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La marcha de 296 kilómetros por los niños contaminados con plomo de Cerro de Pasco

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Cerro de Pasco, la ciudad y el tajo abierto. Imagen obtenida de la página Facebook de La Última Reina.

La región de Cerro de Pasco, en los andes centrales del Perú, es una tradicional zona minera, con ricos yacimientos cuya explotación se remonta al siglo XVI, al inicio de la época colonial. Actualmente hay unos 14 yacimientos mineros operativos con apreciables niveles de producción en la zona. Sin embargo, esta riqueza de la tierra pasqueña no es disfrutada por la mayoría de habitantes de la región. De hecho estadísticas del año pasado muestran que los años 2013 y 2014 Cerro de Pasco fue la región que registró mayor incremento de la pobreza.

Por otra parte, la actividad minera pareciera no tener control y contamina rios, campos y ciudades, además, la gran cantidad de años de explotación minera han dejado una gran cantidad de pasivos medioambientales en la región. En el caso específico de la ciudad de Cerro de Pasco, la minería la ha afectado doblemente, tanto por la contaminación como por el tajo abierto de la mina en medio de la ciudad que continua creciendo y desapareciéndola.

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Imagen obtenida del blog Tomate Colectivo.

Es en este contexto que la población y autoridades del distrito de Simón Bolívar, de la ciudad de Cerro de Pasco, aprobaron el pasado 5 de setiembre realizar una marcha de sacrificio a Lima el 17 de setiembre como medida de protesta ante la desatención del Gobierno Central respecto al caso de los niños lugareños contaminados con altos índices de plomo en la sangre, un caso que lleva 4 años sin solución, así como por el decreto de emergencia ambiental emitido el año 2012 y que no se ha hecho efectivo hasta el momento.

Asi pues, el día jueves 17 de setiembre se dio inicio a la marcha, liderada por el Ing. Zumel Trujillo y conformada por 58 caminantes y un número indeterminado de personas que los acompañaron hasta la localidad de Colquijirca. El día 18 pasaron por el pueblo de Ninacaca. El día 19 por Carhuamayo, ya en la región Junín, recibiendo apoyo de las autoridades y pueblo de la zona. El día 20 pasaron por Ucco y también por Junín.

El día 21, en el camino hacia La Oroya, hubo algunos roces con la policía, lo cual se repitió al día siguiente, 22, a la altura del poblado de Paccha y a la entrada a La Oroya. El día 23 la policía se mostró más agresiva, llegando a herir a uno de los marchantes. Finalmente la jornada se saldó con 3 marchantes heridos más a manos de la policía, que se produjeron cuando los manifestantes bloquearon la Carretera Central, la vía por la cual se desplazaban, para descansar.

El día 24, luego de pernoctar en la localidad de Morococha, atravesaron Ticlio, ya en la región Lima, que es uno de los puntos más altos de la Carretera Central, a 4,818 msnm. El día 25 pasaron por Casapalca y Chicla, llegando el día 26 a San Mateo. El día 27 pasaron La Cascada y Corcona, y el 28 ya se dirigían a Chosica y Chaclacayo.

El día 29 los marchantes atravesaron la localidad de Ñaña. En las inmediaciones de Huaycán, se registraron nuevos incidentes con la policía. En la zona de Santa Clara, ya en la entrada a la ciudad de Lima, se produjeron más enfrentamientos que arrojaron 2 heridos. El pelotón de los 58, como se llamaban a si mismos los marchantes, llegó a Ate Vitarte, un distrito de Lima en horas de la noche.

El día 30 de setiembre, ya en Lima, el representante de los marchantes y alcalde del Distrito de Simón Bolívar, Ing. Zumel Trujillo, fue recibido por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Esa noche los marchantes acamparon en la Av. Abancay en el centro de Lima.

El 1 de octubre los marchantes recorrieron diversas calles de Lima con destino a la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno, sin embargo en el camino fueron varias veces bloqueados por fuertes contingentes policiales. Finalmente fueron recibidos por el pleno del Congreso y en horas de la tarde los dirigentes de la marcha sostuvieron una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros. Dado que dicha reunión terminó en horas de la madruada recién al día siguiente, 2 de octubre, la dirigencia informó al grupo de marchantes sobre los pormenores de la misma. Dándose a conocer luego el acta suscrita en dicha reunión.

Entre los puntos acordados figuran que el Ministerio de Salud se haga cargo de la atención de los niños de la zona, realizando una evaluación clínica de los 2000 niños anteriormente evaluados por otra institución. También se procederá a una evaluación técnica del  lugar donde se construirá la Clínica de desintoxicación y Laboratorio toxicológico. Se construirá además un centro de salud en la localidad de Paragsha, evaluándose la construcción de centros de salud en otros poblados. Por el lado del medio ambiente, se acordó supervisar los cierres de áreas de desmontes, relaves y lagunas pendientes de realizar, así como realizar la neutralización de fuentes de aguas ácidas, y continuar con las fiscalizaciones correspondientes.

Los medios limeños hicieron eco de la marcha y de los casos de los niños enfermos por la contaminación y la presencia del plomo en su sangre en varios programas los ultimos días. Sin embargo a decir de Elizabeth Lino, la activista detrás de La Última Reyna, un proyecto para visibilizar toda esta problemática de la ciudad y la población de Cerro de  Pasco, si bien «se logró poner (el tema) en agenda mediática y política… casi todos los canales cubrieron, hasta Telesur hizo una nota, el PROBLEMA es que se habla más de los «niños con plomo» y se dice poco de los pasivos ambientales, que a fin de cuentas es lo que genera todo».

El proyecto de comunicación popular Tomate Colectivo, registró algunos momentos de la marcha a su paso por Lima y entrevistó a una de las marchantes. Acá su testimonio:

Espacio abierto, otro colectivo de comunicación alternativa, realizó también un reportaje sobre la marcha de sacrificio en Lima, añadiendo en su publicación que «Nos queda claro que las maniobras de la prensa, los medios y el Estado no cesarán en deslegitimar las historias, las demandas y la justa lucha que estxs compañerxs vienen a permitirnos conocer, sin embargo creemos que es posible establecer una comunicación por otros medios posibles, una comunicación real sin intermediarios».

Para terminar, César Sáenz Suárez escribe en su blog sobre aspectos quizás poco conocidos de la problemática pasqueña, por ejemplo que la población tiene menos acceso al agua que la minera, que la contaminación se produce por la negligente producción minera, entre otros, y finalmente reflexiona sobre Cerro de Pasco:

Las condiciones de vida son difíciles. Es increíble como este lugar aporta tanto a la economía nacional y sus habitantes carecen de servicios básicos. Han utilizado una laguna artificial como relleno sanitario. Utilizan este espacio como desague en cuyo alrededor viven personas. Este lugar es un foco infeccioso de alto riesgo. Los habitantes de este lugar no pueden seguir recibiendo la indiferencia del estado y la ciudadanía. Requieren la atención y solución de sus demandas. […] Uno no puede permanecer indiferente con la salud de los niños.

Enlaces de interés:

Niños con plomo en la sangre en Cerro de Pasco, documental subido a Youtube.
El círculo minero de la infracción, investigación de Convoca.pe.
La tarifa plana de la gran minería, investigación de Convoca.pe.
Estrategia Corporativa, investigación de Convoca.pe.
Señores turistas vengan a visitar el tajo abierto, Video premiado por el proyecto VideoActivo de Global Voices en la categoría Medio Ambiente.

Las protestas contra el proyecto minero Las Bambas

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Protesta en Las Bambas. Foto obtenida de la web de NTN24.com.

Otro conflicto minero ganó titulares en el Perú los ultimos días. Los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau en la región de Apurímac iniciaron el pasado 25 de setiembre un paro de protesta contra el proyecto cuprífero Las Bambas. Estas protestas derivaron en enfrentamientos con la policía que el día 29 ocasionaron 3 muertos y varios heridos entre los manifestantes. Lo cual ocasionó que ese mismo día se declarara el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros.

El proyecto minero fue vendido en abril del año pasado por la empresa Glencore Xstrata a un consorcio liderado por MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp. en un monto aproximado de US$ 5,850 millones. Mientras por un lado el proyecto tiene una gran importancia económica para Apurímac, pues se calcula que la región recibira unos 300 millones de soles al año por concepto de canon minero una vez entre en operaciones, por el otro ha creado serias inquietudes en la población lugareña respecto a la contaminación ambiental que produciría.

Las principales objeciones al proyecto tienen que ver con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que aducen, fue inconsultamente modificado, y el desconocimiento por parte de los nuevos administradores de los compromisos asumidos por Glencore Xstrata. Por estas y otras razones los manifestantes exigen la demolición de la Planta de Molibdeno, de la Planta de Filtros y del Almacén de Concentrados, por ser contaminantes y porque la propuesta inicial consideraba su construcción en otra zona. Tambien piden la renuncia y retiro de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas por corromper a los dirigentes comunales en favor de la empresa, y finalmente la presencia de altos funcionarios de la empresa minera y de representantes del Gobierno para negociar sus pedidos.

El enfrentamiento de los manifestantes con la policía el día 29 empezó a las 3 de la tarde cuando un gran grupo de comuneros realizaba una marcha por los alrededores del campamento minero, y un grupo de ellos trató de ingresar a la fuerza al campamento principal de la empresa MMG, a lo que la Policía respondió con bombas lacrimógenas. Esto desató la violencia entre los 10 mil comuneros y 3 mil efectivos de la Policía y el Ejército. Luego se conocería que los muertos ascenderían a 4 y que habría 8 policias heridos.

La respuesta del gobierno a esta violencia fue decretar el estado de emergencia, mientras que el ministerio de Energia y Minas comunicó que los cambios en el EIA no son sustanciales y se hicieron oportunamente de conocimiento de las autoridades locales, que era lo que correspondía. El Premier, por su parte, declaró que el proyecto minero de Las Bambas no se detendría.

Al día siguiente, 30 de setiembre, la protesta se suspendió por 48 horas a la espera del inicio del diálogo con el gobierno. Asi pues el 1 de octubre en Lima, representantes del gobierno y alcaldes de la provincia de Cotabambas, acordaron instalar una mesa de diálogo, lo que implica que el lunes 5 viaje un equipo técnico a Cotabambas, y el dia 6 lo haga la Comisión de Alto Nivel de Ministros.

A pesar de este desenlace más o menos rápido, la impresión de que el gobierno actúa solo cuando la violencia se desborda se mantiene. En el blog Emancipación, de Escuela Permanente, opinan:

¿El gobierno atendió la queja de la población y la solicitud de diálogo expresada ya hace más de seis meses? No. Ante ese escenario, y agrupados en el Frente de Defensa de Cotabambas, la población optó por la protesta y la respuesta ha sido una represión de gran violencia, […] Nuevamente, se hace evidente que los sucesivos gobiernos nacionales no buscan escuchar a la población. Más aún, la ningunean. La todopoderosa inversión privada siempre se impone sobre quienes tengan la osadía de cuestionarla. Para los empresarios: protección policial incondicional. Para los que protestan luego de tanto atropello: balas de esa misma policía.

El periodista Carlos Noriega reproduce en su blog parte de la conversación telefónica que sostuvo con Rodolfo Abarca, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas:

“No somos antimineros, nosotros estamos a favor que continúe el proyecto minero Las Bambas, pero exigimos que se mantenga el proyecto original, rechazamos los cambios que no se nos consultaron y nos perjudican […] (la planta de molibdeno) va a afectar nuestro abastecimiento de agua por el agua que necesita esa planta y además va a contaminar el aire. Nosotros rechazamos ese cambio y por eso es la protesta”.

Desde otra óptica, Juan Mendoza, invitado en el blog Economia aplicada del diario Gestión, opina básicamente que todo el problema es culpa de los antimineros que azuzan a la población desinformada y que las protestas buscan presionar a la empresa en busca de beneficio económico. Opina además que la respuesta del actual gobierno es muy debil y le propone al nuevo gobierno que asuma el proximo año:

revisar el proceso de descentralización con la finalidad de evitar que el canon minero siga siendo un botín que capturar. En particular, debemos contar con un mejor diseño de instituciones y mecanismos para que un mayor número de personas se beneficien con mayor rapidez de la explotación minera. Este nuevo diseño debe buscar que las personas perciban, de forma clara, cuál es el aporte de la actividad minera al incremento de su bienestar. Sugiero, asimismo, que este diseño considere y potencie las positivas, aunque limitadas, experiencias de las contribuciones mineras voluntarias y del programa de obras por impuestos.

Finalmente en el blog de NoticiasSer, la antropóloga Fabiola Yeckting hace un completo recuento de la historia del proyecto minero, concluyendo que a lo largo del mismo «se mantiene una constante en las demandas sociales: Se pide cuidado de los recursos naturales, el acceso a las fuentes de agua y evitar la contaminación». Y añade:

esta historia tiene algunas lecciones que se pueden enlazar con las de los otros conflictos en el país, con la falta de institucionalidad sobre la gestión de los recursos, la flexibilizaciónen el cumplimiento de los procedimientos, ya su vez, con los diferentes momentos en los que se posterga la toma de decisiones de las poblaciones afectadas por los proyectos, que se organizan para protestar. […] La promesa de este gobierno, largamente postergada para Cotabambas, de darle la potestad de gobernar sobre sus territorios después de años de haber sido olvidados,debe cumplirse.

¿Por que hay protestas y paro en Loreto?

Imagen cortesía del blog Observatorio Petrolero.

Pocos días después de un paro preventivo de 24 horas realizado el pasado 25 de agosto, la región peruana de Loreto, y su capital, la ciudad de Iquitos, soportan otro paro regional, esta vez de 48 horas. ¿El motivo? los organizadores de las protestas piden que el lote petrolero 192, ubicado en la zona, sea administrado por la empresa estatal Petro-Perú en vez de por una empresa extranjera.

El lote 192, antes conocido como lote 1AB, en explotación desde los años 70, tiene reservas para 20 años más, pero estas son de complicada explotación y refinación, lo que ha generado un historial de problemas ambientales que viene arrastrando desde sus administradores anteriores, las empresas Oxy y Pluspetrol. Precisamente el pasado 29 de agosto venció el contrato con la Pluspetrol. Pero ya desde mayo de este año se venía licitando el lote para su administración. El proceso, con algunos tropiezos, concluyó el 24 de agosto con la adjudicación directa del lote por dos años a la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A.

Esta decisión no satisfizo a organizaciones sociales de la región como el Frente Patriótico, y a la organización indígena FECONAT respecto a las condiciones de adjudicación del lote. Por su parte, las organizaciones indígenas FEDIQUEP (Quechuas del Pastaza) y FECONACO (Achuares del Corrientes), denunciaron un proceso de Consulta Previa que no llegó a ningún acuerdo y que vulneró sus derechos. Todo esto llevó a realizar el primer paro del pasado 25 de agosto, con apoyo del Gobierno Regional de Loreto. El 27 de agosto el congreso supuestamente iba a debatir la adjudicación del lote 192 y la posibilidad de que se  le diera a Petro-Perú, pero por un retiro de firmas del partido fujimorista el debate no llegó a realizarse. Luego de esto las organizaciones sociales de Loreto ratificaron su decisión del paro de protesta de 48 horas los días 2 y 3 de setiembre.

Pero ¿qué piden exáctamente los manifestantes? Una lectura del decreto emitido por el Frente Patriótico de Loreto, una a veces controvertida, organización creada para la «Dignidad, Defensa y Desarrollo de Loreto», nos dice que los pedidos principales son dos: que se garantize la continuidad del pago de regalías y el canon petrolero a las regiones y que se respete las exigencias de los pueblos originarios. Para eso piden: «derogar los Art. 3 y 6 de la Ley 30130 (Proyecto Modernización de la refinería de Talara), que es el arma del MEF para impedir que la empresa estatal (Petro-Perú) asuma nuevos emprendimientos rentables y la aprobación del Proyecto de Ley 4726 y 4749 que Modifica la Ley N’ 31030, incorporando una cuarta disposición complementaria y final que dice: La Empresa PerúPetro adjudica de manera directa a Petroperú el Lote 192″.

el Frente Patriótico de Loreto ha solicitado reiteradamente al Presidente Ollanta Humala la presencia del Consejo de Ministros, para atender y resolver la plataforma regional, que fue notificado al gobierno con fecha l0 de agosto 2012, reiteradas el 25 de junio, el 21 de agosto del 2013, el 16 de febrero de 2015 y el 12 de agosto del 2015, sin que se haya tenido respuesta alguna, constituyendo esta actitud un maltrato y desprecio al pueblo loretano; precisando además, que el gobierno del Presidente Ollanta Humala estando notificado de nuestra plataforma de lucha, hace caso omiso a nuestra exigencia de dialogo para tratar la problemática del pueblo de Loreto.

El Congresista Manuel Dammert, quien impulsa el mencionado proyecto de ley 4749, explica que el lote 192 «Es garantía para el financiamiento de la modernización de la refinería de Talara proyectada en una inversión de 3 mil millones de dólares, de los cuales el MEF hasta ahora la estrecha a 500 millones, para llevarla a la crisis al quitarle a Petroperú el lote 192. Las presiones lobistas quieren anular la refinería de Talara, para reducirnos a país importador de combustibles». Añade:

Se ha declarado desierto el concurso para que nuevas empresas se hagan cargo del lote 192 por los siguientes 30 años. Se ha entrega en contrato de servicios por dos años a Pacific. Con mentiras: “inversión 700 MM Dólares” en los dos años, cuando es para 30 años y los recursos salen de la propia operación; “miles de técnicos propios”, cuando se subcontratan servicios privados para operar). Irregularmente se otorga a Perupetro (empresa pública dedicada a contratos) ser la contraparte como operadora petrolera en el contrato de servicios con Pacific, cuando esa función le corresponde a Petroperú. Se han reducido las regalías al 16% y se ha evaporado las obligaciones de remediación ambiental. La inmediata entrada de Petroperú, como contraparte representante del Estado, permitirá cumplir con los derechos de los pueblos amazónicos. Podrá actuar como empresa especializada en los servicios del contrato con Pacific (contrato que debe además investigarse). Y permitirá proyectarse desde ahora al horizonte de 30 años y alistar la convocatoria a socios estratégicos para su operación.
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Imagen cortesía del blog Observatorio Petrolero.

Para las organizaciones indígenas el tema es visto de otra forma. Además de cuestionar la forma como el estado ha manejado el proceso de consulta previa, incluso fomentando la división y promoviendo la inclusión de falsas organizaciones indígenas que avalaban lo propuesto por el estado, ellos manifiestan que “Esta lucha es para defender nuestro territorio, no para respaldar o defender a una u otra empresa petrolera”. El blog Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, PUINAMUDT, reproduce un artículo de Servindi donde entrevistan a Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), del río Marañón, quien señala:

quienes vienen formando parte de estas protestas (en Iquitos) son principalmente “los hermanos kichwas del Tigre”. Por ello rechazó que el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, se haya “tomado la libertad de levantar la bandera y decir: este (que Petroperú ingrese al lote) es el pedido de los pueblos indígenas (de la región)”.

Queda por ver cómo el paro y otras medidas que se puedan tomar, hagan una presión efectiva sobre las decisiones del gobierno. Estamos pendientes.

Otros posts:
Las comunidades achuar y kichwa defienden su territorio de la contaminación petrolera de Pluspetrol
Un legado de daño: Occidental Petroleum en Perú
Contaminación en el Río Corrientes, Loreto

Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 2)

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Imagen obtenida de la web del congresista Manuel Dammert, bajo Creative Commons.

Lea la primera parte: Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 1)

El conflicto en el sur del país conocido como Tía María, por el proyecto minero del mismo nombre, ya ha cobrado la muerte de 5 personas en más de 60 días de protestas llevadas a cabo por los agricultores que reclaman que se verán afectados por el proyecto. Ante esto el gobierno decretó el estado de emergencia para la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.

Aunque los hechos de violencia y muertos se han producido en ambas partes, el lado a favor del proyecto minero ha tratado de capitalizar esta sensación de desgobierno que produce la violencia y ha pasado de llamar «antimineros» a los manifestantes a llamarlos «terroristas antimineros«. El uso del término «terrorista» despierta una fibra sensible en la opinión pública que aún recuerda la época del terrorismo en el país.

La congresista Verónika Mendoza, quien en su blog señala lo contraproducente que resulta el uso de estos términos en medio del esfuerzo para instaurar un diálogo, reflexiona además sobre el valor semántico del uso del término «terrorista».

«si esos que protestan son ‘terroristas’ entonces poco valen sus vidas, menos sus opiniones», ese parece ser el mensaje final. «Escalamos» así de la desciudadanización a la deshumanización del otro. Quienes han hecho uso de estos términos públicamente saben muy bien de todas estas implicancias. Por eso resulta preocupante que desde el Estado, supuesto garante neutral de derechos, no se haya deslindado o exigido rectificación como correspondía sino más bien se haya refrendado tácitamente.

En la publicación digital Lampadia mantienen una opinión contraria. Afirman que muchas de las acciones protesta de los manifestantes infunden terror a la población por lo que pueden ser calificadas de terrorismo. Es más, según ellos estas acciones son parte de un llamado “Manual Anti-minero” aplicado en diversas partes del país.

El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un  publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.

Sin embargo fue otro hecho el que afectó más la credibilidad de los manifestantes. El 26 de abril se dio a conocer un audio en el cual presuntamente se escucha al Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, pedir dinero a la Southern para terminar las protestas. El dirigente negó que se tratara de su voz, aduciendo que sería un montaje, pero finalmente fue detenido por 24  horas el pasado 15 de mayo, medida que luego fue ampliada a 7 días. El 19 de mayo la Fiscalía confirmó que la voz del audio es la de Gutiérrez.

El dirigente del Frente de Defensa es además miembro de la agrupación política Tierra y Libertad, liderada por el exsacerdote Marco Arana. Arana declaró a una radio local que la empresa minera Southern también debería ser investigada por este caso de corrupción:

Si hubo actos de corrupción, hay un corrompido y un corruptor. Las personas que estaban dispuestas a hacer estos pagos deben ser investigados. Si existen pruebas materiales, que caiga todo el peso de la ley.

El ex viceministro de Gestión Ambiental del ministerio del Ambiente, José De Echave, preguntado en el blog de Noticias Ser respecto a la separación de Gutiérrez del movimiento político Tierra y Libertad, respondió:

Hay una comisión de ética que está revisando el caso y, mientras tanto, se ha tomado la decisión correcta. Espero que se hagan todas las pericias técnicas posibles, para que se aclare esta situación lamentable, que afecta y ha tenido un impacto negativo, pero que da la impresión que no daña una lucha que creo que tiene fundamentos y razón de ser.

En una reacción un poco tardía, el 15 de mayo se anunció que el presidente Ollanta Humala daría un mensaje a la nación respecto a Tía María. La aparición del presidente en la televisión se vio demorada un par de horas, lo que ocasionó bromas ácidas y memes. Finalmente el mensaje se emitió y si bien lo más importante del  mismo fue el anuncio presidencial de que el proyecto minero no podía suspenderse, a la vez dejaba en manos de la empresa Southern la decisión final.

La decisión de la empresa se conoció ese mismo día por intermedio del Premier en una presentación ante el Congreso, en la que anunció que la Southern había decidido «pausar» el proyecto durante 60 días para «socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes».

Los manifestantes no quedaron muy convencidos con estos anuncios y ese mismo día una marcha pacífica se convirtió en un enfrentamiento con la policía en la localidad de Cocachacra, Arequipa.

Como para azuzar más los ánimos, la prensa local se hizo eco de un video difundido por la página de Facebook Revolution News, en el cual se aprecia a un policía disparando su pistola hacia los manifestantes, lo que originó que la Inspectoría de la policía anunciara la investigación del caso, pero luego el Ministro del Interior declaró que los efectivos pooliciales están autorizados a «hacer uso de su armamento en caso sea necesario», añadiendo que en el caso del video con los disparos se logró la liberación de un policía que estaba siendo golpeado por los manifestantes.

El pasado 22 de mayo nuevos enfrentamientos en la localidad de Cocachacra dieron el saldo de un manifestante muerto y la comisaría local recibió un petardo, supuestamente de los manifestantes que intentaban tomarla luego de la muerte de su compañero, aunque hay versiones que dicen que fueron los propios policías los que habrían detonado el petardo. De cualquier forma, fue este hecho el que desencadenó la declaratoria de emergencia en la región.

Tras esta declaración de emergencia, la policia ha estado deteniendo a personas acusadas de extorsionar a choferes que pasan por la zona, y también a los huaraqueros o espartambos, que es como se conoce a los que en los enfrentamientos lanzan piedras a la policía con ayuda de huaracas, una especie local de honda.

La Federación de Campesinos de la región Arequipa ha anunciado que saldrán a marchar como protesta y en apoyo al paro de los campesinos de la provincia de Islay, los proximos 27 y 28 de mayo. La medida de protesta incluye la participación de sindicatos y asociaciones de vivienda de diversas regiones del país. Esto ha generado que la policía se ponga en estado de alerta en Arequipa y el desplazamiento de 3000 efectivos en puntos claves de la ciudad.

Al parecer los 60 días de pausa ofrecidos por la empresa minera Southern no lo serán tanto. En este contexto algunos se preguntan por qué la empresa no abandona el proyecto, con todos los problemas sociales que tiene. Obviamente las razones son económicas, y en el blog de Servindi recojen algunas que fueron publicadas por el semanario Hildebrandt:

Según un reporte de la propia empresa, de los 5.787 millones de dólares recaudados el año pasado por Southern, 2.482 millones fueron producto de sus operaciones en el Perú.
La ganancia obtenida en suelo nacional tiene su explicación en la cantidad de mineral concentrado que se encuentra en las rocas.
En Cuajone y Toquepala la concentración es de 0.68%, mientras que en el yacimiento mexicano de Buenavista, la mina más importante que tiene el Grupo México -dueño de Southern-, la concentración es de 0.58% …
además, la diferencia en los volúmenes de producción. Mientras que el año pasado en México la empresa produjo 568 millones de libras de cobre, en el Perú este volumen llegó a los 670 millones.

Pero el quid del asunto sigue siendo el Estudio de Impacto Ambiental y las dudas que genera. Convoca, un equipo de periodismo de investigación, analizó el EIA de más de 10,000 páginas junto con ingenieros ambientales y en sus propias palabras: «Como resultado se encontraron graves inconsistencias en el manejo de las aguas y el monitoreo de los impactos».

Southern presentó el nuevo EIA incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron que una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del conflicto, requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA, un Estudio de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar. Este documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que la planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que luego la minera use al agua del río.

Luego de leer el informe de Convoca queda la impresión de que realmente hay motivos para preocuparse por los impactos que esta gran operación minera tendría en las vidas de los habitantes del valle del Tambo.

Otras lecturas sobre el tema:

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

Hechos y personajes claves en el conflicto de Tía María (Parte 1)

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Imagen obtenida de la web de Otra Mirada, usada bajo licencica Creative Commons.

El conflicto en el sur del país conocido como Tía María, por el proyecto minero del mismo nombre, ya ha cobrado la muerte de 5 personas en más de 60 días de protestas llevadas a cabo por los agricultores que dicen se verán afectados por el proyecto, lo que ha ocasionado que el gobierno decrete el estado de emergencia para la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.

Antes de revisar los hechos más recientes, demos una mirada a diversas publicaciones que han analizado los motivos de la protesta.

Cuando el paro de los agricultores iba por los 40 días, la revista Actualidad Ambiental publicó en su web un completo informe sobre el conflicto, que incluye por ejemplo la cronología de hechos que han llevado a la situación actual:

– 2003: Inicia el proyecto minero “Tía María”, con una inversión anunciada de US$ 1,400 millones. Comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa.
– 2006-2008: Se realizan actividades de exploración.
– 2008-2009: Se elabora el primer Estudio de Impacto Ambiental.
– 2011 (marzo): UNOPS (The United Nations Office for Project Services) presenta su informe del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero “Tía María” y realiza 138 observaciones.
– 2011 (abril): En medio de protestas, 3 personas mueren por enfrentamientos con la Policía.
– 2011-2013 El proyecto es paralizado.
– 2013 (noviembre): Se presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental (elaborado entre el 2012 y 2013).
– 2013 (noviembre): Southern Perú presenta el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas.
– 2014 (agosto): El Ministerio de Energía y Minas aprueba el segundo Estudio de Impacto Ambiental.
– 2015 (marzo): En medio de un clima de tensión se retoman las protestas contra el proyecto Tía María.

Otra información importante que Actualidad Ambiental reunió para sus lectores es la que corresponde a los principales actores del conflicto. Esta info la resumen en quienes están a favor y en contra del proyecto. Como los que están a favor obviamente son los funcionarios de la Southern, la empresa que lidera el proyecto, y los funcionarios del gobierno central, les listo los nombres y cargos de los que están en contra del proyecto:

– Jesús Cornejo. Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de El Tambo.
– Jaime de la Cruz. Alcalde del distrito de Deán Valdivia.
– Richar Ale Cruz. Alcalde provincial de Islay.
– Helar Valencia. Alcalde de Cocachacra.
– José Ramos. Alcalde del distrito de Punta de Bombón.
– Pepe Julio Gutiérrez. Dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo.

Una pregunta clave que Actualidad Ambiental se hace es ¿Por qué Southern Perú genera desconfianza en la población? y su propia respuesta es esta:

Algunas posiciones en el conflicto dejan claro que el problema no es la actividad minera por sí misma sino que el proyecto sea realizado por Southern Perú. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, lo expone claramente cuando dice: “No estamos contra la actividad minera pero sí contra la empresa”. ¿Por qué la desconfianza en el sur del Perú contra Southern Perú? En esta nota se ha desarrollado una lista del desempeño ambiental de la empresa desde los años 50.

Para finalizar con el informe de Actualidad Ambiental referencio la siguiente pregunta: ¿En qué puntos Tía María y los pobladores no llegan a ponerse de acuerdo? la respuesta corta es: «que se afectará la agricultura en el valle del Tambo y también se afectará el agua«. A lo cual la Southern responde:

– ¿El proyecto afectará la agricultura del Valle de Tambo?

No. Pese a que las voladuras o explosiones generan ruido y polvos, no afectarán al valle del Tambo porque el tajo está a 2 km. del poblado más cercano, por la diferencia altitudinal impide que el ruido llegue al valle o a la población, porque el material chancado de roca se almacenará en un depósito cerrado y porque el viento sopla en dirección noreste, dirección opuesta al valle o cualquier centro poblado.

– ¿El proyecto afectará el agua del valle del Tambo?

No, porque se usará agua de mar (desalinizada) para el trabajo de explotación y operación. Además, se menciona que el tajo abierto no afectaría el agua subterránea y que la disponibilidad del agua para la agricultura es de 800 millones de metros cúbicos, de los cuales 500 se van al mar como excedentes y y seguirían estando disponibles para las actividades agrícolas de la zona.

Jorge Páucar, en otro post explicativo sobre el conflicto de Tía María, señala el rol que estuvo jugando el gobierno central, por ejemplo:

La minera Southern Copper se queja de la falta de apoyo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA y cuando Julio Morriberón dijo que Tía María se cancelaba, la ministra Rosa María Ortiz salió a defender el proyecto y a manifestar el apoyo a la actividad extractiva. Además, minimizó la protesta en Islay.

También incide en la falta de credibilidad de la Southern:

La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. En enero del 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.

En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica.

Gracias al Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, pudimos conocer que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares.

Desde Arequipa, la publicación digital El Buho entrevista a José Luis López, analista y miembro del grupo de Diálogo Minería y Desarrollo, quien luego de señalar el controvertido accionar de la Southern comenta:

“La empresa Southern no le está jugando bien al gobierno”, resume López Follegatti y eso no solo no hace posible el diálogo, sino más bien lo entorpece, opina. “Desde el primer momento en que la empresa llama terroristas antimineros a alcaldes y dirigentes, en general, el gobierno debió ponerle un pare a la empresa”, añade.

La nota también explora las razones financieras que habría de por medio para que el gobierno no quiera anular el proyecto, y cita al congresista Víctor Andrés Belaúnde:

La huelga se produce el 23 de marzo, al día siguiente la empresa dice que no va, el gobierno corrige dice que sí va. Pasan 30 días con heridos y hasta un muerto, y la empresa emite bonos por 1,500 millones de dólares a 30 años con una taza de 5,8% para el proyecto Tía María y otros 500 millones para otros proyectos a 10 años a tazas de 3,6%. Parece que hay empresas peruanas que han comprado esos bonos […] El proyecto lo van a hacer de todas maneras. ¿Nos están engañando? ¿Nos están tomando el pelo? Que digan las cosas de manera verdadera. Yo creo que el Gobierno no nos ha dicho la verdad. El Gobierno está asustado. Va a tener que responder porque la empresa emitió bonos con la garantía del Gobierno”

No sería ese el único temor del gobierno para detener Tía María. El Buho cita al periodista Gerónimo Centurión quien da una explicación más:

Según el cable de Wikileaks del 20 de enero de este año, el gobierno de Humala, en el marco del acuerdo Trans Pacífico, aceptó que empresas extranjeras que consideran que su inversión está en peligro por protestas de origen ambiental o social (como Tía María), podrían apelar a tribunales internacionales para exigir multimillonarias reparaciones.

Esto no sólo beneficia a las empresas extranjeras frente a las nacionales, sino que les permite pasar por alto el sistema jurídico nacional ya que no requerirían agotar el sistema jurídico interno. […] Parece una ficción. Pero, empresas como la minera Doe Run, amparados en estos acuerdos ya están denunciando al Perú por millonarias sumas

Termino esta primera parte con un video llamado La verdad de Tía María, ampliamente difundido en las redes sociales.



Otras lecturas sobre el tema:

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

 

¿La policía y la prensa se confabulan para criminalizar la protesta en Tía María?

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Foto obtenida de Portal Perú.

El accionar de la policía y la prensa peruanas, o al menos de una parte de ellas, quedó en entredicho la semana pasada luego que el diario Correo Arequipa publicara un informe fotográfico sobre las protestas de agricultores contra el proyecto Tía María. En una de las fotos se veia a un manifestante siendo arrestado por la policía con unos fierros pequeños en la mano. El texto que acompañaba a las fotos decía: «se puede apreciar a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante».

Sin embargo a las pocas horas el pequeño medio MollendinosTV-Islay TV difundió un video que denuncia dicha foto como «Complicidad entre Policias y Prensa ( EL CORREO) contra de Antonio un Agricultor». En efecto, en el video se ve que un policía se acerca con los fierros en la mano al manifestante arrestado y le obliga a tomarlos, momento en el cual un fotógrafo aprovecha para capturar el instante. Cabe indicar que el diario Correo Arequipa publicó también dicha noticia y luego borró de su sitio web la nota original.

El mencionado video de MollendinosTV-Islay TV tomó por asalto las redes sociales a nivel nacional y disparó el debate sobre la ética de este tipo de acciones por parte de la policía y la colusión de la prensa. El video muestra paso a paso cómo se realiza el «sembrado» de evidencia al manifestante capturado, desde que lo traen del lugar de protesta hasta que se lo llevan en una camioneta policial.

Entre los mas de mil comentarios al video, el del usuario balletperu.blogspot.com resume el sentimiento de la mayoría:

Qué vergüenza, policía y fotoperiodista haciendo porquería de su labor. Soy de Mollendo, sí me gustaría proyectos y progreso para mi ciudad natal, pero no de esa manera, con injusticias y engaños […]

El periodista y antropólogo Alberto Niquen opina que «lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado». Al respecto reflexiona:

Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.

La Defensoría del Pueblo tomó rápidamente acción sobre el asunto, tal como se manifiesta en los siguientes dos tweets. El primero, de la congresista Verónica Mendoza, difunde un oficio de la Defensoría al Ministro del Interior, y el segundo, de la propia Defensoría, da cuenta de las acciones tomadas.

Aunque el Director de la Policía Nacional ha anunciado una profunda investigación al efectivo al que se ve ‘sembrando’ el arma al manifestante, y el diario Correo Arequipa de igual manera se disculpó con sus lectores y anunció una investigación interna para depurar responsabilidades, el debate no ha cesado.

El periodista Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros analiza la contradicción en la que se encuentra inmersa la policía cuando tiene que ejercer sus funciones en los los conflictos campo-mina, sobre todo en el caso de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales):

[…] tanto la Dirección como sus efectivos, trabajan buena parte de su tiempo como seguridad privada de las minas, ganan dinero por eso, el policía y sus jefes, y en muchos casos terminan dependiendo de él. De manera que cuando son movilizados frente a conflictos como el de Tía María, actúan como una inestable combinación de agentes del Estado y fuerza de choque de las mineras. Porque son las dos cosas a la vez. […] ¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas.

Luego la atención pública pasó a la identificación del fotógrafo que había tomado la controvertida foto.

El fotógrafo Julio Angulo se vio en necesidad de dar la cara y su versión de los hechos, así como la historia de la cuestionada foto. Según el efectivamente se encontraba cubriendo las protestas y cuando oyó que un policía llamaba se acercó y tomó fotos sin saber muy bien a qué. «He corrido porque oí su voz, vengan, miren, no sabía qué tenía en sus manos, en ese momento sólo miraba a todos lados, buscando proteger mi integridad, sin perder las fotos […] Todo era muy confuso, nunca pude percatarme de ese hecho».

Aunque se disculpó con Antonio Coasaca, manifestante al que le siembran las armas, y lamenta el uso dado a su foto, de lo cual añade que no es responsable, aclara que desconoce como fue que el diario Correo Arequipa publicó las fotos dado que el en ese momento se encontraba trabajando para el diario El Comercio y es a ellos a quienes les envió las fotos tomadas de la jornada.

Juan Carlos Fangacio, periodista, analiza las declaraciones de Angulo, sobre todo cuando dice que no se percató de la maniobra de la policía y que «Un fotógrafo que está en una situación así reacciona tomando fotos, no se detiene a otra cosa».

Lo que dice, da para la discusión. ¿Realmente un fotógrafo solo dispara su cámara en una situación como esa? ¿Las cuestiones éticas o editoriales vienen después? ¿O pueden evaluarse durante el calor del trabajo? Con esa línea tan delgada entre lo que es correcto e incorrecto, la única verdad yace en la conciencia de Angulo.

Y concluye:

Angulo ya ofreció disculpas y dio su versión (creerle o no es cuestión de cada uno). Lo cierto es que la cuerda siempre se rompe por el lado delgado. Y en ese caso, todavía hay muchos que deben explicaciones. Sobre todo los de arriba.

Mientras tanto las protestas contra Tía María prosiguen, al igual que la represión a la protesta, que ya ha causado un muerto. Los intentos de diálogo se ven continuamente rotos y no hay solución a la vista aún.

Un muerto en el segundo día de protestas en Pichanaqui contra Pluspetrol

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Volante convocando al paro en Pichanaki. Imagen del Tweet del usuario @fedepariona.

Y la que parecía ser una protesta paralela y menor contra la petrolera Pluspetrol, comparada con la protesta en Loreto relacionada al Lote 1AB, terminó generando un muerto el día de ayer en la ciudad de Pichanaqui, en Junín.

La protesta, un paro indefinido organizado por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki (región Junín), constituido en su mayor parte por agricultores y dirigentes campesinos, tiene como principal punto de reclamo el rechazo a la pretensión de la empresa Pluspetrol de instalarse en el Lote 108, pero también piden la derogatoria de la Ley 30230 y el cierre de la empresa minera SIMSA y la empresa Edegel, por los daños medioambientales que ocasionan en la zona.

En el primer día del paro, que es la continuación de las protestas realizadas el año pasado por los mismos motivos, los manifestantes, en un número aproximado de 5000, bloquearon la Carretera Central a la altura del ingreso a Pichanaqui con piedras y troncos, así como otras vías de ingreso a la ciudad. Según algunos medios el paro fue acatado parcialmente a nivel provincial pero en la ciudad llegaba al 95% de acatamiento.

En el segundo día del paro, los enfrentamientos producidos entre la policía y los manifestantes cuando estos últimos ingresaron a las instalaciones de Pluspetrol, dejaron un saldo de un muerto y aproximadamente 30 heridos. Similar número de policías también quedaron heridos cuando los manifestantes atacaron el cuartel policial de Pichanaqui.

La empresa Pluspetrol por su parte dio a conocer que no mantiene instalaciones en la zona, y que el ejército le ha facilitado un sitio para almacenar sus equipos de exploración en el Lote 108.

Durante el tercer día de paro, los manifestantes volvieron a atacar el local policial. Ante estos hechos violentos, el gobierno, a través de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), manifestó que enviará una comisión técnica de alto nivel para reunirse con autoridades de la zona.

El Ministerio del Interior mediante un comunicado ha manifestado que la policía no ha hecho uso de armas de fuego para reprimir la protesta, tan solo de varas y gases lacrimógenos.

Sin embargo las plataformas de comunicación alternativa Guerrilla Audiovisal y Radio Bomba han recogido testimonios en los que se informa que la policía está lanzando bombas lacrimogenas, disparos con perdigones y armas de fuego, además de impedir el pase de ambulancias para atender a los civiles heridos, así como negando el acceso al hospital de la ciudad.

El siguiente video subido a YouTube por el usuario Richard NQ nos da una idea de cómo reprimió la policía a los manifestantes:

De continuar el paro y bloqueo de carreteras puede terminar afectando a la población de Lima, pues Pichanaqui y las zonas aledañas producen mucha de la fruta y vegetales que se consume en la ciudad capital. Se espera que el conflicto no escale a una mayor envergadura debido a la presencia de la comisión de diálogo de la PCM, que ya se ha reunido con algunos representantes de los manifestantes pero sin conocerse aún algún resultado.

Nueva marcha contra la #LeyPulpin fue multitudinaria, pero el gobierno no se inmuta

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Imagen obtenida de este tweet de @cosmosvisual.

Luego de una primera manifestación el 18 de diciembre, ayer 22 se realizó la segunda marcha de los jóvenes contra la denominada #LeyPulpin o formalmente:  Ley N° 30288 «Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social”.

El Ministro del Interior había anunciado que esta vez, para evitar acusaciones de violencia innecesaria, los policías no portarían armas e irían de guantes blancos a resguardar el orden, pero también indicó que entre otras medidas se solicitaría el DNI a los manifestantes por motivos de seguridad, lo cual luego fue desautorizado por la Premier Ana Jara:

Durante los días previos el debate sobre los supuestos beneficios y perjuicios de la controvertida ley estuvo a la orden del día en noticias, columnas de opinión y medios sociales, donde las posiciones van desde el pragmatismo empresarial que declara que debe contar con ciertos incentivos para contratar jóvenes inexpertos y poco capacitados, a la defensa irrestricta de los derechos laborales por parte de activistas y los propios jóvenes que se ven compitiendo en desigualdad de condiciones. El gobierno por su parte no ha asumido una posición dialogante y ha hecho una defensa cerrada de la ley.

El blogger Marco Sausa parece haber seguido las instrucciones presidenciales y escribe respecto a la ley que «al inicio la rechacé, hasta que me informé un poco mejor y la acepté». Explica:

para empezar esta norma no está dirigida para los jóvenes que gracias a sus estudios, prácticas pre o pro profesionales, intercambios, estudios extracurriculares, entre otras preparaciones académicas, sí son más empleables, en ese sentido ellos sí pueden postular a un régimen laboral de su conveniencia porque quizás las oportunidades y su empleabilidad lo permite. Mientras que para los que no tienen estas mismas oportunidades o ya se encuentran bajo un sistema informal, esta norma les otorgará beneficios sociales y laborales, es decir, horas extras, 15 días de vacaciones, derecho a su liquidación, ingreso a la planilla y con ello al sistema financiero y si bien no tienen los otros beneficios laborales o algunos están recortados, pues estos son compensados por la capacitación, que por su condición y por lo caro que puede ser estudiar en el Perú, compensa en cierta medida este desequilibrio.

Desde la otra orilla, Louis Davelouis anota varios puntos de la campaña de (des)información del gobierno sobre la ley, y los responde uno por uno. Entre ellos comenta sobre el tema de a quién va dirigida la ley y a quienes afecta:

La Ley es para todos los jóvenes que estén al menos 90 días sin trabajar o para los que nunca han trabajado, sí, pero también afectará a quienes ya tienen empleo, incluso a aquellos que estén por encima del rango de edad. ¿Por qué? Porque el grupo de jóvenes de entre 18 y 24 años creado por la nueva ley será más competitivo por precio. […] En realidad, la ley afectará a quienes están en planilla en la medida que los contratos no se renueven o se produzcan despidos. En los empleos de baja productividad, los jóvenes mayores de 24 deberán competir con jóvenes más baratos por los mismos puestos. Bajar la valla de un piso afecta a todo el escalafón del empleo de baja productividad…

Toda esta discusión, que no se limita a lo expuesto por cierto, parece haber motivado a más jóvenes a dejar sus hogares, centros de estudios y laborales y salir a protestar. El día 22 se concentraron inicialmente cientos de jóvenes en la Plaza San Martín y el Campo de Marte, dos lugares céntricos de la capital, y luego de un intento de llegar al congreso, enrrumbaron de manera pacífica, en una cantidad que ya superaba los varios miles, por la avenida Arequipa rumbo a San Isidro y luego Miraflores.

Aunque en la marcha anterior los muchachos también se dirigieron a Miraflores, algo que no es muy usual en las marchas de protesta, que suelen estar circunscritas al centro de Lima, esta vez los chicos decidieron añadir una ruta más a su recorrido y enfilaron por las calles de San Isidro rumbo al local de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), organización que se rumorea propulsó la dación de esta ley.

Cuando finalmente la marcha alcanzó el distrito de Miraflores eran varias cuadras de jóvenes desplazándose, con estimados de entre 15 y 20 mil marchantes, que durante varias horas paralizaron el tráfico vehicular en diversas avenidas de la capital, lo que originó quejas de algunos usuarios.

Luego de un rato la marcha se dividió por varias rutas y una de ellas regresó a la Plaza San Martín, que está a unas 70 cuadras aproximadamente. Los manifestantes luego de reunirse cantaron el himno nacional y dieron por terminada la actividad. Sin embargo luego de eso se produjeron algunos hechos de violencia entre policías y algunos elementos que la propia policía calificó de infiltrados.

En el campo político se empiezan a sentir las primeras reacciones a estas protestas. Algunos de los congresistas que votaron la ley han retirado su voto, mientras que otros han propuesto un proyecto para que la ley sea mejorada. Sin embargo no se ve aún señales de cambio por parte del ejecutivo.

El sitio web satírico El Panfleto, se puso serio y de alguna manera resume lo que varios piensan sobre esta protesta:

Aunque parezca exagerado, la distancia que separa nuestra carrera universitaria de haber sido peones de una hacienda, a la orden de un omnipotente gamonal, es muy corta. Y […] hubo muchos procesos que nuestros padres, abuelas y bisabuelas llevaron adelante: tomas de tierras de haciendas, creación de escuelas rurales por parte de las comunidades, frentes de defensa, huelgas generales e invasión de barriadas, que pretendieron que las descendencias, nosotros, no suframos lo que ellas y ellos sí. Chibola pulpín, ese Ipad que tienes en las manos, esa pensión universitaria depositada puntualmente, costaron décadas de luchas. No decepciones a la historia, es tu turno de defender los derechos de tu generación y de los que vengan. Deroguen esa ley.

La #LeyPulpin enfrenta al gobierno y a los jóvenes

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Imagen obtenida del diario El Popular.

La aprobación por parte del congreso y la promulgación presidencial de la controvertida «Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social», la Ley N° 30288, ha terminado enfrentando al gobierno y a los jóvenes del país, pues estos aducen que recorta sus derechos laborales, mientras que algunos especialistas dicen que beneficia más a las empresas que a los jóvenes, a quienes transforma en «mano de obra barata».

La Ley fue publicada en el diario oficial El Peruano el pasado martes 16 de diciembre, y crea un régimen laboral especial y opcional, para que las empresas puedan contratar jóvenes de entre 18 y 24 años mediante los denominados «contratos laborales juveniles».

En el blog de Iriarte & Asociados explican que este régimen laboral «contempla beneficios socio-laborales reducidos por un periodo específico de tiempo» y está dirigido a jóvenes que van a trabajar por primera vez y a los que tengan por lo menos 90 días desocupados. Añaden que:

– Las empresas que contraten mediante este régimen especial tendrán derecho a un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta, equivalente al monto del gasto de capacitación de los jóvenes contratados, siempre que no exceda del 2% de la planilla anual de trabajadores del ejercicio en que se devenguen los gastos realizados.

– Para el caso de aquellas micro y pequeñas empresas que contraten jóvenes a través del régimen especial, el Estado será el responsable de asumir durante el primer año de labores del personal la cotización correspondiente al seguro social de salud, siempre y cuando ingresen por primera vez a la planilla electrónica y se contrate a este personal por 1 año como mínimo.

Muchos sin embargo no están de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y creen que generará más volatilidad en el sector laboral y vulnera los derechos de los trabajadores, e incluse les reduce el sueldo como demuestra el periodista César Romero:

Por otra parte el historiador Daniel Parodi Revoredo señala:

si me dices que frente al sector informal, que no paga absolutamente nada, el sector formal es caro; te responderé que claro que lo es, porque siempre será más barato no pagar ningún beneficio. Por eso me pregunto si todo esto trata simplemente de reducirle sus derechos a los jóvenes porque luego existe la alternativa de contratar en negro. Más bien, yo creo que esto pasa por un tema de civismo, de cultura tributaria, y por la fiscalización del Ministerio de Trabajo al sector informal.

Manuel Angelo Prado comenta acerca de la mención presidencial a que los jóvenes pagan «derecho de piso» para ingresar al mercado laboral, y recuerda que este concepto asume que el jóven trabajador debe aceptar algunos abusos e injusticias para poder luego ser un trabajador de pleno derecho. Luego reflexiona:

Lo más resaltante sobre la polémica que se ha armado alrededor de este nuevo régimen laboral no son las opiniones discrepantes de nuestros políticos sino su coincidencia en la visión conservadora de cómo debe ser la inserción laboral de un joven: un ciudadano que primero tiene que ‘pagar derecho de piso’ para que se le reconozcan sus derechos. Lamentable.

Otros creen que se debe ser más prácticos y reconocer que la situación laboral del país necesita medidas simples y pragmáticas. Dante Bobadilla en Voz Liberal del Perú cree incluso que debería revisarse el concepto de «estabilidad laboral», y en cuanto a la ley comenta:

se le plantea a las empresas que contraten jóvenes sin tener que pagarles CTS ni gratificación. Por su parte el Estado se hará cargo del pago de ESSALUD. Es una medida opcional y de emergencia para evitar el paro juvenil que alcanza a 4 de cada 5 jóvenes. Acá lo que se quiere es que los jóvenes tengan un empleo. Algo para empezar. ¿No es una gran idea? Claro que sí. Pero para el progresismo no lo es.

El progresismo ha puesto el grito en el cielo porque se atenta contra uno de sus íconos más sagrados: los derechos laborales […] una de las razones (si no la única) de que los jóvenes no tengan empleo es que son muy costosos para cualquier empresa. No tienen experiencia ni referencia alguna y son hasta un riesgo potencial. Por eso las empresas prefieren contratar gente mayor, si al final van a tener que pagar lo mismo. El resultado: desempleo juvenil.

Pero gran cantidad de jóvenes, el público objetivo de esta ley, decidió que la misma no era de su agrado y decidieron protestar contra ella. En Facebook se organizaron varios eventos convocando a una marcha de protesta el jueves 18 de diciembre con punto de reunión en la Plaza San Martín. En las redes sociales se le bautizó como #LeyPulpin, haciendo alusión a una bebida llamada «Pulp» dirigida al público infantil.

Finalmente el día señalado se reunió un apreciable grupo de jóvenes, algunos dicen que 3,000 otros 15, 000, que a pesar de las fuertes medidas de seguridad dispuestas, más que cuando hay desmanes de las barras bravas, marcharon por diversas calles de Lima, no sin enfrentamientos con la policía. A continuación algunos de los muchos tuits enviados desde la marcha:

Polémica por mensaje de Greenpeace en las líneas de Nasca

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Imagen tomada del diario La República.

Una reciente acción de protesta realizada por la ONG ambientalista Greenpeace en el área arqueológica de las líneas de Nasca ha generado amplio rechazo en la sociedad peruana.

Activistas de diversos países de la organización Greenpeace colocaron el pasado 8 de diciembre unas letras de gran tamaño en la zona cercana al geoglifo del colibrí, con el mensaje: «Time for change! The future is renewable Greenpeace» (¡Tiempo de cambio! El futuro es renovable. Greenpeace), con el propósito de llamar la atención a los asistentes a la COP20 que se está desarrollando en Lima.

A través de su cuenta oficial de Twitter difundieron fotos del proceso de colocación del mensaje:

Greenpeace también difundió su intervención vía Facebook, donde a pesar de los más de 6000 «me gusta» conseguidos por su publicación, no dejaron de recibir críticas de varios peruanos indignados. Por ejemplo el abogado Erick Iriarte comentó:

Ninguna lucha x #dddh puede violar #ddhh (y nuestros derechos culturales a nuestra historia, son derechos humanos). Luchar violando derechos termina siendo contraproducente. Todos luchamos x que lideres tomen decisiones, pero no tienen ningun derecho a violar mi historia, la historia de mi pueblo, de mis hijos, de mis padres, Y que ustedes crean que caminar sobre zona arqueologica no es dañarla, les informo que tambien la dañan y ciertamente que el kilometro que caminaron para llegar a zona dejaron sus huellas, removieron espacio, y alteraron el, precisamente que defienden, medioambiente.

La Asociación María Reiche, que toma su nombre de la arqueóloga germano-alemana que dedicó su vida a investigar las líneas de Nasca, comentó:

Las líneas de Nasca están en un área restringida donde no se permite la entrada, sin una razón. La figura del Colibrí está a casi 1 km de la carretera más cercana junto con otras miles de líneas entrecruzadas hasta llegar a esa área. ¿Pueden asegurar que no ocurrió ningún daño, considerando que llegaron al lugar cuando todavía estaba oscuro? El desierto de Nasca tiene algunas docenas de figuras pero miles de líneas incluso más impresionantes.

A lo cual Greenpeace respondió:

Le podemos asegurar que absolutamente ningún daño fue realizado. El mensaje estaba escrito en letras de tela que se dejaron en el suelo sin tocar las líneas de Nazca. Fue evaluada por un arqueólogo experimentado, garantizando que ni siquiera un rastro fuera dejado atrás.

Pero no todos estaban de acuerdo con la aseveración de Greenpeace.

Podría parecer que caminar sobre las líneas no es algo muy grave, pero hay que conocer cómo están hechas estas líneas para tener una idea del daño, así pues ¿por qué son tan frágiles las líneas de Nasca? el geólogo Patricio Valderrama explica:

La pampa de Nazca está compuesta por una finísima capa de material aluvial de origen granítico-volcánico de color rojizo (provenientes del Batolito de la Costa). Este nivel está sobre un nivel de arena gris clara, entonces, si “remueves” la capa superior, expondrás la capa inferior permanentemente, es este contraste de colores lo que permitió que los antiguos Nazca dibujaran sus lineas: haciendo surcos.

Luego de conocerse la noticia representantes del estado tomaron acción.

Tras esta inspección realizada por representantes del Ministerio de Cultura, el mismo ministerio procedió a denunciar a Greenpeace ante la Fiscalía por los daños ocasionados al patrimonio arqueológico. El presidente de la comisión de cultura del Congreso de la República pidió además se detuviera a los activistas responsables. Ante esto, Mauro Fernández, coordinador de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace, declaró que se ponía a disposición del Ministerio de Cultura y de la justicia peruana para “resolver cualquier inconveniente”.

La organización también ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por la intervención. Sin embargo el viceministro de Cultura manifestó que estas disculpas no han sido aceptadas.

Por otra parte, Hernán Hurtado del Colectivo Defensa del Patrimonio, comenta en el blog Qollur Arqueología que «Greenpeace debe ser nombrada institución non grata», pero además incide en la problemática del área arqueológica:

Este reciente y lamentable atentado, sirva para tomar medidas más eficaces en salvaguarda de nuestro patrimonio arqueológico. En tal sentido exhortamos al Ministerio de Cultura a redoblar esfuerzos en la defensa, protección y vigilancia de las pampas de Nasca y Palpa que son víctima constante de invasiones, huaquería y minería ilegal.

De hecho hace pocas semanas se conoció que un grupo de invasores de tierras se había apoderado de los sectores Cerros Altos y Huaca La Calera II que también forma parte de la zona arqueológica de Nasca. Empero, la denuncia incluía al Ministerio de Cultura por su desidia para tomar acción en este caso, aún cuando la intervención incluyó el uso de maquinaria pesada. Además las redes sociales no se hicieron mucho eco tampoco de lo sucedido. Tal como manifiestan irónicamente en este tweet:

Pero, nuevamente, tampoco hay consenso en esto entre los usuarios de las redes sociales:

Pero más allá del debate, se espera que haya una mayor protección de parte de las autoridades al patrimonio arqueológico en general, y que no reaccionen sólo cuando el contexto mediático los obliga a ello.