pero ¿qué piden exáctamente los manifestantes? Una lectura del decreto emitido por el Frente Patriótico de Loreto, una a veces controvertida, organización creada para la «Dignidad, Defensa y Desarrollo de Loreto», nos dice que los pedidos principales son dos: que se garantize la continuidad del pago de regalías y el canon petrolero a las regiones y que se respete las exigencias de los pueblos originarios. Para eso piden: «derogar los Art. 3 y 6 de la Ley 30130 (Proyecto Modernización de la refinería de Talara), que es el arma del MEF para impedir que la empresa estatal (Petro-Perú) asuma nuevos emprendimientos rentables y la aprobación del Proyecto de Ley 4726 y 4749 que Modifica la Ley N’ 31030, incorporando una cuarta disposición complementaria y final que dice: La Empresa PerúPetro adjudica de manera directa a Petroperú el Lote 192″.
el Frente Patriótico de Loreto ha solicitado reiteradamente al Presidente Ollanta Humala la presencia del Consejo de Ministros, para atender y resolver la plataforma regional, que fue notificado al gobierno con fecha l0 de agosto 2012, reiteradas el 25 de junio, el 21 de agosto del 2013, el 16 de febrero de 2015 y el 12 de agosto del 2015, sin que se haya tenido respuesta alguna, constituyendo esta actitud un maltrato y desprecio al pueblo loretano; precisando además, que el gobierno del Presidente Ollanta Humala estando notificado de nuestra plataforma de lucha, hace caso omiso a nuestra exigencia de dialogo para tratar la problemática del pueblo de Loreto.
El Congresista Manuel Dammert, quien impulsa el mencionado proyecto de ley 4749, explica que el lote 192 «Es garantía para el financiamiento de la modernización de la refinería de Talara proyectada en una inversión de 3 mil millones de dólares, de los cuales el MEF hasta ahora la estrecha a 500 millones, para llevarla a la crisis al quitarle a Petroperú el lote 192. Las presiones lobistas quieren anular la refinería de Talara, para reducirnos a país importador de combustibles». Añade:
Se ha declarado desierto el concurso para que nuevas empresas se hagan cargo del lote 192 por los siguientes 30 años. Se ha entrega en contrato de servicios por dos años a Pacific. Con mentiras: “inversión 700 MM Dólares” en los dos años, cuando es para 30 años y los recursos salen de la propia operación; “miles de técnicos propios”, cuando se subcontratan servicios privados para operar). Irregularmente se otorga a Perupetro (empresa pública dedicada a contratos) ser la contraparte como operadora petrolera en el contrato de servicios con Pacific, cuando esa función le corresponde a Petroperú. Se han reducido las regalías al 16% y se ha evaporado las obligaciones de remediación ambiental. La inmediata entrada de Petroperú, como contraparte representante del Estado, permitirá cumplir con los derechos de los pueblos amazónicos. Podrá actuar como empresa especializada en los servicios del contrato con Pacific (contrato que debe además investigarse). Y permitirá proyectarse desde ahora al horizonte de 30 años y alistar la convocatoria a socios estratégicos para su operación.
Imagen cortesía del blog Observatorio Petrolero.
Para las organizaciones indígenas el tema es visto de otra forma. Además de cuestionar la forma como el estado ha manejado el proceso de consulta previa, incluso fomentando la división y promoviendo la inclusión de falsas organizaciones indígenas que avalaban lo propuesto por el estado, ellos manifiestan que “Esta lucha es para defender nuestro territorio, no para respaldar o defender a una u otra empresa petrolera”. El blog Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, PUINAMUDT, reproduce un artículo de Servindi donde entrevistan a Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), del río Marañón, quien señala:
quienes vienen formando parte de estas protestas (en Iquitos) son principalmente “los hermanos kichwas del Tigre”. Por ello rechazó que el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, se haya “tomado la libertad de levantar la bandera y decir: este (que Petroperú ingrese al lote) es el pedido de los pueblos indígenas (de la región)”.
Queda por ver cómo el paro y otras medidas que se puedan tomar, hagan una presión efectiva sobre las decisiones del gobierno. Estamos pendientes.
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