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Nuevo proyecto de ley atentaría contra la libertad en internet

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Con el ánimo de proteger a los niños peruanos, el congresista Omar Chehade ha presentado el Proyecto de Ley «Ley de protección del menor de contenidos pornográficos en internet». Sin embargo según algunos expertos, este proyecto podría terminar restringiendo la libertad en internet para todos sus usuarios.

El proyecto de ley N° 2511/2012-CR fue presentado a trámite documentario del Congreso de la República el 22 de julio pasado con el aval de la bancada nacionalista (el partido de gobierno). En sus considerandos manifiesta que es deber del estado proteger a los niños y adolescentes, que éstos enfrentan riesgos en el uso de las nuevas tecnologías que «atentan contra su libertad sexual» (pag. 1), y que dadas las tendencias de uso de internet por parte de los menores de edad es de un uso creciente y para actividades de ocio, «se hace necesario establecer un marco para protegerlos del ciberespacio» (pag. 7).

Pero lo más preocupante viene cuando en el proyecto propiamente dicho se establece la formación de una Comisión de Protección al Menor de Contenidos Pornográficos en Internet (COPROME) que estará encargada «de seleccionar, con imparcialidad, transparencia y razonabilidad, los contenidos que deberán ser bloqueados por los proveedores de servicios de internet» (pag. 18). Y que además deberá «Monitorear permanentemente los contenidos que circulan en internet para identificar los sitios o servicios que no debieran circular en el ciberespacio» (pag. 19).

Para el abogado Erick Iriarte Ahón este proyecto es netamente de control de contenidos. En su blog explica:

Es un Proyecto de Ley que utiliza como excusa la protección de menores de edad de acceso a contenidos pornográficos para generar mecanismos de control previo de contenidos en los proveedores de servicio de internet. «La COPROME dispondrá de filtros de contenidos a nivel de los proveedores de servicios de Internet, a fin de restringir el acceso a menores de edad a contenidos pornográficos«(art. 17.1). Es decir se creara una Comisión que tendrá que colocar filtros que monitorearan contenidos previamente. Y aquí empiezan las preguntas: ¿Cómo estos filtros determinaran quien es un menor de edad? ¿Cómo se limitará que el contenido filtrado solo sea el de contenido pornográfico frente a un menor de edad, y no contenido que cualquiera desee acceder en cualquier momento? ¿Dónde esta el límite de pasar de control de contenidos pornográficos a control de contenidos políticos, religiosos, sindicales u otros?. Crear un «comité de decencia» como se ha intentado en otros países es un camino a crear un «Ministerio de la Verdad» a lo 1984.

Iriarte además encuentra curioso que este proyecto se presente en la actual coyuntura de «acusaciones que la Dirección de Inteligencia (#DINI) monitorea la red» y «las expresiones del Congresista Eguren que no se debe gobernar escuchando a los «tuiteros». Añade que:

Es un error tratar de hacer una regulación de este tipo, similar a lo que está buscando Inglaterra y que ha encontrado una férrea oposición (ver: Porn to be Blocked in the UK – “What’s new?” Say Pirate Bay Users), pero en realidad lo que hay que mirar es el intento de USA de crear el Child Online Protection Act (COPA) donde la American Civil Liberties Union (ACLU) fue quien logró que esta ley fuera declarada inconstitucional, un proyecto cuestionado por entidades de sociedad civil que encontraban vulneraban el derecho del acceso a la información y además de libertad de expresión y daban instrumento de control de contenidos al gobierno.

El también abogado Miguel Morachimo cree que el proyecto en su estado actual atenta contra la libertad de expresión, y cuestiona si para restringir el acceso de contenido para adultos a los menores es necesario establecer filtros previos y obligatorios a todo el contenido en Internet. Luego de señalar ciertas falsas premisas que tiene el proyecto de ley, establece algunos problemas en el mismo:

El mecanismo abre las puerta a afectaciones a la libertad de expresión. […] Así, bastaría que alguien diga que vio un material peligros para menores en la página de, digamos, IDL-Reporteros para que contenidos como el reportaje sobre las reuniones de Omar Chehade en Brujas de Cachiche sean sacados de circulación nacional. Dado el volumen de páginas bloquedas, llegaría un punto en el que por más que se tenga acceso a la lista de páginas filtradas esa información no podría ser procesada y monitoreada para prevenir abusos.

[…]

Imagínense a un grupo de siete funcionarios estatales mirando todos los días cantidades alucinantes de pornografía y decidiendo qué contenidos serán prohibidos. Probablemente durante las primeras horas terminaría por censurar páginas como Tumblr, Twitter o Flickr. Esas tres páginas albergan contenidos para adultos y, sin embargo, también son herramientas de comunicación y libre expresión usadas con otros fines. ¿Qué haría en esos casos nuestro Comité Censor de Internet?

Morachimo además elabora algunas posibles alternativas a un sistema de bloqueo de contenidos:

[que] el Estado invite a los proveedores de servicios de Internet a buscar mejores formas de vender y promocionar sus filtros parentales. Obligarlos a que lo hagan gratuitamente sería otra solución complicada porque el costo de su implementación se vería reflejado en los precios que pagamos el resto de usuarios. Sin embargo, sí podrían trabajarse en campañas de comunicación desde OSIPTEL o el MTC que informen a la población sobre dichos servicios. Los operadores podrían ofrecer planes móviles especiales para menores de edad, de la misma manera en que se ofrecen en otros países. Existen muchas formas de atacar este problema que no pasan por restingir las libertades del grueso de los usuarios.

Dada la fecha reciente en que se ha presentado el proyecto, casi coincidiendo con el cierre de la legislatura, todavía hay poco debate sobre el mismo, aunque tanto en Twitter como en Facebook se puede encontrar algunos comentarios bajo la etiqueta #leychehade.

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La primera imagen fue obtenida del sitio web DW.
La segunda imagen fue obtenide del sitio web PCTechNotes.

#Sopacriolla o el duro camino a la regulación de los ISP en el Perú

ISP - Internet Service Provider

ISP – Internet Service Provider

En un post anterior, hablando de la libertad de internet en el Perú y de los intentos de restringirla, comentamos tangencialmente sobre el proyecto conocido como #sopacriolla, una iniciativa del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) supuestamente para reunir aportes a la construcción de una norma sobre derecho de autor y responsabilidad de las ISP (Proveedores de Internet).  Hasta ahí todo bien, salvo por las dudas respecto a qué tan vinculante podría ser el producto final de ese proceso con respecto al proyecto de ley real.

El periodista Bruno Ortíz de Vida y Futuro se ocupó del tema y conversó al respecto con Erick Iriarte, el abogado a cargo de la iniciativa, quien manifestó:

En tres meses, el Gobierno planea tener lista una propuesta legal que permita determinar si los operadores de telecomunicaciones son o no responsables de la piratería online. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha iniciado el proceso de elaboración de una norma que determine los niveles de responsabilidad de los operadores de telecomunicaciones y los gestores de contenido (Google, Yahoo, etc.) por la difusión de piratería en Internet,[…] La idea de crear el texto a partir de una convocatoria pública de opiniones, detalló, es no tener un proyecto como el que se propuso en el Congreso de Estados Unidos (Ley SOPA, es decir Stop Online Piracy Act)

Sin embargo, a los pocos días dicha web estaba fuera de servicio, incluyendo cuentas en redes sociales creadas como soporte. Todo en medio de imputaciones, tanto en medios masivos como en internet, de que la iniciativa era en realidad el pretexto para querer implantar en el Perú una ley al estilo de la tristemente conocida ley norteamericana SOPA, con toda la mala imagen que esto conlleva. La escasa difusión y el difícil horario (8am) que acompañó al cronograma de talleres propuesto para recoger las opinones del público también llevó a que se haga una petición online al MINCETUR solicitando mayor transparencia en este proceso.

Desde su blog Chillinfart lanzó sus dudas sobre la forma en que el MINCETUR manejó esta propuesta:

seamos malpensados, esto pasa a un día de la primera charla sobre la regulación a los proveedores de internet que sugirió el MINCETUR en esa página. ¿Qué pensaban ocultar? […] ¿Con Qué autoridad moral un ministerio piensa hablar de propiedad intelectual cuando desoyó los reclamos al respecto en el TLC con la Unión Europea antes de su firma? Y esto sumado a la censura que dio ese ministerio contra sus propias críticas al TPPA, vemos para donde camina el MINCETUR y con quienes piensa reunirse en esas charlas.

El profesor Eduardo Villanueva va un poco más allá y trata de explicar y evidenciar lo que hay detrás de la relación entre el estado y las empresas de telecomunicación en el contexto de los derechos de autor:

En el caso de las industrias culturales, el problema principal es que varios estados han optado por tragarse una narrativa falaz sobre protección de los creadores intelectuales a cambio de garantizar modelos de negocios obsoletos. […] Sin embargo, hay una transacción de por medio. […] Efectivamente, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos pueden ser protegidas de distintas maneras a cambio de ser agentes privados de la vigilancia estatal.

Miguel Morachimo escribió en Blawyer tratando de precisar lo que este proyecto pretende introducir en la legislación peruana respecto a los ISPs bajo el marco del TLC:

Lo que hay que hacer es incorporar un sistema que señale en qué casos los que provean servicios de Internet (como empresas de telecomunicaciones) o de Internet (como cualquier página web con contenido generado por usuarios) son responsables por las infracciones a los derechos de autor que comenten sus usuarios. Es decir, se trata regular mecanismos de notificación y bajada de contenidos (notice and takedown) similares a los que tienen la mayoría de páginas web. Estos mecanismos permiten a los titulares afectados solicitar que se retire el contenido de la página. En varios casos, si los propietarios de la página reciben estas solicitudes y no lo hacen serán considerados como responsables de la infracción.

En el siguiente video ahondamos un poco más el tema del TLC y los ISP con Miguel:

Mientras tanto se dieron inicio a las reuniones, o talleres programados para los meses de noviembre y diciembre, a fin de recabar las opiniones, sugerencias o cuestionamientos, tanto de las instituciones como de los particulares interesados. Luego de realizado el segundo taller, su organizador, el abogado Erick Iriarte comentó en Facebook sobre las inquietudes que se iban recogiendo:

desde el modelo de aplicacion, hasta temas derechos humanos, libertad de expresion, acceso a la cultura, privacidad, protecion de datos, debido proceso, sumado a integridad de la red, aumentado con temas de no monitoreo ni control previo. Hoy sumaron tambien los temas de en cual «capa» se actuara; costos de transaccion (quien los debe asumir), responsabilidad directa/indirecta/compartida.

A pesar de las limitaciones mencionadas algunos blogueros asistieron a estos talleres, mencionando entre otras cosas, el poco «quorum» que vieron. Por ejemplo Miguel Morachimo escribió sobre su participación acá. Chillinfart posteó sus opiniones acá y acá sobre la sesión a la que fue (audio acá), en la que coincidió con un representante de la empresa de telecomunicaciones Claro:

de hecho, la posición de Claro es de preocupación: Si esta regulación va si o si, estas deberían ir mediante una notificación judicial, sin otra vía administrativa. De otra manera, se permitirá el abuso de la misma contra el ISP, peor si la cosa no es previa sentencia (si no se hace mediante el poder judicial), pudiendo prestarse para chantajes a la americana.

Sin embargo algunas objeciones al proceso de consulta en sí han sido realizadas también vía Facebook, por ejemplo el usuario Javier Hayashi entre varios puntos señala:

Quién decidió este tipo de consulta así de abierta e informal? Por qué? Piensa qué es la mejor manera de hacerlo? Cuál es el fin exacto de esta consulta? Recoger opiniones es importante, pero luego qué harán con ellas? […] Por el lado de gobernanza están muy mal y esto tiene la pinta de ser una simple fachada para decisiones que ya están (casi) tomadas. El mero hecho de que participe gente para darle un aire de legitimidad a lo que hace es peor que no llamarla.

Para contar con información de primera mano al respecto busqué a Erick Iriarte, y aunque en un primer momento me dijo que oficialmente no podía declarar sobre el encargo que le ha confiado MINCETUR, finalmente pudimos hablar al respecto:

Faltan aún algunos meses para que se entregue el producto final de este proceso. Viendo el debate y posiciones encontradas que ha generado es poco probable que satisfaga a todos, a pesar de eso se hace necesario más debate y participación. Cabría esperar también mayor interés del visto hasta ahora por parte de la sociedad civil y empresas dedicadas a la creación de contenido para la red. Y es que el tema puede ser complicado para la gran mayoría pero la ley que espera al final de esto afectará a todos los usuarios de internet en el país.

Para terminar cito al propio Iriarte, quizás sacándolo de contexto, pero con unas líneas que espero recuerde a lo largo de este proceso:

son los usuarios de a pie, los creadores diarios de contenidos (incluyendo sus status en facebook, o sus tweets, sus canciones, sus poemas, sus textos, sus posts, sus comentarios, toda forma de expresión humana) los que habrán de primar.

La imagen en este post ha sido obtenida del blog de Liberación Digital.