Santa Clara de Uchunya es una pequeña comunidad en la amazonía peruana, ubicada a orillas del río Aguaytía en la región Ucayali. Miembros de dicha comunidad, de origen shipibo, están enfrentados a la empresa Plantaciones de Pucallpa, por la apropiación y deforestación de cerca de 80 hectáreas de terreno que la comunidad considera parte de su territorio ancestral.

En abril del año pasado un análisis de imágenes satelitales tomadas en agosto del 2014 revelaba una deforestación de aproximadamente 12.200 hectáreas de bosque primario en dos zonas de la región Ucayali cercanas al río Aguaytía. Según MAAProject, la deforestación es producida por la expansión de dos plantaciones a gran escala de palma aceitera.

En un informe posterior de Mongabay se relaciona esas plantaciones con el empresario checo Dennis Melka, a través de las empresas Grupo Palmas del Perú, Plantaciones de Ucayali y Plantaciones de Pucallpa. Melka es más conocido por ser Director Ejecutivo de United Cacao, una compañía con sede en Las Islas Caimán acusada de deforestar más de 2000 hectáreas de bosque virgen en la amazonía de Loreto, al noreste del Perú. Es también el fundador, director, presidente y Jefe Ejecutivo de United Oils, cuya sede principal se encontraría en Las Islas Caimán, y también sería dueño de una “refinería de aceite de palma” en Singapur.

Convoca, una iniciativa de periodismo de investigación, publicó este año un informe especial sobre las actividades de Melka en el Perú, tanto en Loreto como en Ucayali. Descubrieron que el encargado de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali y el expresidente del gobierno regional de Ucayali se encuentran investigados por la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali como presuntos autores de delitos ambientales, delitos contra los recursos públicos y responsabilidad de funcionario público por la venta de terrenos a la compañía de Melka.

Luego de esto las empresas de Melka empezaron a adquirir terrenos a las comunidades de las zonas adyacentes. Una vez en posesión de estos terrenos empezaron a talar el bosque en ellos con maquinaria pesada. Pero no solo esto. El informe de Convoca recogió testimonios de comuneros afectados:

En su afán de pelar el bosque los trabajadores de la empresa ingresaron a terrenos ajenos. “Arrasaron toda mi chacra de arroz y yuca de más o menos dos hectáreas. No pude detenerlos debido a que eran personal armado, vigilantes con armas de fuego que nos amenazaban”, declaró ante la Fiscalía el agricultor Ramiro Tapullima, de la zona de Bajo Rayal. “Me manifestaron que saliera de mi chacra porque ellos iban a trabajarla. La empresa me amenazó con palabras soeces con que me pasaría cualquier cosa, motivo por el cual tuve que salir”, relató, por su lado, Carmela Castro Najarro, del mismo caserío. Ambos han denunciado a funcionarios de Plantaciones de Ucayali por usurpación de terrenos.

Funcionarios de Conveagro-Ucayali sin embargo, señalan que los terrenos supuestamente deforestados siempre han estado dedicados a la agricultura. Los pobladores de la comunidad Shambo Porvenir por su parte indican que ante la falta de apoyo del Gobierno Regional para dedicarse a cultivos alternativos a la coca aceptaron la ayuda de la empresa Plantaciones Pucallpa para dedicarse al cultivo de palma aceitera.

Lo que sucedió en la comunidad de Santa Clara de Uchunya es algo distinto a lo de Shambo Porvenir. La cuestionada venta de 4,759 hectáreas de terrenos informada por Convoca entre la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali  y la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. en diciembre de 2012, no contó con la autorización del Consejo Regional de Ucayali ni consideró que estas tierras que ya tenían propietarios, entre ellos, la comunidad de Santa Clara de Uchunya.

El año pasado, la investigación hecha por el gobierno encontró que se había destruido 6.824,39 hectáreas de bosques, dejando solo el 0.3% de cobertura arbórea. Toda esta zona deforestada se encuentra dentro del área que la comunidad señala como su territorio ancestral.

En el blog de la organización Justicia Viva analizan el caso y concluyen que se han violado varios derechos fundamentales:

se han vulnerado una serie de derechos reconocidos en la Constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que pasan por la propiedad comunal, la consulta previa y el medio ambiente adecuado y equilibrado, entre otros del mismo rango. Este contexto permite a la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya a exigir en sede judicial –y a través de un proceso constitucional, concretamente el de amparo– el cese inmediato de los actos violatorios de sus derechos fundamentales y la vuelta de las cosas al estado anterior a que estas ocurrieran: al momento antes que la ambición tomase el disfraz de palma aceitera y se plantase en lugar del bosque, que hoy ya no está.

La comunidad de Santa Clara de Uchunya no se ha quedado de brazos cruzados, además de las acciones legales correspondientes se han embarcado en diversas actividades de difusión y concienciación de su caso. Para ayudarse en tal proposito han elaborado un video que, «basado en testimonios de los comuneros, muestra los impactos que sufre la comunidad a causa de este acaparamiento de sus tierras tradicionales y la lucha que han emprendido para hacer respetar sus derechos territoriales y culturales».

Los esfuerzos de la comunidad para lograr el reconocimiento de sus derechos territoriales abarcan más de 30 años y ahora han llegado a un punto crítico. El caso legal de Santa Clara de Uchunya es emblemático, puesto que su resultado tendrá consecuencias trascendentales para el futuro de la Amazonía peruana y sus Pueblos Indígenas.

El pasado mes de abril, representantes de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, junto con otros líderes indígenas de Indonesia, Colombia y Liberia, estuvieron en varios países europeos para pedir que «la Unión Europea tome medidas y refuerce su legislación contra la violación de derechos humanos y la apropiación de tierras relacionada con el suministro global de aceite de palma». También fueron a la Bolsa de Valores de Londres, para pedir que se deje de cotizar en el Mercado Alternativo de Inversiones (AIM) a la empresa United Cacao, propiedad de Dennis Melka.

Cabe indicar que aunque la estrategia de Melka y sus abogados es permaner en silencio, como lo hicieron ante los pedidos de entrevistas de los periodistas de Convoca, por ejemplo, e iniciar demandas por difamación contra medios que tocaran el tema, caso del portal francés Confectionary News y del portal Salva la Selva, de la ONG alemana Rettet den Regentad, en este caso United Cacao ha respondido indicando que ellos operan de acuerdo a las leyes peruanas y que el estudio de impacto ambiental del proyecto fue inicialmente aprobado en el año 2013 por las autoridades competentes, y que esperan la aprobación final.

En medio de este panorama negativo, una noticia alentadora es el dictamen de una medida cautelar por parte del 9° Juzgado Constitucional de Lima para detener la deforestación en Tamshiyacu, Loreto, por parte de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, de la United Cacao. Ojalá suceda lo mismo pronto para Santa Clara de Uchunya.