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La marcha de 296 kilómetros por los niños contaminados con plomo de Cerro de Pasco

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Cerro de Pasco, la ciudad y el tajo abierto. Imagen obtenida de la página Facebook de La Última Reina.

La región de Cerro de Pasco, en los andes centrales del Perú, es una tradicional zona minera, con ricos yacimientos cuya explotación se remonta al siglo XVI, al inicio de la época colonial. Actualmente hay unos 14 yacimientos mineros operativos con apreciables niveles de producción en la zona. Sin embargo, esta riqueza de la tierra pasqueña no es disfrutada por la mayoría de habitantes de la región. De hecho estadísticas del año pasado muestran que los años 2013 y 2014 Cerro de Pasco fue la región que registró mayor incremento de la pobreza.

Por otra parte, la actividad minera pareciera no tener control y contamina rios, campos y ciudades, además, la gran cantidad de años de explotación minera han dejado una gran cantidad de pasivos medioambientales en la región. En el caso específico de la ciudad de Cerro de Pasco, la minería la ha afectado doblemente, tanto por la contaminación como por el tajo abierto de la mina en medio de la ciudad que continua creciendo y desapareciéndola.

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Imagen obtenida del blog Tomate Colectivo.

Es en este contexto que la población y autoridades del distrito de Simón Bolívar, de la ciudad de Cerro de Pasco, aprobaron el pasado 5 de setiembre realizar una marcha de sacrificio a Lima el 17 de setiembre como medida de protesta ante la desatención del Gobierno Central respecto al caso de los niños lugareños contaminados con altos índices de plomo en la sangre, un caso que lleva 4 años sin solución, así como por el decreto de emergencia ambiental emitido el año 2012 y que no se ha hecho efectivo hasta el momento.

Asi pues, el día jueves 17 de setiembre se dio inicio a la marcha, liderada por el Ing. Zumel Trujillo y conformada por 58 caminantes y un número indeterminado de personas que los acompañaron hasta la localidad de Colquijirca. El día 18 pasaron por el pueblo de Ninacaca. El día 19 por Carhuamayo, ya en la región Junín, recibiendo apoyo de las autoridades y pueblo de la zona. El día 20 pasaron por Ucco y también por Junín.

El día 21, en el camino hacia La Oroya, hubo algunos roces con la policía, lo cual se repitió al día siguiente, 22, a la altura del poblado de Paccha y a la entrada a La Oroya. El día 23 la policía se mostró más agresiva, llegando a herir a uno de los marchantes. Finalmente la jornada se saldó con 3 marchantes heridos más a manos de la policía, que se produjeron cuando los manifestantes bloquearon la Carretera Central, la vía por la cual se desplazaban, para descansar.

El día 24, luego de pernoctar en la localidad de Morococha, atravesaron Ticlio, ya en la región Lima, que es uno de los puntos más altos de la Carretera Central, a 4,818 msnm. El día 25 pasaron por Casapalca y Chicla, llegando el día 26 a San Mateo. El día 27 pasaron La Cascada y Corcona, y el 28 ya se dirigían a Chosica y Chaclacayo.

El día 29 los marchantes atravesaron la localidad de Ñaña. En las inmediaciones de Huaycán, se registraron nuevos incidentes con la policía. En la zona de Santa Clara, ya en la entrada a la ciudad de Lima, se produjeron más enfrentamientos que arrojaron 2 heridos. El pelotón de los 58, como se llamaban a si mismos los marchantes, llegó a Ate Vitarte, un distrito de Lima en horas de la noche.

El día 30 de setiembre, ya en Lima, el representante de los marchantes y alcalde del Distrito de Simón Bolívar, Ing. Zumel Trujillo, fue recibido por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Esa noche los marchantes acamparon en la Av. Abancay en el centro de Lima.

El 1 de octubre los marchantes recorrieron diversas calles de Lima con destino a la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno, sin embargo en el camino fueron varias veces bloqueados por fuertes contingentes policiales. Finalmente fueron recibidos por el pleno del Congreso y en horas de la tarde los dirigentes de la marcha sostuvieron una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros. Dado que dicha reunión terminó en horas de la madruada recién al día siguiente, 2 de octubre, la dirigencia informó al grupo de marchantes sobre los pormenores de la misma. Dándose a conocer luego el acta suscrita en dicha reunión.

Entre los puntos acordados figuran que el Ministerio de Salud se haga cargo de la atención de los niños de la zona, realizando una evaluación clínica de los 2000 niños anteriormente evaluados por otra institución. También se procederá a una evaluación técnica del  lugar donde se construirá la Clínica de desintoxicación y Laboratorio toxicológico. Se construirá además un centro de salud en la localidad de Paragsha, evaluándose la construcción de centros de salud en otros poblados. Por el lado del medio ambiente, se acordó supervisar los cierres de áreas de desmontes, relaves y lagunas pendientes de realizar, así como realizar la neutralización de fuentes de aguas ácidas, y continuar con las fiscalizaciones correspondientes.

Los medios limeños hicieron eco de la marcha y de los casos de los niños enfermos por la contaminación y la presencia del plomo en su sangre en varios programas los ultimos días. Sin embargo a decir de Elizabeth Lino, la activista detrás de La Última Reyna, un proyecto para visibilizar toda esta problemática de la ciudad y la población de Cerro de  Pasco, si bien «se logró poner (el tema) en agenda mediática y política… casi todos los canales cubrieron, hasta Telesur hizo una nota, el PROBLEMA es que se habla más de los «niños con plomo» y se dice poco de los pasivos ambientales, que a fin de cuentas es lo que genera todo».

El proyecto de comunicación popular Tomate Colectivo, registró algunos momentos de la marcha a su paso por Lima y entrevistó a una de las marchantes. Acá su testimonio:

Espacio abierto, otro colectivo de comunicación alternativa, realizó también un reportaje sobre la marcha de sacrificio en Lima, añadiendo en su publicación que «Nos queda claro que las maniobras de la prensa, los medios y el Estado no cesarán en deslegitimar las historias, las demandas y la justa lucha que estxs compañerxs vienen a permitirnos conocer, sin embargo creemos que es posible establecer una comunicación por otros medios posibles, una comunicación real sin intermediarios».

Para terminar, César Sáenz Suárez escribe en su blog sobre aspectos quizás poco conocidos de la problemática pasqueña, por ejemplo que la población tiene menos acceso al agua que la minera, que la contaminación se produce por la negligente producción minera, entre otros, y finalmente reflexiona sobre Cerro de Pasco:

Las condiciones de vida son difíciles. Es increíble como este lugar aporta tanto a la economía nacional y sus habitantes carecen de servicios básicos. Han utilizado una laguna artificial como relleno sanitario. Utilizan este espacio como desague en cuyo alrededor viven personas. Este lugar es un foco infeccioso de alto riesgo. Los habitantes de este lugar no pueden seguir recibiendo la indiferencia del estado y la ciudadanía. Requieren la atención y solución de sus demandas. […] Uno no puede permanecer indiferente con la salud de los niños.

Enlaces de interés:

Niños con plomo en la sangre en Cerro de Pasco, documental subido a Youtube.
El círculo minero de la infracción, investigación de Convoca.pe.
La tarifa plana de la gran minería, investigación de Convoca.pe.
Estrategia Corporativa, investigación de Convoca.pe.
Señores turistas vengan a visitar el tajo abierto, Video premiado por el proyecto VideoActivo de Global Voices en la categoría Medio Ambiente.

Las protestas contra el proyecto minero Las Bambas

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Protesta en Las Bambas. Foto obtenida de la web de NTN24.com.

Otro conflicto minero ganó titulares en el Perú los ultimos días. Los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau en la región de Apurímac iniciaron el pasado 25 de setiembre un paro de protesta contra el proyecto cuprífero Las Bambas. Estas protestas derivaron en enfrentamientos con la policía que el día 29 ocasionaron 3 muertos y varios heridos entre los manifestantes. Lo cual ocasionó que ese mismo día se declarara el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros.

El proyecto minero fue vendido en abril del año pasado por la empresa Glencore Xstrata a un consorcio liderado por MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp. en un monto aproximado de US$ 5,850 millones. Mientras por un lado el proyecto tiene una gran importancia económica para Apurímac, pues se calcula que la región recibira unos 300 millones de soles al año por concepto de canon minero una vez entre en operaciones, por el otro ha creado serias inquietudes en la población lugareña respecto a la contaminación ambiental que produciría.

Las principales objeciones al proyecto tienen que ver con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que aducen, fue inconsultamente modificado, y el desconocimiento por parte de los nuevos administradores de los compromisos asumidos por Glencore Xstrata. Por estas y otras razones los manifestantes exigen la demolición de la Planta de Molibdeno, de la Planta de Filtros y del Almacén de Concentrados, por ser contaminantes y porque la propuesta inicial consideraba su construcción en otra zona. Tambien piden la renuncia y retiro de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas por corromper a los dirigentes comunales en favor de la empresa, y finalmente la presencia de altos funcionarios de la empresa minera y de representantes del Gobierno para negociar sus pedidos.

El enfrentamiento de los manifestantes con la policía el día 29 empezó a las 3 de la tarde cuando un gran grupo de comuneros realizaba una marcha por los alrededores del campamento minero, y un grupo de ellos trató de ingresar a la fuerza al campamento principal de la empresa MMG, a lo que la Policía respondió con bombas lacrimógenas. Esto desató la violencia entre los 10 mil comuneros y 3 mil efectivos de la Policía y el Ejército. Luego se conocería que los muertos ascenderían a 4 y que habría 8 policias heridos.

La respuesta del gobierno a esta violencia fue decretar el estado de emergencia, mientras que el ministerio de Energia y Minas comunicó que los cambios en el EIA no son sustanciales y se hicieron oportunamente de conocimiento de las autoridades locales, que era lo que correspondía. El Premier, por su parte, declaró que el proyecto minero de Las Bambas no se detendría.

Al día siguiente, 30 de setiembre, la protesta se suspendió por 48 horas a la espera del inicio del diálogo con el gobierno. Asi pues el 1 de octubre en Lima, representantes del gobierno y alcaldes de la provincia de Cotabambas, acordaron instalar una mesa de diálogo, lo que implica que el lunes 5 viaje un equipo técnico a Cotabambas, y el dia 6 lo haga la Comisión de Alto Nivel de Ministros.

A pesar de este desenlace más o menos rápido, la impresión de que el gobierno actúa solo cuando la violencia se desborda se mantiene. En el blog Emancipación, de Escuela Permanente, opinan:

¿El gobierno atendió la queja de la población y la solicitud de diálogo expresada ya hace más de seis meses? No. Ante ese escenario, y agrupados en el Frente de Defensa de Cotabambas, la población optó por la protesta y la respuesta ha sido una represión de gran violencia, […] Nuevamente, se hace evidente que los sucesivos gobiernos nacionales no buscan escuchar a la población. Más aún, la ningunean. La todopoderosa inversión privada siempre se impone sobre quienes tengan la osadía de cuestionarla. Para los empresarios: protección policial incondicional. Para los que protestan luego de tanto atropello: balas de esa misma policía.

El periodista Carlos Noriega reproduce en su blog parte de la conversación telefónica que sostuvo con Rodolfo Abarca, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas:

“No somos antimineros, nosotros estamos a favor que continúe el proyecto minero Las Bambas, pero exigimos que se mantenga el proyecto original, rechazamos los cambios que no se nos consultaron y nos perjudican […] (la planta de molibdeno) va a afectar nuestro abastecimiento de agua por el agua que necesita esa planta y además va a contaminar el aire. Nosotros rechazamos ese cambio y por eso es la protesta”.

Desde otra óptica, Juan Mendoza, invitado en el blog Economia aplicada del diario Gestión, opina básicamente que todo el problema es culpa de los antimineros que azuzan a la población desinformada y que las protestas buscan presionar a la empresa en busca de beneficio económico. Opina además que la respuesta del actual gobierno es muy debil y le propone al nuevo gobierno que asuma el proximo año:

revisar el proceso de descentralización con la finalidad de evitar que el canon minero siga siendo un botín que capturar. En particular, debemos contar con un mejor diseño de instituciones y mecanismos para que un mayor número de personas se beneficien con mayor rapidez de la explotación minera. Este nuevo diseño debe buscar que las personas perciban, de forma clara, cuál es el aporte de la actividad minera al incremento de su bienestar. Sugiero, asimismo, que este diseño considere y potencie las positivas, aunque limitadas, experiencias de las contribuciones mineras voluntarias y del programa de obras por impuestos.

Finalmente en el blog de NoticiasSer, la antropóloga Fabiola Yeckting hace un completo recuento de la historia del proyecto minero, concluyendo que a lo largo del mismo «se mantiene una constante en las demandas sociales: Se pide cuidado de los recursos naturales, el acceso a las fuentes de agua y evitar la contaminación». Y añade:

esta historia tiene algunas lecciones que se pueden enlazar con las de los otros conflictos en el país, con la falta de institucionalidad sobre la gestión de los recursos, la flexibilizaciónen el cumplimiento de los procedimientos, ya su vez, con los diferentes momentos en los que se posterga la toma de decisiones de las poblaciones afectadas por los proyectos, que se organizan para protestar. […] La promesa de este gobierno, largamente postergada para Cotabambas, de darle la potestad de gobernar sobre sus territorios después de años de haber sido olvidados,debe cumplirse.

Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 2)

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Imagen obtenida de la web del congresista Manuel Dammert, bajo Creative Commons.

Lea la primera parte: Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 1)

El conflicto en el sur del país conocido como Tía María, por el proyecto minero del mismo nombre, ya ha cobrado la muerte de 5 personas en más de 60 días de protestas llevadas a cabo por los agricultores que reclaman que se verán afectados por el proyecto. Ante esto el gobierno decretó el estado de emergencia para la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.

Aunque los hechos de violencia y muertos se han producido en ambas partes, el lado a favor del proyecto minero ha tratado de capitalizar esta sensación de desgobierno que produce la violencia y ha pasado de llamar «antimineros» a los manifestantes a llamarlos «terroristas antimineros«. El uso del término «terrorista» despierta una fibra sensible en la opinión pública que aún recuerda la época del terrorismo en el país.

La congresista Verónika Mendoza, quien en su blog señala lo contraproducente que resulta el uso de estos términos en medio del esfuerzo para instaurar un diálogo, reflexiona además sobre el valor semántico del uso del término «terrorista».

«si esos que protestan son ‘terroristas’ entonces poco valen sus vidas, menos sus opiniones», ese parece ser el mensaje final. «Escalamos» así de la desciudadanización a la deshumanización del otro. Quienes han hecho uso de estos términos públicamente saben muy bien de todas estas implicancias. Por eso resulta preocupante que desde el Estado, supuesto garante neutral de derechos, no se haya deslindado o exigido rectificación como correspondía sino más bien se haya refrendado tácitamente.

En la publicación digital Lampadia mantienen una opinión contraria. Afirman que muchas de las acciones protesta de los manifestantes infunden terror a la población por lo que pueden ser calificadas de terrorismo. Es más, según ellos estas acciones son parte de un llamado “Manual Anti-minero” aplicado en diversas partes del país.

El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un  publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.

Sin embargo fue otro hecho el que afectó más la credibilidad de los manifestantes. El 26 de abril se dio a conocer un audio en el cual presuntamente se escucha al Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, pedir dinero a la Southern para terminar las protestas. El dirigente negó que se tratara de su voz, aduciendo que sería un montaje, pero finalmente fue detenido por 24  horas el pasado 15 de mayo, medida que luego fue ampliada a 7 días. El 19 de mayo la Fiscalía confirmó que la voz del audio es la de Gutiérrez.

El dirigente del Frente de Defensa es además miembro de la agrupación política Tierra y Libertad, liderada por el exsacerdote Marco Arana. Arana declaró a una radio local que la empresa minera Southern también debería ser investigada por este caso de corrupción:

Si hubo actos de corrupción, hay un corrompido y un corruptor. Las personas que estaban dispuestas a hacer estos pagos deben ser investigados. Si existen pruebas materiales, que caiga todo el peso de la ley.

El ex viceministro de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente, José De Echave, preguntado en el blog de Noticias Ser respecto a la separación de Gutiérrez del movimiento político Tierra y Libertad, respondió:

Hay una comisión de ética que está revisando el caso y, mientras tanto, se ha tomado la decisión correcta. Espero que se hagan todas las pericias técnicas posibles, para que se aclare esta situación lamentable, que afecta y ha tenido un impacto negativo, pero que da la impresión que no daña una lucha que creo que tiene fundamentos y razón de ser.

En una reacción un poco tardía, el 15 de mayo se anunció que el presidente Ollanta Humala daría un mensaje a la nación respecto a Tía María. La aparición del presidente en la televisión se vio demorada un par de horas, lo que ocasionó bromas ácidas y memes. Finalmente el mensaje se emitió y si bien lo más importante del  mismo fue el anuncio presidencial de que el proyecto minero no podía suspenderse, a la vez dejaba en manos de la empresa Southern la decisión final.

La decisión de la empresa se conoció ese mismo día por intermedio del Premier en una presentación ante el Congreso, en la que anunció que la Southern había decidido «pausar» el proyecto durante 60 días para «socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes».

Los manifestantes no quedaron muy convencidos con estos anuncios y ese mismo día una marcha pacífica se convirtió en un enfrentamiento con la policía en la localidad de Cocachacra, Arequipa.

Como para azuzar más los ánimos, la prensa local se hizo eco de un video difundido por la página de Facebook Revolution News, en el cual se aprecia a un policía disparando su pistola hacia los manifestantes, lo que originó que la Inspectoría de la policía anunciara la investigación del caso, pero luego el Ministro del Interior declaró que los efectivos pooliciales están autorizados a «hacer uso de su armamento en caso sea necesario», añadiendo que en el caso del video con los disparos se logró la liberación de un policía que estaba siendo golpeado por los manifestantes.

El pasado 22 de mayo nuevos enfrentamientos en la localidad de Cocachacra dieron el saldo de un manifestante muerto y la comisaría local recibió un petardo, supuestamente de los manifestantes que intentaban tomarla luego de la muerte de su compañero, aunque hay versiones que dicen que fueron los propios policías los que habrían detonado el petardo. De cualquier forma, fue este hecho el que desencadenó la declaratoria de emergencia en la región.

Tras esta declaración de emergencia, la policia ha estado deteniendo a personas acusadas de extorsionar a choferes que pasan por la zona, y también a los huaraqueros o espartambos, que es como se conoce a los que en los enfrentamientos lanzan piedras a la policía con ayuda de huaracas, una especie local de honda.

La Federación de Campesinos de la región Arequipa ha anunciado que saldrán a marchar como protesta y en apoyo al paro de los campesinos de la provincia de Islay, los proximos 27 y 28 de mayo. La medida de protesta incluye la participación de sindicatos y asociaciones de vivienda de diversas regiones del país. Esto ha generado que la policía se ponga en estado de alerta en Arequipa y el desplazamiento de 3000 efectivos en puntos claves de la ciudad.

Al parecer los 60 días de pausa ofrecidos por la empresa minera Southern no lo serán tanto. En este contexto algunos se preguntan por qué la empresa no abandona el proyecto, con todos los problemas sociales que tiene. Obviamente las razones son económicas, y en el blog de Servindi recojen algunas que fueron publicadas por el semanario Hildebrandt:

Según un reporte de la propia empresa, de los 5.787 millones de dólares recaudados el año pasado por Southern, 2.482 millones fueron producto de sus operaciones en el Perú.
La ganancia obtenida en suelo nacional tiene su explicación en la cantidad de mineral concentrado que se encuentra en las rocas.
En Cuajone y Toquepala la concentración es de 0.68%, mientras que en el yacimiento mexicano de Buenavista, la mina más importante que tiene el Grupo México -dueño de Southern-, la concentración es de 0.58% …
además, la diferencia en los volúmenes de producción. Mientras que el año pasado en México la empresa produjo 568 millones de libras de cobre, en el Perú este volumen llegó a los 670 millones.

Pero el quid del asunto sigue siendo el Estudio de Impacto Ambiental y las dudas que genera. Convoca, un equipo de periodismo de investigación, analizó el EIA de más de 10,000 páginas junto con ingenieros ambientales y en sus propias palabras: «Como resultado se encontraron graves inconsistencias en el manejo de las aguas y el monitoreo de los impactos».

Southern presentó el nuevo EIA incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron que una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del conflicto, requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA, un Estudio de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar. Este documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que la planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que luego la minera use al agua del río.

Luego de leer el informe de Convoca queda la impresión de que realmente hay motivos para preocuparse por los impactos que esta gran operación minera tendría en las vidas de los habitantes del valle del Tambo.

Otras lecturas sobre el tema:

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 1)

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Imagen obtenida de la web de Otra Mirada, usada bajo licencica Creative Commons.

El conflicto en el sur del país conocido como Tía María, por el proyecto minero del mismo nombre, ya ha cobrado la muerte de 5 personas en más de 60 días de protestas llevadas a cabo por los agricultores que dicen se verán afectados por el proyecto, lo que ha ocasionado que el gobierno decrete el estado de emergencia para la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.

Antes de revisar los hechos más recientes, demos una mirada a diversas publicaciones que han analizado los motivos de la protesta.

Cuando el paro de los agricultores iba por los 40 días, la revista Actualidad Ambiental publicó en su web un completo informe sobre el conflicto, que incluye por ejemplo la cronología de hechos que han llevado a la situación actual:

– 2003: Inicia el proyecto minero “Tía María”, con una inversión anunciada de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa.
– 2006-2008: Se realizan actividades de exploración.
– 2008-2009: Se elabora el primer Estudio de Impacto Ambiental.
– 2011 (marzo): UNOPS (The United Nations Office for Project Services) presenta su informe del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero “Tía María” y realiza 138 observaciones.
– 2011 (abril): En medio de protestas, 3 personas mueren por enfrentamientos con la Policía.
– 2011-2013 El proyecto es paralizado.
– 2013 (noviembre): Se presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental (elaborado entre el 2012 y 2013).
– 2013 (noviembre): Southern Perú presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas.
– 2014 (agosto): El Ministerio de Energía y Minas aprueba el segundo Estudio de Impacto Ambiental.
– 2015 (marzo): En medio de un clima de tensión se retoman las protestas contra el proyecto Tía María.

Otra información importante que Actualidad Ambiental reunió para sus lectores es la que corresponde a los principales actores del conflicto. Esta info la resumen en quienes están a favor y en contra del proyecto. Como los que están a favor obviamente son los funcionarios de la Southern, la empresa que lidera el proyecto, y los funcionarios del gobierno central, les listo los nombres y cargos de los que están en contra del proyecto:

– Jesús Cornejo. Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de El Tambo.
– Jaime de la Cruz. Alcalde del distrito de Deán Valdivia.
– Richar Ale Cruz. Alcalde provincial de Islay.
– Helar Valencia. Alcalde de Cocachacra.
– José Ramos. Alcalde del distrito de Punta de Bombón.
– Pepe Julio Gutiérrez. Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo.

Una pregunta clave que Actualidad Ambiental se hace es ¿Por qué Southern Perú genera desconfianza en la población? y su propia respuesta es esta:

Algunas posiciones en el conflicto dejan claro que el problema no es la actividad minera por sí misma sino que el proyecto sea realizado por Southern Perú. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, lo expone claramente cuando dice: “No estamos contra la actividad minera pero sí contra la empresa”. ¿Por qué la desconfianza en el sur del Perú contra Southern Perú? En esta nota se ha desarrollado una lista del desempeño ambiental de la empresa desde los años 50.

Para finalizar con el informe de Actualidad Ambiental referencio la siguiente pregunta: ¿En qué puntos Tía María y los pobladores no llegan a ponerse de acuerdo? la respuesta corta es: «que se afectará la agricultura en el valle del Tambo y también se afectará el agua«. A lo cual la Southern responde:

– ¿El proyecto afectará la agricultura del Valle de Tambo?

No. Pese a que las voladuras o explosiones generan ruido y polvos, no afectarán al valle del Tambo porque el tajo está a 2 km. del poblado más cercano, por la diferencia altitudinal impide que el ruido llegue al valle o a la población, porque el material chancado de roca se almacenará en un depósito cerrado y porque el viento sopla en dirección noreste, dirección opuesta al valle o cualquier centro poblado.

– ¿El proyecto afectará el agua del valle del Tambo?

No, porque se usará agua de mar (desalinizada) para el trabajo de explotación y operación. Además, se menciona que el tajo abierto no afectaría el agua subterránea y que la disponibilidad del agua para la agricultura es de 800 millones de metros cúbicos, de los cuales 500 se van al mar como excedentes y y seguirían estando disponibles para las actividades agrícolas de la zona.

Jorge Páucar, en otro post explicativo sobre el conflicto de Tía María, señala el rol que estuvo jugando el gobierno central, por ejemplo:

La minera Southern Copper se queja de la falta de apoyo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA y cuando Julio Morriberón dijo que Tía María se cancelaba, la ministra Rosa María Ortiz salió a defender el proyecto y a manifestar el apoyo a la actividad extractiva. Además, minimizó la protesta en Islay.

También incide en la falta de credibilidad de la Southern:

La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. En enero del 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.

En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica.

Gracias al Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, pudimos conocer que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares.

Desde Arequipa, la publicación digital El Buho entrevista a José Luis López, analista y miembro del grupo de Diálogo Minería y Desarrollo, quien luego de señalar el controvertido accionar de la Southern comenta:

“La empresa Southern no le está jugando bien al gobierno”, resume López Follegatti y eso no solo no hace posible el diálogo, sino más bien lo entorpece, opina. “Desde el primer momento en que la empresa llama terroristas antimineros a alcaldes y dirigentes, en general, el gobierno debió ponerle un pare a la empresa”, añade.

La nota también explora las razones financieras que habría de por medio para que el gobierno no quiera anular el proyecto, y cita al congresista Víctor Andrés Belaúnde:

La huelga se produce el 23 de marzo, al día siguiente la empresa dice que no va, el gobierno corrige dice que sí va. Pasan 30 días con heridos y hasta un muerto, y la empresa emite bonos por 1,500 millones de dólares a 30 años con una taza de 5,8% para el proyecto Tía María y otros 500 millones para otros proyectos a 10 años a tazas de 3,6%. Parece que hay empresas peruanas que han comprado esos bonos […] El proyecto lo van a hacer de todas maneras. ¿Nos están engañando? ¿Nos están tomando el pelo? Que digan las cosas de manera verdadera. Yo creo que el Gobierno no nos ha dicho la verdad. El Gobierno está asustado. Va a tener que responder porque la empresa emitió bonos con la garantía del Gobierno”

No sería ese el único temor del gobierno para detener Tía María. El Buho cita al periodista Gerónimo Centurión quien da una explicación más:

Según el cable de Wikileaks del 20 de enero de este año, el gobierno de Humala, en el marco del acuerdo Trans Pacífico, aceptó que empresas extranjeras que consideran que su inversión está en peligro por protestas de origen ambiental o social (como Tía María), podrían apelar a tribunales internacionales para exigir multimillonarias reparaciones.

Esto no sólo beneficia a las empresas extranjeras frente a las nacionales, sino que les permite pasar por alto el sistema jurídico nacional ya que no requerirían agotar el sistema jurídico interno. […] Parece una ficción. Pero, empresas como la minera Doe Run, amparados en estos acuerdos ya están denunciando al Perú por millonarias sumas

Termino esta primera parte con un video llamado La verdad de Tía María, ampliamente difundido en las redes sociales.



Otras lecturas sobre el tema:

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

 

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

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Foto obtenida de Portal Perú.

El accionar de la policía y la prensa peruanas, o al menos de una parte de ellas, quedó en entredicho la semana pasada luego que el diario Correo Arequipa publicara un informe fotográfico sobre las protestas de agricultores contra el proyecto Tía María. En una de las fotos se veia a un manifestante siendo arrestado por la policía con unos fierros pequeños en la mano. El texto que acompañaba a las fotos decía: «se puede apreciar a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante».

Sin embargo a las pocas horas el pequeño medio MollendinosTV-Islay TV difundió un video que denuncia dicha foto como «Complicidad entre Policias y Prensa ( EL CORREO) contra de Antonio un Agricultor». En efecto, en el video se ve que un policía se acerca con los fierros en la mano al manifestante arrestado y le obliga a tomarlos, momento en el cual un fotógrafo aprovecha para capturar el instante. Cabe indicar que el diario Correo Arequipa publicó también dicha noticia y luego borró de su sitio web la nota original.

El mencionado video de MollendinosTV-Islay TV tomó por asalto las redes sociales a nivel nacional y disparó el debate sobre la ética de este tipo de acciones por parte de la policía y la colusión de la prensa. El video muestra paso a paso cómo se realiza el «sembrado» de evidencia al manifestante capturado, desde que lo traen del lugar de protesta hasta que se lo llevan en una camioneta policial.

Entre los mas de mil comentarios al video, el del usuario balletperu.blogspot.com resume el sentimiento de la mayoría:

Qué vergüenza, policía y fotoperiodista haciendo porquería de su labor. Soy de Mollendo, sí me gustaría proyectos y progreso para mi ciudad natal, pero no de esa manera, con injusticias y engaños […]

El periodista y antropólogo Alberto Niquen opina que «lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado». Al respecto reflexiona:

Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.

La Defensoría del Pueblo tomó rápidamente acción sobre el asunto, tal como se manifiesta en los siguientes dos tweets. El primero, de la congresista Verónica Mendoza, difunde un oficio de la Defensoría al Ministro del Interior, y el segundo, de la propia Defensoría, da cuenta de las acciones tomadas.

Aunque el Director de la Policía Nacional ha anunciado una profunda investigación al efectivo al que se ve ‘sembrando’ el arma al manifestante, y el diario Correo Arequipa de igual manera se disculpó con sus lectores y anunció una investigación interna para depurar responsabilidades, el debate no ha cesado.

El periodista Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros analiza la contradicción en la que se encuentra inmersa la policía cuando tiene que ejercer sus funciones en los los conflictos campo-mina, sobre todo en el caso de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales):

[…] tanto la Dirección como sus efectivos, trabajan buena parte de su tiempo como seguridad privada de las minas, ganan dinero por eso, el policía y sus jefes, y en muchos casos terminan dependiendo de él. De manera que cuando son movilizados frente a conflictos como el de Tía María, actúan como una inestable combinación de agentes del Estado y fuerza de choque de las mineras. Porque son las dos cosas a la vez. […] ¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas.

Luego la atención pública pasó a la identificación del fotógrafo que había tomado la controvertida foto.

El fotógrafo Julio Angulo se vio en necesidad de dar la cara y su versión de los hechos, así como la historia de la cuestionada foto. Según el efectivamente se encontraba cubriendo las protestas y cuando oyó que un policía llamaba se acercó y tomó fotos sin saber muy bien a qué. «He corrido porque oí su voz, vengan, miren, no sabía qué tenía en sus manos, en ese momento sólo miraba a todos lados, buscando proteger mi integridad, sin perder las fotos […] Todo era muy confuso, nunca pude percatarme de ese hecho».

Aunque se disculpó con Antonio Coasaca, manifestante al que le siembran las armas, y lamenta el uso dado a su foto, de lo cual añade que no es responsable, aclara que desconoce como fue que el diario Correo Arequipa publicó las fotos dado que el en ese momento se encontraba trabajando para el diario El Comercio y es a ellos a quienes les envió las fotos tomadas de la jornada.

Juan Carlos Fangacio, periodista, analiza las declaraciones de Angulo, sobre todo cuando dice que no se percató de la maniobra de la policía y que «Un fotógrafo que está en una situación así reacciona tomando fotos, no se detiene a otra cosa».

Lo que dice, da para la discusión. ¿Realmente un fotógrafo solo dispara su cámara en una situación como esa? ¿Las cuestiones éticas o editoriales vienen después? ¿O pueden evaluarse durante el calor del trabajo? Con esa línea tan delgada entre lo que es correcto e incorrecto, la única verdad yace en la conciencia de Angulo.

Y concluye:

Angulo ya ofreció disculpas y dio su versión (creerle o no es cuestión de cada uno). Lo cierto es que la cuerda siempre se rompe por el lado delgado. Y en ese caso, todavía hay muchos que deben explicaciones. Sobre todo los de arriba.

Mientras tanto las protestas contra Tía María prosiguen, al igual que la represión a la protesta, que ya ha causado un muerto. Los intentos de diálogo se ven continuamente rotos y no hay solución a la vista aún.

Monitoreando la minería y la protesta en Colombia

La actividad minera ha venido tomando en los últimos años una mayor importancia económicamente hablando en Colombia, tanto así que el recientemente reelegido Presidente Juan Manuel Santos suele referirse a la «Locomotora Minera» para nombrar al gran generador de recursos que le permite al gobierno financiar proyectos de interés social, generar más empleos y reducir así la pobreza.

Sin embargo la minería también está generando mayor conflicto social, violaciones a los derechos humanos de poblaciones vulnerables y un impacto ambiental negativo, entre otros problemas. Incluso a nivel del propio gobierno se ha detectado temas que deben solucionarse prioritariamente como la deficiente titulación de los predios mineros, el uso y contaminación de los recursos hídricos, la gestión de residuos tóxicos y la endeble legislación ambiental.

En medio de este contexto surgen iniciativas ciudadanas como la que se plasma en el blog No a la Mina. El blog es la vitrina para visualizar la diversa información y accionar que manejan una serie de colectivos preocupados por el impacto de la minería en los derechos humanos y el medio ambiente en Colombia. Estos colectivos van desde gente de la academia hasta organizaciones comunales e indígenas.

En el mes del mayo del 2011 ellos organizaron un Encuentro Acción Colectiva y Megaproyectos Mineros en la Universidad Javeriana de Bogotá. La profesora Aída Quiñonez, una de las organizadoras comenta:

La idea era conocer las problemáticas de las regiones más allá del contexto inmediato, con la consciencia de que este tipo de prácticas económicas, fundamentadas en maximizar beneficios, traen consecuencias estructurales y culturales para el país en cual se asientan.

Durante el evento se pudo conocer de primera mano testimonios de diversas comunidades:

Se expusieron los procesos de la Asamblea SUR en Bogotá D.C.; la permanente resistencia del pueblo Nasa en el Norte del Cauca; los graves riesgos de violación de derechos humanos que amenazan a las comunidades afrocolombianas e indígenas por la explotación minera en La Toma-Suárez-Cauca; la defensa del territorio por la explotación de las minas en los casos de Caldono, Cauca, la resistencia del resguardo Uradá-Jiguamiandó, el proyecto Mandé Norte, la defensa de Marmato-Caldas, las resistencias frente a la mina la Colosa y por la defensa del territorio -en Cajamarca Tolima, la defensa del páramo de Santurbán en Santander, y el despojo y desalojo de la comunidad de Tabaco en la Guajira por el macroproyecto del Cerrejón.

Finalizado el evento se socializó un Manifiesto consensuado que entre otras conclusiones recomendó:

Es necesario que se convierta en una responsabilidad de la sociedad colombiana abordar el problema de la megaminería y en general de los problemas sociales y ambientales ligados a los efectos que con esta incursión se generan en las economías extractivas, Así mismo es necesario entender las relaciones que se tejen en marco internacional y en tal sentido identificar los dispositivos para que se asuman las responsabilidades de quienes producen, consumen y contaminan.

Hace unos meses Global Voices tuvo oportunidad de conversar con la profesora Quiñónez y esto fue lo que nos dijo:

Otra de las organizaciones que comparte las mismas preocupaciones es Conciencia Campesina. Esta organización fue creada en abril de 2009 por campesinos de Cajamarca, tras el anuncio en 2008 de La Colosa proyecto minero de oro de AngloGold Ashanti en un área de reserva forestal. Ellos manifiestan en su página de Facebook:

Creemos que la movilización pacífica, social organizada tiene un papel importante en nuestra lucha para proteger nuestro territorio. En estos años hemos organizado marchas pacíficamente, defendiendo nuestra oposición a La Colosa. […]

En las zonas mineras a menudo hay una alta incidencia de violaciones de derechos humanos, delincuencia y prostitución, queremos preservar nuestra identidad cultural como una comunidad agrícola y tradicional.

Algunos casos representan un ejercicio más completo de resistencia, como es el de Sath Tama kiwe en Cauca, ellos le han dicho no a la minería, y también a cualquier cosa que los ponga en riesgo, como la siembra de coca, por lo que se ven obligados a ejercer autoridad en sus territorios.

estando en un proceso de Autonomía Territorial, cuyo objetivo era buscar minería legal o ilegal para la explotación del Oro, encontramos grandes extensiones de siembra de Coca para el procesamiento de alcaloides, por lo cual tomamos la decisión de arrancar y destruir estas plantaciones, pues según se dijo, ya el Ejercito Nacional, en rondas realizadas días antes le habían manifestado a los dueños del laboratorio que siguieran trabajando que por ellos no habría ningún problema.

Las actividades de resistencia llevadas a cabo a lo largo de los años han tenido consecuencias graves como el asesinato de algunos de los dirigentes activistas bajo circunstancias no aclaradas. Sin embargo estas actividades continúan, al igual que la aumento de las inversiones en nuevos proyectos mineros en el país.

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A un año de los muertos de Celendín

El pasado 3 de julio se cumplió un año de las protestas de Celendín que culminaron con el saldo de 4 civiles muertos (Eleuterio García Rojas, César Medina Aguilar, José Faustino Silva Sánchez y José Antonio Sánchez Huamán) y otro más (Joselito Vásquez Jambo) al día siguiente en la localidad de Bambamarca. Estos hechos hasta ahora no encuentran ni responsables ni justicia.

El 3 de julio del 2012, la ciudad de Celendín cumplía 33 días de acatamiento al paro convocado como una de las diversas medidas de protesta que se realizaban contra el proyecto minero Conga en varias ciudades de Cajamarca. Ese día un grupo de personas tomó la Municipalidad de Celendín, produciéndose enfrentamientos de los manifestantes con la policía. Al principio se informó tan sólo de dos policías heridos, en lo que el Ministerio del Interior calificó de «actos delincuenciales», provocados por «malos dirigentes» según el en ese entonces Premier, Óscar Valdéz.

Sin embargo luego se supo que el saldo de los enfrentamientos era de tres muertos y una treintena de heridos por el lado de los civiles, y dos policias y tres miembros del ejército heridos, por el lado de las fuerzas del órden. Aparte se registraron daños en los locales de la Gobernación y de la Fiscalía, así como a diversas propiedades privadas. Como producto de todo esto se declaró el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc. Dicho estado se prolongó durante dos meses.

Al cumplirse un año de estos sucesos, la población de Celendín lo recordó mediante una pacífica movilización por las calles el mismo día 3 de julio, en lo que ahora se denomina «el Día de la Resistencia y la Dignidad Celendina». Aproximadamente mil ronderos marcharon por varias calles de Celendín «exigiendo al gobierno nacional y a minera Yanacocha más respeto a los pueblos que no quieren minería y que se investiguen y sancionen por el poder judicial a los verdaderos responsables del asesinato de cuatro celendinos», según el portal web Cajamarca Global.

En un pronunciamiento de algunas organizaciones europeas que apoyan la protesta del pueblo cajamarquino contra el proyecto minero Conga, éstas expresaron su preocupación por lo ocurrido y la situación actual:

Visto que el proyecto Conga no tiene la licencia social del pueblo de Cajamarca, estamos muy preocupados por la criminalización de la protesta social en Cajamarca. Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas, condenamos la estrategia de criminalización por medio de la cual los ciudadanos son detenidos arbitrariamente y procesados. El pueblo tiene el derecho a manifestarse y pronunciarse. Por eso insistimos que el Estado peruano garantice estos derechos.

Wilder Sánchez Sánchez recuerda lo sucedido en el blog Punto de Vista y Propuesta, a modo de presentación de un resumen de las actividades programadas por diversas organizaciones locales en las ciudades de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca:

El miércoles 3 de julio se cumple un año de la masacre en la ciudad de Celendín y el jueves 4 un año de la masacre perpetrada en Bambamarca por las fuerzas combinadas del Ejército, de la Policía “Nacional” convertida por el Gobierno Central en fuerza mercenaria al servicio de Yanacocha y por los propias fuerzas de seguridad de la minera (infiltrados en) y camuflados de policías. Como se recuerda, el 3 de julio del 2012 fueron acribillados por disparos de balas de largo alcance cuatro celendinos, además de numerosos heridos, golpeados, detenidos, perseguidos y judicializados.

Jorge Chávez Ortíz, estudiante universitario natural de Celendín, reportó en el blog Mi mina corrupta acerca de la vigilia realizada la noche del 2 de julio en honor a los fallecidos:

En la vigilia se hizo la presentación del corto documental «La Tierra clama Justicia» elaborado por la PDTG con el apoyo de DOCUPERU y ACSUR Las Segovias, como también se presentó un vídeo elaborado con los diferentes mensajes enviados de varias partes del mundo solidarizándose con el pueblo de Cajamarca, se contó con la participaron varios artistas celendinos del campo y la ciudad.

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En el blog Celendín Libre, el mismo Jorge Chávez relata cómo se vivió la jornada del día 3 de julio en Celendín:

ese día de recuerdo inicio con una misa en la iglesia matriz de dicha ciudad, esta misa fue en honor a los fallecidos del 3 de julio de 2012, la iglesia estuvo a su máxima capacidad, mientras la gente esperaba en la plaza de armar. Luego de la misa se realizó una movilización, iniciando con un plantón en la municipalidad de Celendín, donde la madre de José Sánchez Human, increpo a los policías que custodiaban el inmueble, mientras les enseñaba la foto de su hijo. Luego la movilización recorrió las calles de la ciudad rumbo al cementerio general “Sagrada Familia”, donde se encuentran las tumbas de las 4 personas.

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Pocos días antes en YouTube, el usuario GeneroyMineriaPeru subió un video que presenta a diversas mujeres que cada una a su manera, participan de la protesta contra el proyecto Conga en Cajamarca:

Blanca nos presenta la vida campesina en Cajamarca desde su comunidad, desde su ser rondera y amante de su territorio, bañándose con Aguas de Libertad. Amalia, desde la ciudad, nos trae Memorias de Fuego caminando por los recuerdos de la lucha que unió a diferentes provincias alrededor de las ollas comunes en defensa de sus lagunas. Keyth se levanta por una Tierra que clama Justicia recorriendo las calles de Celendín, rastreando respuestas, combatiendo la impunidad.

La Plataforma Institucional Celendina (PIC), emitió un Manifiesto por el Día de la Dignidad Celendina, el cual fue reproducido en el blog Sin Patrones. Dicho Manifiesto concluye con el siguiente juramento:

Juramos por la sangre de nuestros hermanos caídos y las lágrimas de nuestras madres y nuestros padres, por la tierra que nos vio nacer y donde descansan nuestros muertos, por las aguas y las plantas y los animales que nos acompañan y con los que vivimos, por el aire que respiramos y por el país grande en que vivimos que es el Perú pero es también el mundo, que vamos a resistir ante el invasor sin usar violencia pero con toda firmeza hasta que la amenaza sobre nuestras vidas y la de nuestros hijos e hijas y contra el futuro que anhelamos, ya no exista más.

Finalmente quedan con el conmovedor testimonio de la señora Adelaida Tabaco, viuda de Eleuterio García Rojas, sobre cómo vivió ella los terribles momentos de hace un año y cómo su vida ha quedado afectada desde entonces.

Conga: Vuelven las protestas

1012183_10151691054034534_1972662140_nEl rumor de que el proyecto minero Conga habría sido cancelado y se estaría despidiendo a sus trabajadores parece haber sido el primer antecedente de esta nueva serie de protestas contra dicho proyecto. Este rumor se esparció rápidamente la mañana del 10 de junio, provocando casi de inmediato que saliera el ministro de Energía y Minas a desmentir la información, aclarando que el proyecto seguía adelante y que lo de los trabajadores se trataba de una reubicación en la mayoría de casos.

Casi paralelamente la empresa Yanacocha emitió un comunicado en el que confirmaban su actividad e informaban que se encontraban socializando los beneficios del reservorio Chailhuagón, recientemente construido. Además manifestaron que “La construcción del reservorio Perol solo se iniciará una vez que obtengamos todos los permisos correspondientes, los cuales estimamos podrían obtenerse hacia el segundo trimestre de 2014“.

Estos anuncios confirmando que el proyecto minero seguía trabajando de alguna manera de espaldas a la población tuvo la consecuencia de que al día siguiente, 11 de junio, los comuneros de Cajamarca anunciaran la realización de una marcha para el lunes 17 del presente hacia la laguna El Perol, ubicada dentro del terreno destinado al proyecto minero Conga. Se supo que diversas agrupaciones de trabajadores apoyaban la medida en defensa de las fuentes de agua que abastecen a la región agrícola y ganadera de Cajamarca.

Obviamente este resurgimiento de la protesta preocupa a los sectores interesados en que los grandes proyectos mineros no se pierdan. El gobierno también estuvo reiterando la importancia de este proyecto en particular y la decisión, a nivel presidencial, de no poner trabas y apoyar estas inversiones.

En la práctica esto se tradujo en que a primera hora del día lunes 17 la policía nacional reforzó las medidas de seguridad en Cajamarca y en las instalaciones de Yanacocha. Por su parte, la Fiscalía de Cajamarca hizo un llamado a la calma y a evitar actos de violencia durante la movilización.

También a primeras horas de la mañana del 17 se supo que comuneros de las localidades de Sorochuco, Celendín, Bambamarca y Cajamarca, se dirigían a la laguna El Perol. Alrededor del mediodía se informaba que entre 600 y 700 manifestantes ya se encontraban en la laguna. Y en horas de la tarde se decía que ya eran unos 2500 o 3000 ronderos los que se encontraban en las inmediaciones de la laguna, con el acuerdo de instalar un campamento permanente como vigilancia y evitar que Yanacocha inicie trabajos en ella.

El profesor Segundo Matta tuiteó dos fotos, la primera de la llegada de los ronderos a la laguna y la otra del sitio donde supuestamente se instalará el campamento de vigilancia:

En IdeeleRadio entrevistaron a Marco Arana, del movimiento Tierra y Libertad, quien es uno de los principales activistas en defensa del agua, (y que además hoy anunció que lanzará el Frente Amplio de Izquierdas en Perú, con miras a las próximas elecciones regionales del 2014 y los comicios generales del 2016), manifestó lo siguiente:

[Estoy] sumamente preocupado por la reactivación del conflicto en Cajamarca, sin que el Gobierno haya intentado buscar soluciones de fondo y, por el contrario, lo que queda en evidencia es que le han mentido al país y le han mentido a Cajamarca al decir que el proyecto estaba paralizado

La web de Solsticio Perú informaba:

En Cajamarca hay muchos policías. En la zona de la tranquera, en el camino de acceso a la laguna El Perol, se ven a destacamentos policiales. Hasta el momento no hay indicios de hostilizaciones contra los marchantes.

En el blog de Servindi recopilaron información de diversas fuentes, dentro de lo cual mencionan:

Un hecho que llamó la atención fue el inesperado corte de energía eléctrica en el sector Lucmacucho, evitando que radios locales transmitieran en vivo las incidencias de la movilización.

La cadena Telesur emitió un reporte en vivo desde la laguna El Perol (video subido por el usuario eduin lozano):

Actualidad Ambiental publicó varias fotos de diferentes momentos de la marcha.

En horas de la noche se desarrolló una vigilia y acto de oración en la ciudad de Cajamarca por los comuneros acampados, conocidos como Los Guardianes de las Lagunas, tal como informa el usuario @Puruay en Twitter:

Y desde Lima el usuario @Indignados_Perú comenta:

Aunque trascendió que tres manifestantes fueron detenidos, luego se informó de su liberación. Asimismo la empresa emitió después un comunicado donde daba a conocer que no se registraron heridos ni había detenidos por las protestas. Sin embargo no se sabe como pueda desarrollarse la situación en las próximas horas.

Otros posts sobre Conga acá.

La foto al inicio de este post es de Alexander Luna en Facebook.

Desalojan a familia de terreno para entregárselo a Yanacocha

El blog de Noticias Ser informa que hoy en la mañana, en la zona de Sorochuco, dentro de la concesión del proyecto minero Conga, efectivos de la DINOES realizaron acciones para desalojar a la familia Chaupe que tiene un predio de treinta hectáreas denominado “Tragadero Grande” en dicho lugar. Jorge Chávez, del blog Mi Mina Corrupta, ha subido un audio con una entrevista a Máxima Acuña, de la familia Chaupe, sobre lo sucedido. La señora Acuña además manifestó lo siguiente “La policía me ha detenido y me ha pegado. Yo he corrido, no me he dejado, pero a mi hijo y a mi esposo los han detenido. No me han querido dejar entrar a mi propiedad….”. Dos testimonios anteriores de la señora Acuña acá y acá. La disputa por este terreno se encuentra en el poder judicial,  en apelación, pues en octubre del 2012 el Juzgado de Celendín resolvió que la empresa minera es propietaria del predio y sentenció  a la familia Chaupe a tres años de reclusión suspendida y al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha. Por su parte los Chaupe Acuña han manifestado que jamás vendieron sus tierras a la compañía minera.

Violencia en protestas antimineras en Cañaris, Lambayeque

Ayer viernes se produjeron hechos de violencia cuando un destacamento policial de unos 100 efectivos se enfrentó a alrededor de 400 comuneros de las zonas de Cañaris e Incahuasi, Lambayeque, quienes habían bloqueado una carretera en protesta contra la actividad minera de la empresa Candente Copper. Aunque en un primer momento se habló de dos muertos esto fue posteriormente desmentido, sin embargo los heridos podrían haber sido hasta 24, acá una lista de los heridos. Cabe señalar que en setiembre del 2012 se realizó una consulta popular en Cañaris y un 96.9% de dicho pueblo se manifestó en contra de la actividad minera en la región. Más sobre la situación actual en este post y en este otro. Acá un video con imágenes del enfrentamiento.