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Luego de 31 años, Accomarca recibe justicia

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Imagen obtenida de una publicación del diario El Popular.

El pasado jueves 1 de setiembre se dictó finalmente sentencia por el caso de la matanza de Accomarca, un asesinato masivo cometido el 14 de agosto de 1985 por parte de un comando del ejército peruano contra 61 habitantes del pueblo de Accomarca, en la región de Ayacucho, por supuestamente pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.

El principal responsable y autor material de la matanza, el teniente del Ejército en situación de retiro Telmo Hurtado, fue condenado a 23 años de prisión efectiva por delito de lesa humanidad, y el general del Ejército en situación de retiro Wilfredo Mori, ex jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, recibió 25 años por autoría mediata. Otros acusados, igualmente miembros del ejército peruano, también recibieron condenas de entre 25 y 10 años de cárcel. Además se estableció el pago de una reparación civil de S/150.000 a los deudos de cada una de las víctimas.

La lectura de la sentencia, programada para el miércoles 31 de agosto, concitó gran expectativa entre aquellos que siguen de cerca los casos de derechos humanos y activistas, pero sobre todo entre los familiares de las víctimas, quienes se reunieron en las afueras del penal Castro Castro donde se llevaría a cabo la lectura. A pesar de eso, hubo varias postergaciones y finalmente el acto judicial empezó a las 8 de la noche y concluyó pasadas las 2 am del día siguiente.

Previo a la sentencia, en una publicación del blog de la Redacción de la web La Mula, recogieron declaraciones de Jo-Marie Burt, investigadora y activista por los derechos humanos, respecto a Accomarca:

«Ha quedado demostrado que la masacre de Accomarca no fue un exceso de la lucha contrasubversiva ni la reacción desmedida de un soldado agobiado por la guerra, sino el resultado de una política estatal de luchar contra la subversión utilizando la violencia indiscriminada contra la población civil». «La justicia no sólo busca el castigo de los responsables; también busca dignificar a las víctimas que por tantos años han sido relegadas y olvidadas”.

En el blog Ágora abierta, Rafael Rodríguez, abogado, recuerda los hechos tal como constan en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR):

el IFCVR probó que fueron las patrullas de Telmo Hurtado y la de Juan Rivera Rondón, las que bajaron a la localidad de Llocllapampa, a tres kilómetros de Accomarca, con el objetivo de arrasar a los campesinos. En ese lugar reunieron a la población civil, la agruparon en tres viviendas, a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa, y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Luego los militares trasladaron a las mujeres a una acequia, lugar en donde las violaron, según lo afirmaron los testigos, quienes alcanzaron a escuchar el grito de sus mujeres.

La sentencia condenatoria originó reacciones positivas de diversas personas, así como varios artículos de opinión en la prensa:

Pero también hubo quienes no estuvieron de acuerdo, sobre todo gente relacionada con el ejército o el fujimorismo.

Sin embargo, este no es el final de la  historia. El fallo fue apelado y podría llegar a la Sala Penal Permanente, que es presidida por el juez Villa Stein, quien recientemente absolvió a Alberto Fujimori del caso ‘diarios chicha’, y anteriormente dictaminó a favor del grupo Colina, comando militar de aniquilamiento creado durante el fujimorismo.

Aunque la matanza de Accomarca no sucedió durante el gobierno de Fujimori, éste continuó la misma política de aniquilamiento a poblaciones andinas que podían o no contar con elementos terroristas entre sus habitantes.

Por otra parte salvo Hurtado, el resto de condenados no se encuentra con paradero conocido por lo que la lista de los mismos será incluida en el Programa de Recompensas para que los ciudadanos que conozcan de su paradero puedan colaborar con la justicia.

Suspenden juicio a Fujimori por su apariencia demacrada

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Expresidente Alberto Fujimori en reciente sesión del juicio que se le sigue por la compra de la línea editorial de diarios.

Post publicado originalmente en Global Voices en español.

Uno de los juicios que enfrenta Alberto Fujimori fue suspendido hasta el lunes 28 luego de que el expresidente se presentara con una apariencia descuidada, despeinado y acompañado de un tensiómetro.

Fujimori estaba citado para declarar ayer, 17 de octubre, sobre la compra de la línea editorial de algunos medios como parte de su campaña de re-reelección efectuada durante su segundo periodo presidencial, y que fue realizada con recursos públicos. El proceso es conocido popularmente como el juicio por los «diarios chicha» (tabloides).

La periodista Jacqueline Fowks, escribiendo para El País, informa lo que sucedió en el juicio hasta que éste se suspendiera: «En los casi 40 minutos de audiencia, el tribunal confirmó que esperan la decisión de la Primera Sala Liquidadora acerca del pedido para recusar a las tres magistradas que deben juzgar a Fujimori, escucharon la argumentación de [el abogado de Fujimori, William Paco] Castillo para que la Corte Suprema juzgue a Fujimori, y la sustentación de la procuraduría para elevar el monto de la reparación civil.»

Muchos tuiteros no quedaron tan convencidos del real estado de salud del expresidente y éste fue objeto de burlones memes.

Algunos tuitearon con sarcasmo sobre lo que consideraron una «actuación».

Algunos se preguntaban si esto no sería parte de una nueva estrategia dictada por el nuevo abogado de Fujimori, William Paco Castillo.

Otros por su parte aprovecharon para recordarnos el historial de violaciones a los derechos humanos por parte de Fujimori:

Sin embargo, no faltaron los que mostraron preocupación por la salud del expresidente:

El presente es el sexto juicio que afrenta el expresidente Fujimori, y enfrentaría una pena de entre 8 a 15 años de prisión si es declarado culpable.

En los cinco juicios anteriores fue condenado por cargos de corrupción, peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado, entre otros. En uno de los juicios fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

Foto obtenida de esta nota del diario Correo.