En la edición de hoy del diario La República, un artículo nos da distintas perspectivas sobre el saldo de las recientes protestas socioambientales en el sur del país frente a la minería: Tía María (de la Southern) en Arequipa, Newmont en Tacna y diversas concesiones mineras en Puno han debido de suspender sus proyectos por las violentas protestas de las comunidades. Y estos no son los únicos casos, aunque sí los más conocidos, también están la Minera Santa Ana ( de la Bear Creek Mining Company) en Huacullani, y la minera Huacoto en Orurillo, ambas en Puno, que se han retirado por motivos similares. Sin embargo esto que puede percibirse como una victoria para las comunidades puede ser visto de otra forma. Un representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna señala: “Se puede pensar que con protestas se consiguen las cosas. Las protestas atentan contra los derechos de otros.” Y un representante del MEM dice: “Veo una articulación mayor de entidades que están tras estas movilizaciones. No es casual una movilización numerosa que requiere de recursos.” Complementariamente resulta interesante leer este informe de Corpwatch en Scribd: Las Comunidades Responden a Las Mineras, y este pequeño estudio de «Impacto Ambiental de la Actividad Minera» (PDF) en Chile.