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Las protestas contra el proyecto minero Las Bambas

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Protesta en Las Bambas. Foto obtenida de la web de NTN24.com.

Otro conflicto minero ganó titulares en el Perú los ultimos días. Los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau en la región de Apurímac iniciaron el pasado 25 de setiembre un paro de protesta contra el proyecto cuprífero Las Bambas. Estas protestas derivaron en enfrentamientos con la policía que el día 29 ocasionaron 3 muertos y varios heridos entre los manifestantes. Lo cual ocasionó que ese mismo día se declarara el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros.

El proyecto minero fue vendido en abril del año pasado por la empresa Glencore Xstrata a un consorcio liderado por MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp. en un monto aproximado de US$ 5,850 millones. Mientras por un lado el proyecto tiene una gran importancia económica para Apurímac, pues se calcula que la región recibira unos 300 millones de soles al año por concepto de canon minero una vez entre en operaciones, por el otro ha creado serias inquietudes en la población lugareña respecto a la contaminación ambiental que produciría.

Las principales objeciones al proyecto tienen que ver con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que aducen, fue inconsultamente modificado, y el desconocimiento por parte de los nuevos administradores de los compromisos asumidos por Glencore Xstrata. Por estas y otras razones los manifestantes exigen la demolición de la Planta de Molibdeno, de la Planta de Filtros y del Almacén de Concentrados, por ser contaminantes y porque la propuesta inicial consideraba su construcción en otra zona. Tambien piden la renuncia y retiro de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas por corromper a los dirigentes comunales en favor de la empresa, y finalmente la presencia de altos funcionarios de la empresa minera y de representantes del Gobierno para negociar sus pedidos.

El enfrentamiento de los manifestantes con la policía el día 29 empezó a las 3 de la tarde cuando un gran grupo de comuneros realizaba una marcha por los alrededores del campamento minero, y un grupo de ellos trató de ingresar a la fuerza al campamento principal de la empresa MMG, a lo que la Policía respondió con bombas lacrimógenas. Esto desató la violencia entre los 10 mil comuneros y 3 mil efectivos de la Policía y el Ejército. Luego se conocería que los muertos ascenderían a 4 y que habría 8 policias heridos.

La respuesta del gobierno a esta violencia fue decretar el estado de emergencia, mientras que el ministerio de Energia y Minas comunicó que los cambios en el EIA no son sustanciales y se hicieron oportunamente de conocimiento de las autoridades locales, que era lo que correspondía. El Premier, por su parte, declaró que el proyecto minero de Las Bambas no se detendría.

Al día siguiente, 30 de setiembre, la protesta se suspendió por 48 horas a la espera del inicio del diálogo con el gobierno. Asi pues el 1 de octubre en Lima, representantes del gobierno y alcaldes de la provincia de Cotabambas, acordaron instalar una mesa de diálogo, lo que implica que el lunes 5 viaje un equipo técnico a Cotabambas, y el dia 6 lo haga la Comisión de Alto Nivel de Ministros.

A pesar de este desenlace más o menos rápido, la impresión de que el gobierno actúa solo cuando la violencia se desborda se mantiene. En el blog Emancipación, de Escuela Permanente, opinan:

¿El gobierno atendió la queja de la población y la solicitud de diálogo expresada ya hace más de seis meses? No. Ante ese escenario, y agrupados en el Frente de Defensa de Cotabambas, la población optó por la protesta y la respuesta ha sido una represión de gran violencia, […] Nuevamente, se hace evidente que los sucesivos gobiernos nacionales no buscan escuchar a la población. Más aún, la ningunean. La todopoderosa inversión privada siempre se impone sobre quienes tengan la osadía de cuestionarla. Para los empresarios: protección policial incondicional. Para los que protestan luego de tanto atropello: balas de esa misma policía.

El periodista Carlos Noriega reproduce en su blog parte de la conversación telefónica que sostuvo con Rodolfo Abarca, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas:

“No somos antimineros, nosotros estamos a favor que continúe el proyecto minero Las Bambas, pero exigimos que se mantenga el proyecto original, rechazamos los cambios que no se nos consultaron y nos perjudican […] (la planta de molibdeno) va a afectar nuestro abastecimiento de agua por el agua que necesita esa planta y además va a contaminar el aire. Nosotros rechazamos ese cambio y por eso es la protesta”.

Desde otra óptica, Juan Mendoza, invitado en el blog Economia aplicada del diario Gestión, opina básicamente que todo el problema es culpa de los antimineros que azuzan a la población desinformada y que las protestas buscan presionar a la empresa en busca de beneficio económico. Opina además que la respuesta del actual gobierno es muy debil y le propone al nuevo gobierno que asuma el proximo año:

revisar el proceso de descentralización con la finalidad de evitar que el canon minero siga siendo un botín que capturar. En particular, debemos contar con un mejor diseño de instituciones y mecanismos para que un mayor número de personas se beneficien con mayor rapidez de la explotación minera. Este nuevo diseño debe buscar que las personas perciban, de forma clara, cuál es el aporte de la actividad minera al incremento de su bienestar. Sugiero, asimismo, que este diseño considere y potencie las positivas, aunque limitadas, experiencias de las contribuciones mineras voluntarias y del programa de obras por impuestos.

Finalmente en el blog de NoticiasSer, la antropóloga Fabiola Yeckting hace un completo recuento de la historia del proyecto minero, concluyendo que a lo largo del mismo «se mantiene una constante en las demandas sociales: Se pide cuidado de los recursos naturales, el acceso a las fuentes de agua y evitar la contaminación». Y añade:

esta historia tiene algunas lecciones que se pueden enlazar con las de los otros conflictos en el país, con la falta de institucionalidad sobre la gestión de los recursos, la flexibilizaciónen el cumplimiento de los procedimientos, ya su vez, con los diferentes momentos en los que se posterga la toma de decisiones de las poblaciones afectadas por los proyectos, que se organizan para protestar. […] La promesa de este gobierno, largamente postergada para Cotabambas, de darle la potestad de gobernar sobre sus territorios después de años de haber sido olvidados,debe cumplirse.

Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 2)

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Imagen obtenida de la web del congresista Manuel Dammert, bajo Creative Commons.

Lea la primera parte: Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 1)

El conflicto en el sur del país conocido como Tía María, por el proyecto minero del mismo nombre, ya ha cobrado la muerte de 5 personas en más de 60 días de protestas llevadas a cabo por los agricultores que reclaman que se verán afectados por el proyecto. Ante esto el gobierno decretó el estado de emergencia para la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.

Aunque los hechos de violencia y muertos se han producido en ambas partes, el lado a favor del proyecto minero ha tratado de capitalizar esta sensación de desgobierno que produce la violencia y ha pasado de llamar «antimineros» a los manifestantes a llamarlos «terroristas antimineros«. El uso del término «terrorista» despierta una fibra sensible en la opinión pública que aún recuerda la época del terrorismo en el país.

La congresista Verónika Mendoza, quien en su blog señala lo contraproducente que resulta el uso de estos términos en medio del esfuerzo para instaurar un diálogo, reflexiona además sobre el valor semántico del uso del término «terrorista».

«si esos que protestan son ‘terroristas’ entonces poco valen sus vidas, menos sus opiniones», ese parece ser el mensaje final. «Escalamos» así de la desciudadanización a la deshumanización del otro. Quienes han hecho uso de estos términos públicamente saben muy bien de todas estas implicancias. Por eso resulta preocupante que desde el Estado, supuesto garante neutral de derechos, no se haya deslindado o exigido rectificación como correspondía sino más bien se haya refrendado tácitamente.

En la publicación digital Lampadia mantienen una opinión contraria. Afirman que muchas de las acciones protesta de los manifestantes infunden terror a la población por lo que pueden ser calificadas de terrorismo. Es más, según ellos estas acciones son parte de un llamado “Manual Anti-minero” aplicado en diversas partes del país.

El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un  publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.

Sin embargo fue otro hecho el que afectó más la credibilidad de los manifestantes. El 26 de abril se dio a conocer un audio en el cual presuntamente se escucha al Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, pedir dinero a la Southern para terminar las protestas. El dirigente negó que se tratara de su voz, aduciendo que sería un montaje, pero finalmente fue detenido por 24  horas el pasado 15 de mayo, medida que luego fue ampliada a 7 días. El 19 de mayo la Fiscalía confirmó que la voz del audio es la de Gutiérrez.

El dirigente del Frente de Defensa es además miembro de la agrupación política Tierra y Libertad, liderada por el exsacerdote Marco Arana. Arana declaró a una radio local que la empresa minera Southern también debería ser investigada por este caso de corrupción:

Si hubo actos de corrupción, hay un corrompido y un corruptor. Las personas que estaban dispuestas a hacer estos pagos deben ser investigados. Si existen pruebas materiales, que caiga todo el peso de la ley.

El ex viceministro de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente, José De Echave, preguntado en el blog de Noticias Ser respecto a la separación de Gutiérrez del movimiento político Tierra y Libertad, respondió:

Hay una comisión de ética que está revisando el caso y, mientras tanto, se ha tomado la decisión correcta. Espero que se hagan todas las pericias técnicas posibles, para que se aclare esta situación lamentable, que afecta y ha tenido un impacto negativo, pero que da la impresión que no daña una lucha que creo que tiene fundamentos y razón de ser.

En una reacción un poco tardía, el 15 de mayo se anunció que el presidente Ollanta Humala daría un mensaje a la nación respecto a Tía María. La aparición del presidente en la televisión se vio demorada un par de horas, lo que ocasionó bromas ácidas y memes. Finalmente el mensaje se emitió y si bien lo más importante del  mismo fue el anuncio presidencial de que el proyecto minero no podía suspenderse, a la vez dejaba en manos de la empresa Southern la decisión final.

La decisión de la empresa se conoció ese mismo día por intermedio del Premier en una presentación ante el Congreso, en la que anunció que la Southern había decidido «pausar» el proyecto durante 60 días para «socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes».

Los manifestantes no quedaron muy convencidos con estos anuncios y ese mismo día una marcha pacífica se convirtió en un enfrentamiento con la policía en la localidad de Cocachacra, Arequipa.

Como para azuzar más los ánimos, la prensa local se hizo eco de un video difundido por la página de Facebook Revolution News, en el cual se aprecia a un policía disparando su pistola hacia los manifestantes, lo que originó que la Inspectoría de la policía anunciara la investigación del caso, pero luego el Ministro del Interior declaró que los efectivos pooliciales están autorizados a «hacer uso de su armamento en caso sea necesario», añadiendo que en el caso del video con los disparos se logró la liberación de un policía que estaba siendo golpeado por los manifestantes.

El pasado 22 de mayo nuevos enfrentamientos en la localidad de Cocachacra dieron el saldo de un manifestante muerto y la comisaría local recibió un petardo, supuestamente de los manifestantes que intentaban tomarla luego de la muerte de su compañero, aunque hay versiones que dicen que fueron los propios policías los que habrían detonado el petardo. De cualquier forma, fue este hecho el que desencadenó la declaratoria de emergencia en la región.

Tras esta declaración de emergencia, la policia ha estado deteniendo a personas acusadas de extorsionar a choferes que pasan por la zona, y también a los huaraqueros o espartambos, que es como se conoce a los que en los enfrentamientos lanzan piedras a la policía con ayuda de huaracas, una especie local de honda.

La Federación de Campesinos de la región Arequipa ha anunciado que saldrán a marchar como protesta y en apoyo al paro de los campesinos de la provincia de Islay, los proximos 27 y 28 de mayo. La medida de protesta incluye la participación de sindicatos y asociaciones de vivienda de diversas regiones del país. Esto ha generado que la policía se ponga en estado de alerta en Arequipa y el desplazamiento de 3000 efectivos en puntos claves de la ciudad.

Al parecer los 60 días de pausa ofrecidos por la empresa minera Southern no lo serán tanto. En este contexto algunos se preguntan por qué la empresa no abandona el proyecto, con todos los problemas sociales que tiene. Obviamente las razones son económicas, y en el blog de Servindi recojen algunas que fueron publicadas por el semanario Hildebrandt:

Según un reporte de la propia empresa, de los 5.787 millones de dólares recaudados el año pasado por Southern, 2.482 millones fueron producto de sus operaciones en el Perú.
La ganancia obtenida en suelo nacional tiene su explicación en la cantidad de mineral concentrado que se encuentra en las rocas.
En Cuajone y Toquepala la concentración es de 0.68%, mientras que en el yacimiento mexicano de Buenavista, la mina más importante que tiene el Grupo México -dueño de Southern-, la concentración es de 0.58% …
además, la diferencia en los volúmenes de producción. Mientras que el año pasado en México la empresa produjo 568 millones de libras de cobre, en el Perú este volumen llegó a los 670 millones.

Pero el quid del asunto sigue siendo el Estudio de Impacto Ambiental y las dudas que genera. Convoca, un equipo de periodismo de investigación, analizó el EIA de más de 10,000 páginas junto con ingenieros ambientales y en sus propias palabras: «Como resultado se encontraron graves inconsistencias en el manejo de las aguas y el monitoreo de los impactos».

Southern presentó el nuevo EIA incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron que una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del conflicto, requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA, un Estudio de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar. Este documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que la planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que luego la minera use al agua del río.

Luego de leer el informe de Convoca queda la impresión de que realmente hay motivos para preocuparse por los impactos que esta gran operación minera tendría en las vidas de los habitantes del valle del Tambo.

Otras lecturas sobre el tema:

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 1)

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Imagen obtenida de la web de Otra Mirada, usada bajo licencica Creative Commons.

El conflicto en el sur del país conocido como Tía María, por el proyecto minero del mismo nombre, ya ha cobrado la muerte de 5 personas en más de 60 días de protestas llevadas a cabo por los agricultores que dicen se verán afectados por el proyecto, lo que ha ocasionado que el gobierno decrete el estado de emergencia para la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.

Antes de revisar los hechos más recientes, demos una mirada a diversas publicaciones que han analizado los motivos de la protesta.

Cuando el paro de los agricultores iba por los 40 días, la revista Actualidad Ambiental publicó en su web un completo informe sobre el conflicto, que incluye por ejemplo la cronología de hechos que han llevado a la situación actual:

– 2003: Inicia el proyecto minero “Tía María”, con una inversión anunciada de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa.
– 2006-2008: Se realizan actividades de exploración.
– 2008-2009: Se elabora el primer Estudio de Impacto Ambiental.
– 2011 (marzo): UNOPS (The United Nations Office for Project Services) presenta su informe del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero “Tía María” y realiza 138 observaciones.
– 2011 (abril): En medio de protestas, 3 personas mueren por enfrentamientos con la Policía.
– 2011-2013 El proyecto es paralizado.
– 2013 (noviembre): Se presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental (elaborado entre el 2012 y 2013).
– 2013 (noviembre): Southern Perú presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas.
– 2014 (agosto): El Ministerio de Energía y Minas aprueba el segundo Estudio de Impacto Ambiental.
– 2015 (marzo): En medio de un clima de tensión se retoman las protestas contra el proyecto Tía María.

Otra información importante que Actualidad Ambiental reunió para sus lectores es la que corresponde a los principales actores del conflicto. Esta info la resumen en quienes están a favor y en contra del proyecto. Como los que están a favor obviamente son los funcionarios de la Southern, la empresa que lidera el proyecto, y los funcionarios del gobierno central, les listo los nombres y cargos de los que están en contra del proyecto:

– Jesús Cornejo. Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de El Tambo.
– Jaime de la Cruz. Alcalde del distrito de Deán Valdivia.
– Richar Ale Cruz. Alcalde provincial de Islay.
– Helar Valencia. Alcalde de Cocachacra.
– José Ramos. Alcalde del distrito de Punta de Bombón.
– Pepe Julio Gutiérrez. Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo.

Una pregunta clave que Actualidad Ambiental se hace es ¿Por qué Southern Perú genera desconfianza en la población? y su propia respuesta es esta:

Algunas posiciones en el conflicto dejan claro que el problema no es la actividad minera por sí misma sino que el proyecto sea realizado por Southern Perú. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, lo expone claramente cuando dice: “No estamos contra la actividad minera pero sí contra la empresa”. ¿Por qué la desconfianza en el sur del Perú contra Southern Perú? En esta nota se ha desarrollado una lista del desempeño ambiental de la empresa desde los años 50.

Para finalizar con el informe de Actualidad Ambiental referencio la siguiente pregunta: ¿En qué puntos Tía María y los pobladores no llegan a ponerse de acuerdo? la respuesta corta es: «que se afectará la agricultura en el valle del Tambo y también se afectará el agua«. A lo cual la Southern responde:

– ¿El proyecto afectará la agricultura del Valle de Tambo?

No. Pese a que las voladuras o explosiones generan ruido y polvos, no afectarán al valle del Tambo porque el tajo está a 2 km. del poblado más cercano, por la diferencia altitudinal impide que el ruido llegue al valle o a la población, porque el material chancado de roca se almacenará en un depósito cerrado y porque el viento sopla en dirección noreste, dirección opuesta al valle o cualquier centro poblado.

– ¿El proyecto afectará el agua del valle del Tambo?

No, porque se usará agua de mar (desalinizada) para el trabajo de explotación y operación. Además, se menciona que el tajo abierto no afectaría el agua subterránea y que la disponibilidad del agua para la agricultura es de 800 millones de metros cúbicos, de los cuales 500 se van al mar como excedentes y y seguirían estando disponibles para las actividades agrícolas de la zona.

Jorge Páucar, en otro post explicativo sobre el conflicto de Tía María, señala el rol que estuvo jugando el gobierno central, por ejemplo:

La minera Southern Copper se queja de la falta de apoyo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA y cuando Julio Morriberón dijo que Tía María se cancelaba, la ministra Rosa María Ortiz salió a defender el proyecto y a manifestar el apoyo a la actividad extractiva. Además, minimizó la protesta en Islay.

También incide en la falta de credibilidad de la Southern:

La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. En enero del 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.

En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica.

Gracias al Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, pudimos conocer que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares.

Desde Arequipa, la publicación digital El Buho entrevista a José Luis López, analista y miembro del grupo de Diálogo Minería y Desarrollo, quien luego de señalar el controvertido accionar de la Southern comenta:

“La empresa Southern no le está jugando bien al gobierno”, resume López Follegatti y eso no solo no hace posible el diálogo, sino más bien lo entorpece, opina. “Desde el primer momento en que la empresa llama terroristas antimineros a alcaldes y dirigentes, en general, el gobierno debió ponerle un pare a la empresa”, añade.

La nota también explora las razones financieras que habría de por medio para que el gobierno no quiera anular el proyecto, y cita al congresista Víctor Andrés Belaúnde:

La huelga se produce el 23 de marzo, al día siguiente la empresa dice que no va, el gobierno corrige dice que sí va. Pasan 30 días con heridos y hasta un muerto, y la empresa emite bonos por 1,500 millones de dólares a 30 años con una taza de 5,8% para el proyecto Tía María y otros 500 millones para otros proyectos a 10 años a tazas de 3,6%. Parece que hay empresas peruanas que han comprado esos bonos […] El proyecto lo van a hacer de todas maneras. ¿Nos están engañando? ¿Nos están tomando el pelo? Que digan las cosas de manera verdadera. Yo creo que el Gobierno no nos ha dicho la verdad. El Gobierno está asustado. Va a tener que responder porque la empresa emitió bonos con la garantía del Gobierno”

No sería ese el único temor del gobierno para detener Tía María. El Buho cita al periodista Gerónimo Centurión quien da una explicación más:

Según el cable de Wikileaks del 20 de enero de este año, el gobierno de Humala, en el marco del acuerdo Trans Pacífico, aceptó que empresas extranjeras que consideran que su inversión está en peligro por protestas de origen ambiental o social (como Tía María), podrían apelar a tribunales internacionales para exigir multimillonarias reparaciones.

Esto no sólo beneficia a las empresas extranjeras frente a las nacionales, sino que les permite pasar por alto el sistema jurídico nacional ya que no requerirían agotar el sistema jurídico interno. […] Parece una ficción. Pero, empresas como la minera Doe Run, amparados en estos acuerdos ya están denunciando al Perú por millonarias sumas

Termino esta primera parte con un video llamado La verdad de Tía María, ampliamente difundido en las redes sociales.



Otras lecturas sobre el tema:

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

 

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

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Foto obtenida de Portal Perú.

El accionar de la policía y la prensa peruanas, o al menos de una parte de ellas, quedó en entredicho la semana pasada luego que el diario Correo Arequipa publicara un informe fotográfico sobre las protestas de agricultores contra el proyecto Tía María. En una de las fotos se veia a un manifestante siendo arrestado por la policía con unos fierros pequeños en la mano. El texto que acompañaba a las fotos decía: «se puede apreciar a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante».

Sin embargo a las pocas horas el pequeño medio MollendinosTV-Islay TV difundió un video que denuncia dicha foto como «Complicidad entre Policias y Prensa ( EL CORREO) contra de Antonio un Agricultor». En efecto, en el video se ve que un policía se acerca con los fierros en la mano al manifestante arrestado y le obliga a tomarlos, momento en el cual un fotógrafo aprovecha para capturar el instante. Cabe indicar que el diario Correo Arequipa publicó también dicha noticia y luego borró de su sitio web la nota original.

El mencionado video de MollendinosTV-Islay TV tomó por asalto las redes sociales a nivel nacional y disparó el debate sobre la ética de este tipo de acciones por parte de la policía y la colusión de la prensa. El video muestra paso a paso cómo se realiza el «sembrado» de evidencia al manifestante capturado, desde que lo traen del lugar de protesta hasta que se lo llevan en una camioneta policial.

Entre los mas de mil comentarios al video, el del usuario balletperu.blogspot.com resume el sentimiento de la mayoría:

Qué vergüenza, policía y fotoperiodista haciendo porquería de su labor. Soy de Mollendo, sí me gustaría proyectos y progreso para mi ciudad natal, pero no de esa manera, con injusticias y engaños […]

El periodista y antropólogo Alberto Niquen opina que «lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado». Al respecto reflexiona:

Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.

La Defensoría del Pueblo tomó rápidamente acción sobre el asunto, tal como se manifiesta en los siguientes dos tweets. El primero, de la congresista Verónica Mendoza, difunde un oficio de la Defensoría al Ministro del Interior, y el segundo, de la propia Defensoría, da cuenta de las acciones tomadas.

Aunque el Director de la Policía Nacional ha anunciado una profunda investigación al efectivo al que se ve ‘sembrando’ el arma al manifestante, y el diario Correo Arequipa de igual manera se disculpó con sus lectores y anunció una investigación interna para depurar responsabilidades, el debate no ha cesado.

El periodista Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros analiza la contradicción en la que se encuentra inmersa la policía cuando tiene que ejercer sus funciones en los los conflictos campo-mina, sobre todo en el caso de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales):

[…] tanto la Dirección como sus efectivos, trabajan buena parte de su tiempo como seguridad privada de las minas, ganan dinero por eso, el policía y sus jefes, y en muchos casos terminan dependiendo de él. De manera que cuando son movilizados frente a conflictos como el de Tía María, actúan como una inestable combinación de agentes del Estado y fuerza de choque de las mineras. Porque son las dos cosas a la vez. […] ¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas.

Luego la atención pública pasó a la identificación del fotógrafo que había tomado la controvertida foto.

El fotógrafo Julio Angulo se vio en necesidad de dar la cara y su versión de los hechos, así como la historia de la cuestionada foto. Según el efectivamente se encontraba cubriendo las protestas y cuando oyó que un policía llamaba se acercó y tomó fotos sin saber muy bien a qué. «He corrido porque oí su voz, vengan, miren, no sabía qué tenía en sus manos, en ese momento sólo miraba a todos lados, buscando proteger mi integridad, sin perder las fotos […] Todo era muy confuso, nunca pude percatarme de ese hecho».

Aunque se disculpó con Antonio Coasaca, manifestante al que le siembran las armas, y lamenta el uso dado a su foto, de lo cual añade que no es responsable, aclara que desconoce como fue que el diario Correo Arequipa publicó las fotos dado que el en ese momento se encontraba trabajando para el diario El Comercio y es a ellos a quienes les envió las fotos tomadas de la jornada.

Juan Carlos Fangacio, periodista, analiza las declaraciones de Angulo, sobre todo cuando dice que no se percató de la maniobra de la policía y que «Un fotógrafo que está en una situación así reacciona tomando fotos, no se detiene a otra cosa».

Lo que dice, da para la discusión. ¿Realmente un fotógrafo solo dispara su cámara en una situación como esa? ¿Las cuestiones éticas o editoriales vienen después? ¿O pueden evaluarse durante el calor del trabajo? Con esa línea tan delgada entre lo que es correcto e incorrecto, la única verdad yace en la conciencia de Angulo.

Y concluye:

Angulo ya ofreció disculpas y dio su versión (creerle o no es cuestión de cada uno). Lo cierto es que la cuerda siempre se rompe por el lado delgado. Y en ese caso, todavía hay muchos que deben explicaciones. Sobre todo los de arriba.

Mientras tanto las protestas contra Tía María prosiguen, al igual que la represión a la protesta, que ya ha causado un muerto. Los intentos de diálogo se ven continuamente rotos y no hay solución a la vista aún.

Un muerto en el segundo día de protestas en Pichanaqui contra Pluspetrol

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paro pichanaki

Volante convocando al paro en Pichanaki. Imagen del Tweet del usuario @fedepariona.

Y la que parecía ser una protesta paralela y menor contra la petrolera Pluspetrol, comparada con la protesta en Loreto relacionada al Lote 1AB, terminó generando un muerto el día de ayer en la ciudad de Pichanaqui, en Junín.

La protesta, un paro indefinido organizado por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki (región Junín), constituido en su mayor parte por agricultores y dirigentes campesinos, tiene como principal punto de reclamo el rechazo a la pretensión de la empresa Pluspetrol de instalarse en el Lote 108, pero también piden la derogatoria de la Ley 30230 y el cierre de la empresa minera SIMSA y la empresa Edegel, por los daños medioambientales que ocasionan en la zona.

En el primer día del paro, que es la continuación de las protestas realizadas el año pasado por los mismos motivos, los manifestantes, en un número aproximado de 5000, bloquearon la Carretera Central a la altura del ingreso a Pichanaqui con piedras y troncos, así como otras vías de ingreso a la ciudad. Según algunos medios el paro fue acatado parcialmente a nivel provincial pero en la ciudad llegaba al 95% de acatamiento.

En el segundo día del paro, los enfrentamientos producidos entre la policía y los manifestantes cuando estos últimos ingresaron a las instalaciones de Pluspetrol, dejaron un saldo de un muerto y aproximadamente 30 heridos. Similar número de policías también quedaron heridos cuando los manifestantes atacaron el cuartel policial de Pichanaqui.

La empresa Pluspetrol por su parte dio a conocer que no mantiene instalaciones en la zona, y que el ejército le ha facilitado un sitio para almacenar sus equipos de exploración en el Lote 108.

Durante el tercer día de paro, los manifestantes volvieron a atacar el local policial. Ante estos hechos violentos, el gobierno, a través de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), manifestó que enviará una comisión técnica de alto nivel para reunirse con autoridades de la zona.

El Ministerio del Interior mediante un comunicado ha manifestado que la policía no ha hecho uso de armas de fuego para reprimir la protesta, tan solo de varas y gases lacrimógenos.

Sin embargo las plataformas de comunicación alternativa Guerrilla Audiovisal y Radio Bomba han recogido testimonios en los que se informa que la policía está lanzando bombas lacrimogenas, disparos con perdigones y armas de fuego, además de impedir el pase de ambulancias para atender a los civiles heridos, así como negando el acceso al hospital de la ciudad.

El siguiente video subido a YouTube por el usuario Richard NQ nos da una idea de cómo reprimió la policía a los manifestantes:

De continuar el paro y bloqueo de carreteras puede terminar afectando a la población de Lima, pues Pichanaqui y las zonas aledañas producen mucha de la fruta y vegetales que se consume en la ciudad capital. Se espera que el conflicto no escale a una mayor envergadura debido a la presencia de la comisión de diálogo de la PCM, que ya se ha reunido con algunos representantes de los manifestantes pero sin conocerse aún algún resultado.

Las comunidades achuar y kichwa defienden su territorio de la contaminación petrolera de Pluspetrol

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Plataforma de lucha

«Plataforma de lucha del pueblo Kichua». Imagen de la página en Facebook del Observatorio Petrolero de Amazonía Norte. Usada con autorización.

En estos días se viene desarrollando un nuevo capítulo de la sempiterna lucha de los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios ancestrales contra la contaminación petrolera. A fines del pasado mes de enero, miembros de las etnias achuar y kichwa, provenientes de las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre, tomaron la base Jibarito en el lote 1AB o 192, de la empresa Pluspetrol, paralizando la producción de 14 pozos petroleros, lo que representa una pérdida de aproximadamente 3 100 barriles diarios.

Otro frente de protesta surgió en el río Tigre, donde las comunidades bloquearon el río como una medida más de su paro indefinido que a la fecha lleva más de 30 días. 8 embarcaciones se encontraban retenidas en medio de este bloqueo. Todas estas acciones de protesta exigen el pago de compensaciones ambientales por el uso de tierras y agua de sus comunidades a la Pluspetrol, entre otras demandas.

Estos enfrentamientos se dan en una coyuntura especial, pues el contrato de Pluspetrol con el estado por el lote 192 culmina en agosto de este año y debería realizarse una Consulta Previa con las comunidades antes de que el lote salga nuevamente a licitación. Por otra parte el tema de la titulación de tierras, donde el gobierno se niega a dar títulos sobre terrenos con «aptitud forestal» y sobre aquellos cedidos a empresas petroleras, abre un nivel más de complejidad en las negociaciones.

En el blog Consultape, especializado en el tema de la Consulta previa, señalan:

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.

Contaminación Río Tigre

Infografía sobre contaminación de la cuenca del Río Tigre, elaborada por FECONAT, Federación de comunidades nativas del Alto Tigre. Imagen de la página en Facebook del Observatorio Petrolero de Amazonía Norte. Usada con autorización.

La actitud del gobierno ante estos reclamos y los acuerdos previos ha sido ambivalente y lenta, por una parte en noviembre del 2014 suspendió unilateralmente una reunión con las comunidades indígenas de la zona, y por otra aparentemente ha estado gestionando al más alto nivel, a mediados de enero, la elaboración de una propuesta de acciones destinadas a atender la grave problemática ambiental y social en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, donde se encuentran los lotes 1AB y 8. Todo esto entre rumores de la próxima convocatoria a licitación del lote 192 sin la Consulta previa requerida.

Cabe señalar además la poca confianza que tienen las comunidades indígenas en la empresa Pluspetrol, la que sistemáticamente pretende desconocer acuerdos y decisiones tanto de las comunidades como del estado. Un ejemplo es su política de impugnación de las multas que se le impone por contaminación ambiental y la aplicación de medidas cautelares para evitar el cumplimiento de los planes de abandono y otros que la ley le manda.

A instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros el lunes 2 de febrero en el campamento Dorissa se instaló una Mesa de diálogo entre los nativos de Pampa Hermosa y la empresa Pluspetrol, pero luego se supo de la ruptura de esta mesa de diálogo. Sin embargo Pluspetrol hizo una nueva propuesta, en la cual destaca la entrega de un fondo de 100 millones de soles para las cuencas amazónicas del Tigre, Pastaza y Corrientes.

Mientras tanto la comunidad Achuar de Nuevo Jerusalén, emplazó a Pluspetrol hasta el día viernes 6 de febrero para responder a su demanda, caso contrario tomarían medidas de fuerza entre las que están cerrar más pozos petroleros. Por otra parte se conoció que el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki (región Junín), convocó un paro el próximo 9 de febrero en rechazo a la pretendida instalación de la Pluspetrol en el Lote 108.

No se crea sin embargo que las comunidades se oponen radicalmente a la explotación petrolera. En el blog de NoticiasSER entrevistan al antropólogo Alberto Chirif, estudioso de la amazonía y sus pueblos, quien manifiesta:

Las comunidades no están diciendo que se ponga fin a la explotación petrolera, sino están manifestando que hay problemas que deben solucionarse, especialmente lo de la contaminación y la necesidad del desarrollo. No se están oponiendo al desarrollo de la actividad extractiva.

La siguiente caricatura del ilustrador Carlín, posteada por el usuario de Twitter Renato Pita, plantea cómo es percibida la actitud de la empresa Pluspetrol por buena parte de la ciudadanía:

Policía ecuatoriana confisca bus de la Caravana Climática rumbo a la COP20 en Lima

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Foto tomada de la página de Facebook del colectivo Activismo Global.

En un extraño incidente, la policia ecuatoriana retuvo y finalmente confiscó el bus de la Caravana Climática que se dirigía desde México rumbo a Lima, sede de la COP20. El hecho se produjo el día de ayer, 2 de diciembre, en la vía Naranjal-Molleturo, Provincia de Guayas, Ecuador.

La Caravana, conformada por activistas voluntarios de diversos países y miembros locales del colectivo de defensa ecológica Yasunidos, ya había estado sufriendo acoso policial a lo largo del trayecto Quito-Guayaquil, siendo retenida hasta en cinco ocasiones por diversos cuerpos de seguridad y bajo diversos motivos.

En el blog de la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la COP20 informan:

Después de un sistemático acoso y hostigamiento, la Caravana está siendo retenida y llevada ilegalmente a la población de San Pablo en el Cantón Naranjal, Provincia de Guayas, en Ecuador. La Caravana Climática ha recorrido el tramo entre México y Ecuador de la mano de activistas voluntarios sin ningún afán de lucro. […] Cabe recalcar, que los ciudadanos que forman parte de Yasunidos y la Caravana cuentan con sus documentos de viaje vigentes, permisos de estadía, así como el bus en el que se trasladan cuenta con licencia internacional, permiso de circulación.

Orlan Cazorla, un periodista que venía acompañando la caravana comenta para Global Voices:

el bus está en un hangar de la aduana en Guayaquil. Lo que pasó ayer, fue seguimiento por parte de la policia, migracion, y nos retenian cada cierto tiempo. Cada vez argumentaban una cosa diferente: licencia de conducir, que el chofer se estaba lucrando, tema de documentación para los extranjeros. Hasta que se aferraron al tema de la licencia y ya confiscaron el bus.

En Twitter quedaron documentadas las diversas acciones policiales contra la caravana, incluso desde el momento de la partida en Quito:

Pronto llegó la primera detención:

Y la segunda:

Pero no era suficiente, hubo una tercera:

Y una cuarta detención:

Finalmente el bus de la Caravana fue confiscado:

Las muestras de solidaridad y pedidos de investigación del por qué del acoso surgieron pronto:

Pero también hubo quienes se burlaron de los activistas:

El día 3 algunos miembros de la caravana decidieron continuar viaje.

Pero eso no significó que el acoso se detuviera:

Actualmente la Caravana Climática, sin el bus, se encuentra en Cuenca, Ecuador, y pronto saldrá rumbo a Lima.

La lucha de Edwin Chota a tres meses de su muerte

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Foto de Edwin Chota aparecida en el New York Times, obtenida de la web SPDA.

En pocos días se cumplirán tres meses del asesinato de Edwin Chota, jefe de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, una localidad de la Región Ucayali limítrofe con Brasil. Chota, líder asháninka y defensor de los bosques amazónicos contra la tala ilegal, fue asesinado precisamente por esta labor de defensa junto a tres líderes de su comunidad cuando se dirigían a una reunión con otros líderes asháninkas pero del estado de Acre, Brasil, a fin de coordinar esfuerzos contra la explotacion forestal.

A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones sobre el caso avanzan lentamente. Se ha recuperado los cuerpos de tres de los asesinados: Edwin Chota, Francisco Pinedo y Leoncio Quincima Meléndez, estando por encontrar los restos de Jorge Ríos Pérez. En cuanto a los presuntos asesinos, hay tres taladores ilegales detenidos: Adeuso Mapes, Eurico Mapes y Hugo Soria, pero hay otros tres en calidad de requisitoriados.

Este caso sin embargo es uno más en la larga lista de asesinatos a activistas medioambientales en el Perú. Un reciente estudio de Global Witness da a conocer que entre los años 2002 y 2014 habrían sido asesinados 57 activistas en nuestro país, lo que coloca al Perú en el cuarto lugar de los países más mortales para los defensores ambientales y de la tierra, siendo los primeros Brasil, Honduras y Filipinas.

En un pronunciamiento del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – Formabiap, publicado en el blog del profesor José Manuyama, los profesores firmantes exigen al gobierno dar cumplimiento «a lo expresado en el Convenio 169, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales firmados en defensa y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas», además señalan:

Estos sucesos de por sí graves, lo son más aún, si consideramos que los cuatro líderes indígenas denunciaron públicamente desde hace muchos años, la extrema debilidad del Estado peruano en la zona y la vulnerabilidad en que se encuentra la población. Siendo ellos guardianes defensores de su territorio venían recibiendo constantes amenazas a su integridad física y a su vida. Por ello, estos hermanos Asháninka en muchas ocasiones pidieron a las autoridades competentes la protección de sus derechos fundamentales.

Efectivamente, uno de los puntos débiles en la defensa de los derechos indígenas es la falta de titulación de sus tierras, tema en el cual el gobierno ha demostrado poco interés, e incluso recientemente ha expedido la ley 30230, parte de un paquete de reactivación económica, que advierten «no solo entregará a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia directa de sus proyectos, sino que además entregará derechos sobre el área de influencia indirecta, afectando las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones», convirtiéndose así en una potencial amenaza para los derechos indígenas sobre sus tierras ancestrales.

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Imagen obtenida del sitio web Reina de la Selva.

El antropólogo Alberto Ñiquen entrevistó para su blog al documentalista Fernando Valdivia, quien opina que esto se debe también a la falta de una política de desarrollo fronterizo por parte del estado, cuya ausencia en estas zonas da lugar a que las actividades ilegales, como la tala y la minería, encuentren oportunidades de explotación. Valdivia añade:

«Pido a las autoridades que esté alertas. No podemos dejar que las muertes continúen. Instamos al Estado peruano para que honre a Edwin Chota reconociendo los territorios de los asháninkas, para que así los madereros y otra gente que quiera hacer actividades ilegales o invasión territorial no ingresen y los nativos tengan su territorio como siempre lo han querido».

El biólogo José Álvarez Alonso profundiza en Espacio360 sobre cuáles deberían ser las acciones del estado para enfrentar a las mafias madereras ilegales, que comenta, a veces camuflan actividades del narcotráfico:

La problemática de esta y otras cuencas de la frontera con Brasil no se soluciona con una serie de operativos coyunturales: en zonas tan inaccesibles de la selva, es relativamente fácil que los delincuentes se escabullan y retornen a sus actividades habituales luego de un tiempo. Se requiere una estrategia de control y gobernanza a mediano y largo plazo, que involucre activamente a las comunidades locales.

La  lucha de Edwin Chota pues, era doble, por un lado contra los madereros ilegales que invadían el territorio de su comunidad, y por el otro contra un estado que ignoraba su derecho a la titulación de sus tierras, a pesar de que la comunidad contaba con informes favorables al respecto emitidos por diversas entidades; un estado que además falló en proporcionarle la adecuada seguridad a pesar de sus múltiples denuncias de amenazas a su vida.

Esta lucha sin embargo no ha sido abandonada. La continúa la comunidad, y sobre todo las viudas de los fallecidos. Ellas, que fueron las que denunciaron los asesinatos, desde un primer momento se han colocado a la vanguardia de los reclamos de justicia por los asesinatos y de la titularización de sus tierras. Julia Pérez, la viuda de Edwin Chota, estaba con siete meses de embarazo al momento del asesinato. Ella, al igual que las demás, vive ahora en Pucallpa, la capital de la región Ucayali. El temor a las amenazas y represalias las han hecho abandonar su comunidad, pero desean regresar.

En una reciente conferencia de prensa organizada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y Handcrafted Films., las viudas de los líderes asháninkas expresaron su intención de continuar con la lucha de sus esposos y solicitaron el apoyo de la comunidad en general. A continuación algunas partes de dichas declaraciones.

En la misma conferencia se expuso el siguiente video que recoje declaraciones de Edwin Chota y su viuda. El video es parte de la serie If not us then who? (Si no somos nosotros ¿entonces quién?):

Con el inicio de la COP20 ad portas, se espera que el gobierno tome algún tipo de acción que brinde justicia y garantice los territorios de las comunidades indígenas. Este y otros casos de atentados a los defensores medioambientales ganarán visibilidad internacional en el transcurso de  la serie de eventos que tendrán lugar en Lima con motivo de la COP20. Queda del gobierno que la imagen que se difunda sea positiva o negativa.

Cuninico, otro derrame de petróleo más en la selva amazónica peruana

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Dos derrames de petróleo procedentes del Oleoducto Norperuano de Petroperú en la zonas de Saramuro y la quebrada de Cuninico, en el distrito de Urarinas, Loreto, han generado una contaminación de extensión aún no determinada pero que se estima en varios kilómetros de largo, y varios casos de niños de las comunidades indígenas aledañas con enfermedades estomacales.

Se ha informado que los derrames ocurrieron el 26 y el 30 de junio, pero por lo alejado de las localidades la noticia recién se dió a conocer en los medios masivos de Lima unos días después. Aunque la empresa responsable, Petroperú ha tomado algunas medidas para mitigar el daño causado, como la entrega de alimentos y agua a las comunidades, pero esto no parece ser suficiente pues miembros de las comunidades nativas reclaman que aún no pueden consumir pescado ni utilizar sus fuentes de agua.

El asunto tomó un giro diferente cuando se denunció que Petroperú había contratado menores de la zona para las labores de limpieza del petróleo derramado. La empresa negó esto, pero luego de que el caso se difundiera por la televisión a nivel nacional, el Ministerio de Energía y Minas decidió declarar a Petroperú en reorganización y luego renovó el directorio.

En su columna en el diario La República, la doctora Rocío Silva Santisteban escribe sobre uno de los pueblos indígenas afectados por estos constantes derrames en la cuenca del río Marañón, los kukamas, y sobre dos sacerdotes de la parroquia de Santa Rita de Castilla, en Nauta, que hace años vienen denunciando las consecuencias de estos derrames. Además describe el comportamiento típico de la empresa petrolera:

1) se aprovechan de la necesidad de los lugareños, sus expectativas de ingresos y su ignorancia sobre las consecuencias del contacto directo de la piel, los ojos, incluso la boca con el hidrocarburo; 2) se contrata a la misma población para tener una limpieza rápida y a bajo costo; 3) se actúa con total impunidad, pues se sabe que en esos parajes es muy difícil que la información circule fuera de los sectores más cercanos.

Y sobre los sacerdotes añade:

Ah… lo olvidaba: los sacerdotes Berjón y Cadenas están siendo chuponeados, reglados y hackeados para evitar más denuncias: ¡y todo en el año de la COP20!

En el blog Toustodo Oscar Muñiz se pregunta por qué siempre se trata de ocultar la información sobre este tipo de hechos, cuando detallar los eventos debería ser una obligación del Estado.

Otros países tienen medios informativos donde describen los acontecimientos que han sido objeto tanto de daño ambiental y ecológico como de los daños a la economía nacional. Un país serio y responsable no deja a la deriva los informes que seguramente se encuentran encajonados en los escritorios de la alta burocracia; un país con talante encara con seriedad y responsabilidad los problemas que se repiten mes a mes, año tras año.

El Licenciado en Ciencias Políticas Juan Pablo Sánchez Montenegro escribe para Lucidez.pe acerca del Olecoducto Norperuano:

Se trata de que el viejo oleoducto de cuarenta años aún no ha sido adecuado a las normas jurídicas y técnicas vigentes que prohíben que exista bajo el agua tuberías destinadas al transporte crudo. La empresa estatal, a través de su representante Víctor Mena, se ha limitado a culpar a la geografía de la zona por los desastres ocasionados.

Por otra parte, Miguel Donayre Pinedo reproduce en su blog una crónica de los anteriormente mencionados sacerdotes Berjón y Cadenas en recorrido por las comunidades afectadas de la cuenca del Marañón en Loreto.

Varios días la gente comía el pescado con olor y sabor a gasolina. Al principio nadie le dio importancia. Pero después de varios días surgió el comentario en la comunidad. Un comunero entró en la quebrada y, con ojos espantados, vio cantidad de peces y boas muertas y manchas de petróleo por todos lados. Se ha quebrado el oleoducto en la zona que los comuneros denomina Varillal (atención para los ambientalistas). Asustado regresa a la comunidad y conversan entre autoridades y comunidad.

Como primera medida deciden llamar a las instituciones en Maypuco, sede del distrito de Urarinas. Entre otros, llaman al Municipio y a la PNP (Policía Nacional del Perú). Ellos hacen fotos y algunos videos. Comienza el movimiento. Hasta el 2 de julio sólo había llegado 5 litros de agua por familia y agua del Marañón. De nuevo, las emergencias no son atendidas, menos si es lejos de la ciudad. Los planes de emergencia o no existen o no funcionan. Quien sí acude, dicen los pobladores, es Petroperú llevando personal sanitario, entre ellos un doctor. Échense a temblar.

Luego hacen unos apuntes sobre las posibles consecuencias a futuro de este derrame:

1. Con la vaciante del río que se produce a fines de junio 2014, como todos los años, comienza a salir el pescado de las cochas y a migrar río arriba: “mijano”. ¿Surcará este año el mijano? Sospechamos que no. Se produce una barrera biológica. ¿Cuál será el comportamiento del pescado? […]

3. El impacto económico en la comunidad de Cuninico será terrible. ¿De qué van a vivir todos estos pescadores? Cuando una empresa rescinde el contrato a un trabajador tiene que pagar unos derechos. ¿Quién paga los trabajos que estos pescadores no van a poder realizar?

Mientras tanto las acciones de investigación prosiguen, tanto del derrame en si, como de la contratación de menores. Así mismo evalúan sancionar a Petoperu y piden declarar en emergencia la zona afectada.

Eliminarían estudios de impacto ambiental en exploración de lotes petroleros

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El recientemente nombrado ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció ayer 6 de marzo, que en conjunto con el Ministerio del Ambiente están trabajando un reglamento que elimina la necesidad de presentar estudio de impacto ambiental en la fase de exploración sísmica de lotes petroleros. El motivo es acelerar las inversiones en el sector.

La noticia se dio a conocer en el transcurso de un evento de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, donde se presentó el Libro Blanco de los Hidrocarburos, una propuesta del sector privado al gobierno con el fin de que se establezca un nuevo contrato social con las empresas y las comunidades.

El ministro de Energía y Minas declaró además que «la industria tiene prácticas bien establecidas y la idea es pasar de la tramitología a la acción.»

La prospección sísmica, por su propia naturaleza es una actividad de fuerte impacto en un ecosistema pues suele realizarse por lo general en áreas aún impolutas de contaminación. Al respecto este artículo de Grain señala:

Para la prospección sísmica, por ejemplo se abren trochas o líneas sísmicas de alrededor de 1 kilómetro de largo por 3-10 metros de ancho, si se aplican las mejores normas, pero con frecuencia superan los 10 metros de ancho. Además se construyen helipuertos para dar servicios a las operaciones sísmicas. En una campaña sísmica típica se talan hasta 1000 kilómetros y se construyen entre 1000 y 1200 helipuertos. Cada helipuerto tiene media hectárea, o más.

Pero eso no es todo, añaden:

Durante la prospección sísmica se producen niveles de ruido de gran magnitud, debido a las detonaciones de dinamita que se hacen cada 6 metros, así como el ruido producido por los helicópteros que suplen de materiales y alimentación a los trabajos sísmicos. Durante la perforación el ruido es menos fuerte, pero más constante. El movimiento constante de vehículos, el funcionamiento de las estaciones de separación y refinación, son también actividades muy ruidosas. Este ruido hace que los animales escapen o cambien su comportamiento alimenticio y reproductivo.

Las primeras reacciones de gente relacionada con la conservación del medio ambiente son de sorpresa y estupor. En Noticias Ser entrevistan al antropólogo Alberto Chirif quien manifiesta:

No he leído las declaraciones del ministro, pero si ha dicho eso me parece un gravísimo error. Con eso, simplemente han superado las apariencias porque, ciertamente, los EIA han sido hasta hoy muy aparentes. Nunca un EIA ha llegado a frenar algún tipo de proyecto. Por otro lado, estos estudios son realizados por las mismas empresas que luego van a realizar intervenciones para extraer minerales o petróleo. En ese sentido, hay una cosa bastante perversa en el mecanismo de difusión de los estudios. Pero de ahí a decir que ya no se van a hacer me parece peor. Por lo menos con los EIA hay un mecanismo de presión a las empresas. Ahora los límites se desbordan.

El exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave escribe en la web Cooperacción que el término «tramitología» es el argumento usado por los empresarios de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, para describir cualquier intento de mejorar las políticas ambientales y sociales como un nuevo trámite burocrático más:

Es lamentable que un ministro de Estado termine repitiendo los argumentos de los sectores más retrógrados del país, que se oponen y se seguirán oponiendo a cualquier intento de adecuar el país a los mejores estándares internacionales en materia ambiental y social.

Cabe recordar además que la exploración sísmica se da igualmente en el mar, y que aunque en el caso de muerte masiva de delfines ocurrida en el 2012 el gobierno señalo que la actividad de exploración petrolera no fue la causante, hubo varias acusaciones al respecto y no todos quedaron convencidos, como la gente de la ONG Mundo Azul, quienes expresan en su página de Facebook:

Decir que las empresas tienen suficientes estándares para ellos garantizar que el medio ambiente se protege es decir que BP tuve suficiente ética y sabiduría para evitar el derrame del Golfo de México – y todos sabemos que esto no era así. […] En verdad es la primera vez que escucho que un gobierno regala el poder decisivo sobre el bienestar de la sociedad y del patrimonio natural de un país a empresas extranjeras. Me parece muy grave.

En Twitter las reacciones estuvieron en el mismo órden. Ricardo Marapi, periodista especializado en temas ambientalistas expresó:

Mientras que el comunicador Álvaro Durand señala la poca importancia que parece tener para el gobierno la próxima COP20 a realizarse en Lima.

La congresista Verónika Mendoza por su parte opinó:

La medida, de ser aprobada, dejaría en manos de las empresas la suerte de los bosques amazónicos del país, así como de otras áreas donde se crea pueda haber reservas de hidrocarburos. La pregunta es, si hasta ahora con estudios de impacto ambiental y todo la contaminación y la deforestación son preocupantes, ¿qué pasará si se deja estos temas neurálgicos al libre albedrío de las empresas extractoras, tan solo con una declaración de buena intención?

La imagen ha sido obtenida de la web de la revista Oro Negro.