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La marcha de 296 kilómetros por los niños contaminados con plomo de Cerro de Pasco

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Cerro de Pasco, la ciudad y el tajo abierto. Imagen obtenida de la página Facebook de La Última Reina.

La región de Cerro de Pasco, en los andes centrales del Perú, es una tradicional zona minera, con ricos yacimientos cuya explotación se remonta al siglo XVI, al inicio de la época colonial. Actualmente hay unos 14 yacimientos mineros operativos con apreciables niveles de producción en la zona. Sin embargo, esta riqueza de la tierra pasqueña no es disfrutada por la mayoría de habitantes de la región. De hecho estadísticas del año pasado muestran que los años 2013 y 2014 Cerro de Pasco fue la región que registró mayor incremento de la pobreza.

Por otra parte, la actividad minera pareciera no tener control y contamina rios, campos y ciudades, además, la gran cantidad de años de explotación minera han dejado una gran cantidad de pasivos medioambientales en la región. En el caso específico de la ciudad de Cerro de Pasco, la minería la ha afectado doblemente, tanto por la contaminación como por el tajo abierto de la mina en medio de la ciudad que continua creciendo y desapareciéndola.

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Imagen obtenida del blog Tomate Colectivo.

Es en este contexto que la población y autoridades del distrito de Simón Bolívar, de la ciudad de Cerro de Pasco, aprobaron el pasado 5 de setiembre realizar una marcha de sacrificio a Lima el 17 de setiembre como medida de protesta ante la desatención del Gobierno Central respecto al caso de los niños lugareños contaminados con altos índices de plomo en la sangre, un caso que lleva 4 años sin solución, así como por el decreto de emergencia ambiental emitido el año 2012 y que no se ha hecho efectivo hasta el momento.

Asi pues, el día jueves 17 de setiembre se dio inicio a la marcha, liderada por el Ing. Zumel Trujillo y conformada por 58 caminantes y un número indeterminado de personas que los acompañaron hasta la localidad de Colquijirca. El día 18 pasaron por el pueblo de Ninacaca. El día 19 por Carhuamayo, ya en la región Junín, recibiendo apoyo de las autoridades y pueblo de la zona. El día 20 pasaron por Ucco y también por Junín.

El día 21, en el camino hacia La Oroya, hubo algunos roces con la policía, lo cual se repitió al día siguiente, 22, a la altura del poblado de Paccha y a la entrada a La Oroya. El día 23 la policía se mostró más agresiva, llegando a herir a uno de los marchantes. Finalmente la jornada se saldó con 3 marchantes heridos más a manos de la policía, que se produjeron cuando los manifestantes bloquearon la Carretera Central, la vía por la cual se desplazaban, para descansar.

El día 24, luego de pernoctar en la localidad de Morococha, atravesaron Ticlio, ya en la región Lima, que es uno de los puntos más altos de la Carretera Central, a 4,818 msnm. El día 25 pasaron por Casapalca y Chicla, llegando el día 26 a San Mateo. El día 27 pasaron La Cascada y Corcona, y el 28 ya se dirigían a Chosica y Chaclacayo.

El día 29 los marchantes atravesaron la localidad de Ñaña. En las inmediaciones de Huaycán, se registraron nuevos incidentes con la policía. En la zona de Santa Clara, ya en la entrada a la ciudad de Lima, se produjeron más enfrentamientos que arrojaron 2 heridos. El pelotón de los 58, como se llamaban a si mismos los marchantes, llegó a Ate Vitarte, un distrito de Lima en horas de la noche.

El día 30 de setiembre, ya en Lima, el representante de los marchantes y alcalde del Distrito de Simón Bolívar, Ing. Zumel Trujillo, fue recibido por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Esa noche los marchantes acamparon en la Av. Abancay en el centro de Lima.

El 1 de octubre los marchantes recorrieron diversas calles de Lima con destino a la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno, sin embargo en el camino fueron varias veces bloqueados por fuertes contingentes policiales. Finalmente fueron recibidos por el pleno del Congreso y en horas de la tarde los dirigentes de la marcha sostuvieron una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros. Dado que dicha reunión terminó en horas de la madruada recién al día siguiente, 2 de octubre, la dirigencia informó al grupo de marchantes sobre los pormenores de la misma. Dándose a conocer luego el acta suscrita en dicha reunión.

Entre los puntos acordados figuran que el Ministerio de Salud se haga cargo de la atención de los niños de la zona, realizando una evaluación clínica de los 2000 niños anteriormente evaluados por otra institución. También se procederá a una evaluación técnica del  lugar donde se construirá la Clínica de desintoxicación y Laboratorio toxicológico. Se construirá además un centro de salud en la localidad de Paragsha, evaluándose la construcción de centros de salud en otros poblados. Por el lado del medio ambiente, se acordó supervisar los cierres de áreas de desmontes, relaves y lagunas pendientes de realizar, así como realizar la neutralización de fuentes de aguas ácidas, y continuar con las fiscalizaciones correspondientes.

Los medios limeños hicieron eco de la marcha y de los casos de los niños enfermos por la contaminación y la presencia del plomo en su sangre en varios programas los ultimos días. Sin embargo a decir de Elizabeth Lino, la activista detrás de La Última Reyna, un proyecto para visibilizar toda esta problemática de la ciudad y la población de Cerro de  Pasco, si bien «se logró poner (el tema) en agenda mediática y política… casi todos los canales cubrieron, hasta Telesur hizo una nota, el PROBLEMA es que se habla más de los «niños con plomo» y se dice poco de los pasivos ambientales, que a fin de cuentas es lo que genera todo».

El proyecto de comunicación popular Tomate Colectivo, registró algunos momentos de la marcha a su paso por Lima y entrevistó a una de las marchantes. Acá su testimonio:

Espacio abierto, otro colectivo de comunicación alternativa, realizó también un reportaje sobre la marcha de sacrificio en Lima, añadiendo en su publicación que «Nos queda claro que las maniobras de la prensa, los medios y el Estado no cesarán en deslegitimar las historias, las demandas y la justa lucha que estxs compañerxs vienen a permitirnos conocer, sin embargo creemos que es posible establecer una comunicación por otros medios posibles, una comunicación real sin intermediarios».

Para terminar, César Sáenz Suárez escribe en su blog sobre aspectos quizás poco conocidos de la problemática pasqueña, por ejemplo que la población tiene menos acceso al agua que la minera, que la contaminación se produce por la negligente producción minera, entre otros, y finalmente reflexiona sobre Cerro de Pasco:

Las condiciones de vida son difíciles. Es increíble como este lugar aporta tanto a la economía nacional y sus habitantes carecen de servicios básicos. Han utilizado una laguna artificial como relleno sanitario. Utilizan este espacio como desague en cuyo alrededor viven personas. Este lugar es un foco infeccioso de alto riesgo. Los habitantes de este lugar no pueden seguir recibiendo la indiferencia del estado y la ciudadanía. Requieren la atención y solución de sus demandas. […] Uno no puede permanecer indiferente con la salud de los niños.

Enlaces de interés:

Niños con plomo en la sangre en Cerro de Pasco, documental subido a Youtube.
El círculo minero de la infracción, investigación de Convoca.pe.
La tarifa plana de la gran minería, investigación de Convoca.pe.
Estrategia Corporativa, investigación de Convoca.pe.
Señores turistas vengan a visitar el tajo abierto, Video premiado por el proyecto VideoActivo de Global Voices en la categoría Medio Ambiente.

Las protestas contra el proyecto minero Las Bambas

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Protesta en Las Bambas. Foto obtenida de la web de NTN24.com.

Otro conflicto minero ganó titulares en el Perú los ultimos días. Los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau en la región de Apurímac iniciaron el pasado 25 de setiembre un paro de protesta contra el proyecto cuprífero Las Bambas. Estas protestas derivaron en enfrentamientos con la policía que el día 29 ocasionaron 3 muertos y varios heridos entre los manifestantes. Lo cual ocasionó que ese mismo día se declarara el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros.

El proyecto minero fue vendido en abril del año pasado por la empresa Glencore Xstrata a un consorcio liderado por MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp. en un monto aproximado de US$ 5,850 millones. Mientras por un lado el proyecto tiene una gran importancia económica para Apurímac, pues se calcula que la región recibira unos 300 millones de soles al año por concepto de canon minero una vez entre en operaciones, por el otro ha creado serias inquietudes en la población lugareña respecto a la contaminación ambiental que produciría.

Las principales objeciones al proyecto tienen que ver con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que aducen, fue inconsultamente modificado, y el desconocimiento por parte de los nuevos administradores de los compromisos asumidos por Glencore Xstrata. Por estas y otras razones los manifestantes exigen la demolición de la Planta de Molibdeno, de la Planta de Filtros y del Almacén de Concentrados, por ser contaminantes y porque la propuesta inicial consideraba su construcción en otra zona. Tambien piden la renuncia y retiro de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas por corromper a los dirigentes comunales en favor de la empresa, y finalmente la presencia de altos funcionarios de la empresa minera y de representantes del Gobierno para negociar sus pedidos.

El enfrentamiento de los manifestantes con la policía el día 29 empezó a las 3 de la tarde cuando un gran grupo de comuneros realizaba una marcha por los alrededores del campamento minero, y un grupo de ellos trató de ingresar a la fuerza al campamento principal de la empresa MMG, a lo que la Policía respondió con bombas lacrimógenas. Esto desató la violencia entre los 10 mil comuneros y 3 mil efectivos de la Policía y el Ejército. Luego se conocería que los muertos ascenderían a 4 y que habría 8 policias heridos.

La respuesta del gobierno a esta violencia fue decretar el estado de emergencia, mientras que el ministerio de Energia y Minas comunicó que los cambios en el EIA no son sustanciales y se hicieron oportunamente de conocimiento de las autoridades locales, que era lo que correspondía. El Premier, por su parte, declaró que el proyecto minero de Las Bambas no se detendría.

Al día siguiente, 30 de setiembre, la protesta se suspendió por 48 horas a la espera del inicio del diálogo con el gobierno. Asi pues el 1 de octubre en Lima, representantes del gobierno y alcaldes de la provincia de Cotabambas, acordaron instalar una mesa de diálogo, lo que implica que el lunes 5 viaje un equipo técnico a Cotabambas, y el dia 6 lo haga la Comisión de Alto Nivel de Ministros.

A pesar de este desenlace más o menos rápido, la impresión de que el gobierno actúa solo cuando la violencia se desborda se mantiene. En el blog Emancipación, de Escuela Permanente, opinan:

¿El gobierno atendió la queja de la población y la solicitud de diálogo expresada ya hace más de seis meses? No. Ante ese escenario, y agrupados en el Frente de Defensa de Cotabambas, la población optó por la protesta y la respuesta ha sido una represión de gran violencia, […] Nuevamente, se hace evidente que los sucesivos gobiernos nacionales no buscan escuchar a la población. Más aún, la ningunean. La todopoderosa inversión privada siempre se impone sobre quienes tengan la osadía de cuestionarla. Para los empresarios: protección policial incondicional. Para los que protestan luego de tanto atropello: balas de esa misma policía.

El periodista Carlos Noriega reproduce en su blog parte de la conversación telefónica que sostuvo con Rodolfo Abarca, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas:

“No somos antimineros, nosotros estamos a favor que continúe el proyecto minero Las Bambas, pero exigimos que se mantenga el proyecto original, rechazamos los cambios que no se nos consultaron y nos perjudican […] (la planta de molibdeno) va a afectar nuestro abastecimiento de agua por el agua que necesita esa planta y además va a contaminar el aire. Nosotros rechazamos ese cambio y por eso es la protesta”.

Desde otra óptica, Juan Mendoza, invitado en el blog Economia aplicada del diario Gestión, opina básicamente que todo el problema es culpa de los antimineros que azuzan a la población desinformada y que las protestas buscan presionar a la empresa en busca de beneficio económico. Opina además que la respuesta del actual gobierno es muy debil y le propone al nuevo gobierno que asuma el proximo año:

revisar el proceso de descentralización con la finalidad de evitar que el canon minero siga siendo un botín que capturar. En particular, debemos contar con un mejor diseño de instituciones y mecanismos para que un mayor número de personas se beneficien con mayor rapidez de la explotación minera. Este nuevo diseño debe buscar que las personas perciban, de forma clara, cuál es el aporte de la actividad minera al incremento de su bienestar. Sugiero, asimismo, que este diseño considere y potencie las positivas, aunque limitadas, experiencias de las contribuciones mineras voluntarias y del programa de obras por impuestos.

Finalmente en el blog de NoticiasSer, la antropóloga Fabiola Yeckting hace un completo recuento de la historia del proyecto minero, concluyendo que a lo largo del mismo «se mantiene una constante en las demandas sociales: Se pide cuidado de los recursos naturales, el acceso a las fuentes de agua y evitar la contaminación». Y añade:

esta historia tiene algunas lecciones que se pueden enlazar con las de los otros conflictos en el país, con la falta de institucionalidad sobre la gestión de los recursos, la flexibilizaciónen el cumplimiento de los procedimientos, ya su vez, con los diferentes momentos en los que se posterga la toma de decisiones de las poblaciones afectadas por los proyectos, que se organizan para protestar. […] La promesa de este gobierno, largamente postergada para Cotabambas, de darle la potestad de gobernar sobre sus territorios después de años de haber sido olvidados,debe cumplirse.