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Las comunidades achuar y kichwa defienden su territorio de la contaminación petrolera de Pluspetrol

Plataforma de lucha

«Plataforma de lucha del pueblo Kichua». Imagen de la página en Facebook del Observatorio Petrolero de Amazonía Norte. Usada con autorización.

En estos días se viene desarrollando un nuevo capítulo de la sempiterna lucha de los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios ancestrales contra la contaminación petrolera. A fines del pasado mes de enero, miembros de las etnias achuar y kichwa, provenientes de las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre, tomaron la base Jibarito en el lote 1AB o 192, de la empresa Pluspetrol, paralizando la producción de 14 pozos petroleros, lo que representa una pérdida de aproximadamente 3 100 barriles diarios.

Otro frente de protesta surgió en el río Tigre, donde las comunidades bloquearon el río como una medida más de su paro indefinido que a la fecha lleva más de 30 días. 8 embarcaciones se encontraban retenidas en medio de este bloqueo. Todas estas acciones de protesta exigen el pago de compensaciones ambientales por el uso de tierras y agua de sus comunidades a la Pluspetrol, entre otras demandas.

Estos enfrentamientos se dan en una coyuntura especial, pues el contrato de Pluspetrol con el estado por el lote 192 culmina en agosto de este año y debería realizarse una Consulta Previa con las comunidades antes de que el lote salga nuevamente a licitación. Por otra parte el tema de la titulación de tierras, donde el gobierno se niega a dar títulos sobre terrenos con «aptitud forestal» y sobre aquellos cedidos a empresas petroleras, abre un nivel más de complejidad en las negociaciones.

En el blog Consultape, especializado en el tema de la Consulta previa, señalan:

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.

Contaminación Río Tigre

Infografía sobre contaminación de la cuenca del Río Tigre, elaborada por FECONAT, Federación de comunidades nativas del Alto Tigre. Imagen de la página en Facebook del Observatorio Petrolero de Amazonía Norte. Usada con autorización.

La actitud del gobierno ante estos reclamos y los acuerdos previos ha sido ambivalente y lenta, por una parte en noviembre del 2014 suspendió unilateralmente una reunión con las comunidades indígenas de la zona, y por otra aparentemente ha estado gestionando al más alto nivel, a mediados de enero, la elaboración de una propuesta de acciones destinadas a atender la grave problemática ambiental y social en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, donde se encuentran los lotes 1AB y 8. Todo esto entre rumores de la próxima convocatoria a licitación del lote 192 sin la Consulta previa requerida.

Cabe señalar además la poca confianza que tienen las comunidades indígenas en la empresa Pluspetrol, la que sistemáticamente pretende desconocer acuerdos y decisiones tanto de las comunidades como del estado. Un ejemplo es su política de impugnación de las multas que se le impone por contaminación ambiental y la aplicación de medidas cautelares para evitar el cumplimiento de los planes de abandono y otros que la ley le manda.

A instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros el lunes 2 de febrero en el campamento Dorissa se instaló una Mesa de diálogo entre los nativos de Pampa Hermosa y la empresa Pluspetrol, pero luego se supo de la ruptura de esta mesa de diálogo. Sin embargo Pluspetrol hizo una nueva propuesta, en la cual destaca la entrega de un fondo de 100 millones de soles para las cuencas amazónicas del Tigre, Pastaza y Corrientes.

Mientras tanto la comunidad Achuar de Nuevo Jerusalén, emplazó a Pluspetrol hasta el día viernes 6 de febrero para responder a su demanda, caso contrario tomarían medidas de fuerza entre las que están cerrar más pozos petroleros. Por otra parte se conoció que el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki (región Junín), convocó un paro el próximo 9 de febrero en rechazo a la pretendida instalación de la Pluspetrol en el Lote 108.

No se crea sin embargo que las comunidades se oponen radicalmente a la explotación petrolera. En el blog de NoticiasSER entrevistan al antropólogo Alberto Chirif, estudioso de la amazonía y sus pueblos, quien manifiesta:

Las comunidades no están diciendo que se ponga fin a la explotación petrolera, sino están manifestando que hay problemas que deben solucionarse, especialmente lo de la contaminación y la necesidad del desarrollo. No se están oponiendo al desarrollo de la actividad extractiva.

La siguiente caricatura del ilustrador Carlín, posteada por el usuario de Twitter Renato Pita, plantea cómo es percibida la actitud de la empresa Pluspetrol por buena parte de la ciudadanía:

#CharlieHebdo visto desde la óptica peruana

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«100 latigazos si no te mueres de risa» Imagen de Fanden selv en Flickr bajo licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0).

«La tolerancia tiene un límite», «el multiculturalismo es un error», «no generalicen», «doble rasero», «¿libertad de expresión o libertad para insultar?», «se lo buscaron». Todas esas son frases que con pequeñas diferencias han estado sonando estos días en la discusión internacional y entre las innumerables muestras de apoyo al diario satírico francés Charlie Hebdo luego del atentado que sufriera.

Acá, en Lima, Perú, estamos a medio mundo de distancia  de París, y no solo en el aspecto geográfico, sin embargo algo en común tenemos: hemos vivido la barbarie terrorista. Y mal que bien la hemos superado. Todas esas  preguntas, todas esas discusiones, las hemos tenido hace 20, 30 años. Pero… ¿tenemos las respuestas? No necesariamente. Las situaciones, los contextos, las características son distintas. Las generaciones se relevan, olvidan. Es más, probablemente no tengamos las mismas preguntas ni nos enfoquemos en los mismos temas de discusión al respecto.

Pero eso, como en todos los países del mundo, no ha impedido que los peruanos opinen desde su propia óptica, que relacionen ciertos aspectos del atentado con los de la coyuntura política y social peruana, que saquen sus propias conclusiones.

En la página web de la revista DedoMedio, el académico Daniel Salas analizaba el mismo día del atentado qué es lo que mueve al integrista a actuar de manera arriesgada.

Un gran error es tratar de comprender la acción humana en términos racionales. Contrariamente a lo que se suele afirmar, los seres humanos no actuamos de manera racional. Actuamos por una razón, que es distinto.

Luego pasa a habar sobre religiones y extremismos, explicando que el extremismo religioso actual «no es consecuencia de la pobreza, sino una reacción ante el dominio de las potencias democráticas, cuyos crímenes colonialistas son innegables» y también es «una respuesta ante una civilización que no ofrece estructuras morales seguras». Entonces es por eso que «el extremista sí valora la vida pero la entiende como trascendencia. La muerte es solamente un paso».

Por ello, las religiones flexibles suelen ser menos atractivas que las religiones rígidas. Los rituales, los tabúes, las amenazas de castigo eterno, en general, las distintas formas de sacrificio, son señales de que una religión posee un camino seguro hacia la pertenencia y la trascendencia. Al degollar infieles, al convertir la matanza en un espectáculo cinematográfico, como lo hace el Estado Islámico, el integrista pone en escena su propio sacrificio, la expectativa de su propia muerte. Sabe que es muy alta la posibilidad de morir pero justamente ese es el camino mediante el cual él puede trascender, es decir, a través de la esperanza del triunfo del Califato, del reino de Alá.

Entonces no es el fundamentalismo cristiano lo que podrá vencer al integrismo islámico. Una nueva cruzada es precisamente lo que el Estado Islámico desea provocar. La respuesta reside más bien en una democracia más firme, menos flexible, que imponga y haga respetar sus reglas. Nunca mejor se aplica el principio de que no se puede ser tolerante con la intolerancia.

Es evidente que el aspecto religioso del atentado ha sido uno de los más tratados, y eso ha sucedido incluso en el ámbito local. Verónica Klingerberger escribe en Publímetro.pe:

resulta curioso que militantes de otras religiones aprovechen la coyuntura para lanzar arengas invitando a los fieles a unirse a sus creencias. Un ejemplo es Martha Meier, editora central del suplemento Dominical de El Comercio, quien escribió ayer en Twitter: “Europa defiende tus raíces cristianas!!!!”. Como si la cúpula cristiana no hubiera sido responsable de atrocidades similares durante toda su existencia. […] Ayer, Salman Rushdie le dio su apoyo al semanario francés. El final de su declaración es claro y contundente: “Las religiones, como todas las demás ideas, merecen crítica, sátira y sí, nuestro valiente irrespeto”.

Pero no sólo los militantes religiosos trataron de llevar agua para su molino. Por lo menos un medio peruano (RPP) hizo lo mismo, sin embargo fue rápidamente troleado por gran cantidad de lectores. Doriss Vera escribe sobre la pregunta que RPP hizo en su cuenta de Facebook: ¿Crees que el semanario satírico #CharlieHebdo cometió excesos contra las religiones en sus publicaciones?

la pregunta clave es ¿por qué RPP se cuestiona sobre la libertad de información en este caso? La respuesta es muy sencilla: porque esa libertad cuestionada se vincula con intereses poderosos de su aliado Cipriani y la iglesia católica. Es fácil deducir que si RPP condenara totalmente el atentado y defendiera la libertad irrestricta de expresión de Charlie Hebdo, estaría defendiendo el derecho a la sátira (incluso la sátira religiosa, es decir, la blasfemia).

Lo que debería cuestionarse en los medios es el papel que las religiones han jugado en el poder o la cantidad de masacres que han desatado y siguen desatando, o la influencia perniciosa de todas las ideologías dogmáticas, desde el catolicismo y el islamismo hasta el fascismo y el comunismo de Sendero.

Mientras que casi no se ha comparado el terrorismo islamista con el de Sendero Luminoso, algún político sí pretendió poner el tema de Charlie Hebdo al nivel de sus errores, o los de sus padres. Tal es el caso del congresista Kenyi Fujimori quien, dolido por la nueva sentencia a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el caso de los diarios chicha, tuiteó:

El argumento de la doble moral, muy usado por los críticos de la izquierda, también se hizo presente en un debate que comparaba diversas acusaciones de racismo en la sociedad peruana (ver casos Paisana Jacinta y Saga Falabella) con las caricaturas de Charlie Hebdo.

Pero quienes lograron hacer un interesante paralelo entre la situación de los medios en Francia y los medios peruanos, fueron los de la web satírica El Panfleto. Fieles a su estilo se preguntaron:

¿Qué pueden saber seis insignificantes redactores de un medio satírico en el culo de Sudamérica sobre señores de negro con armas bien de Counter Strike? […] “Terroristas balean un medio satírico y matan a 12 periodistas” y nosotros pensamos “ala, ellos tienen edificios de redacción, acá en Perú si no soboneas a 3 anónimos nadie te dará ni la página del obituario para escupirle en la cara a la Iglesia Católica”, “¿periodistas haciendo sátira son asesinados por terroristas?, acá una chiquilla salida de una facultad de periodismo, que cubre protestas denunciando a los manifestantes como vándalos, sale llorando porque le gritan ‘prensa vendida’, sin contar que jamás haría sátira porque eso molestaría a su jefe”. ¿Qué distinto es todo, no?

Pareciera que al final, aparte del apoyo y solidaridad que recibió lo de Charlie Hebdo, acá en el Perú ha servido principalmente para traer a la luz viejas discusiones nacionales sobre política, racismo y desigualdad.

Nueva marcha contra la #LeyPulpin fue multitudinaria, pero el gobierno no se inmuta

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Imagen obtenida de este tweet de @cosmosvisual.

Luego de una primera manifestación el 18 de diciembre, ayer 22 se realizó la segunda marcha de los jóvenes contra la denominada #LeyPulpin o formalmente:  Ley N° 30288 «Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social”.

El Ministro del Interior había anunciado que esta vez, para evitar acusaciones de violencia innecesaria, los policías no portarían armas e irían de guantes blancos a resguardar el orden, pero también indicó que entre otras medidas se solicitaría el DNI a los manifestantes por motivos de seguridad, lo cual luego fue desautorizado por la Premier Ana Jara:

Durante los días previos el debate sobre los supuestos beneficios y perjuicios de la controvertida ley estuvo a la orden del día en noticias, columnas de opinión y medios sociales, donde las posiciones van desde el pragmatismo empresarial que declara que debe contar con ciertos incentivos para contratar jóvenes inexpertos y poco capacitados, a la defensa irrestricta de los derechos laborales por parte de activistas y los propios jóvenes que se ven compitiendo en desigualdad de condiciones. El gobierno por su parte no ha asumido una posición dialogante y ha hecho una defensa cerrada de la ley.

El blogger Marco Sausa parece haber seguido las instrucciones presidenciales y escribe respecto a la ley que «al inicio la rechacé, hasta que me informé un poco mejor y la acepté». Explica:

para empezar esta norma no está dirigida para los jóvenes que gracias a sus estudios, prácticas pre o pro profesionales, intercambios, estudios extracurriculares, entre otras preparaciones académicas, sí son más empleables, en ese sentido ellos sí pueden postular a un régimen laboral de su conveniencia porque quizás las oportunidades y su empleabilidad lo permite. Mientras que para los que no tienen estas mismas oportunidades o ya se encuentran bajo un sistema informal, esta norma les otorgará beneficios sociales y laborales, es decir, horas extras, 15 días de vacaciones, derecho a su liquidación, ingreso a la planilla y con ello al sistema financiero y si bien no tienen los otros beneficios laborales o algunos están recortados, pues estos son compensados por la capacitación, que por su condición y por lo caro que puede ser estudiar en el Perú, compensa en cierta medida este desequilibrio.

Desde la otra orilla, Louis Davelouis anota varios puntos de la campaña de (des)información del gobierno sobre la ley, y los responde uno por uno. Entre ellos comenta sobre el tema de a quién va dirigida la ley y a quienes afecta:

La Ley es para todos los jóvenes que estén al menos 90 días sin trabajar o para los que nunca han trabajado, sí, pero también afectará a quienes ya tienen empleo, incluso a aquellos que estén por encima del rango de edad. ¿Por qué? Porque el grupo de jóvenes de entre 18 y 24 años creado por la nueva ley será más competitivo por precio. […] En realidad, la ley afectará a quienes están en planilla en la medida que los contratos no se renueven o se produzcan despidos. En los empleos de baja productividad, los jóvenes mayores de 24 deberán competir con jóvenes más baratos por los mismos puestos. Bajar la valla de un piso afecta a todo el escalafón del empleo de baja productividad…

Toda esta discusión, que no se limita a lo expuesto por cierto, parece haber motivado a más jóvenes a dejar sus hogares, centros de estudios y laborales y salir a protestar. El día 22 se concentraron inicialmente cientos de jóvenes en la Plaza San Martín y el Campo de Marte, dos lugares céntricos de la capital, y luego de un intento de llegar al congreso, enrrumbaron de manera pacífica, en una cantidad que ya superaba los varios miles, por la avenida Arequipa rumbo a San Isidro y luego Miraflores.

Aunque en la marcha anterior los muchachos también se dirigieron a Miraflores, algo que no es muy usual en las marchas de protesta, que suelen estar circunscritas al centro de Lima, esta vez los chicos decidieron añadir una ruta más a su recorrido y enfilaron por las calles de San Isidro rumbo al local de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), organización que se rumorea propulsó la dación de esta ley.

Cuando finalmente la marcha alcanzó el distrito de Miraflores eran varias cuadras de jóvenes desplazándose, con estimados de entre 15 y 20 mil marchantes, que durante varias horas paralizaron el tráfico vehicular en diversas avenidas de la capital, lo que originó quejas de algunos usuarios.

Luego de un rato la marcha se dividió por varias rutas y una de ellas regresó a la Plaza San Martín, que está a unas 70 cuadras aproximadamente. Los manifestantes luego de reunirse cantaron el himno nacional y dieron por terminada la actividad. Sin embargo luego de eso se produjeron algunos hechos de violencia entre policías y algunos elementos que la propia policía calificó de infiltrados.

En el campo político se empiezan a sentir las primeras reacciones a estas protestas. Algunos de los congresistas que votaron la ley han retirado su voto, mientras que otros han propuesto un proyecto para que la ley sea mejorada. Sin embargo no se ve aún señales de cambio por parte del ejecutivo.

El sitio web satírico El Panfleto, se puso serio y de alguna manera resume lo que varios piensan sobre esta protesta:

Aunque parezca exagerado, la distancia que separa nuestra carrera universitaria de haber sido peones de una hacienda, a la orden de un omnipotente gamonal, es muy corta. Y […] hubo muchos procesos que nuestros padres, abuelas y bisabuelas llevaron adelante: tomas de tierras de haciendas, creación de escuelas rurales por parte de las comunidades, frentes de defensa, huelgas generales e invasión de barriadas, que pretendieron que las descendencias, nosotros, no suframos lo que ellas y ellos sí. Chibola pulpín, ese Ipad que tienes en las manos, esa pensión universitaria depositada puntualmente, costaron décadas de luchas. No decepciones a la historia, es tu turno de defender los derechos de tu generación y de los que vengan. Deroguen esa ley.

La #LeyPulpin enfrenta al gobierno y a los jóvenes

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Imagen obtenida del diario El Popular.

La aprobación por parte del congreso y la promulgación presidencial de la controvertida «Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social», la Ley N° 30288, ha terminado enfrentando al gobierno y a los jóvenes del país, pues estos aducen que recorta sus derechos laborales, mientras que algunos especialistas dicen que beneficia más a las empresas que a los jóvenes, a quienes transforma en «mano de obra barata».

La Ley fue publicada en el diario oficial El Peruano el pasado martes 16 de diciembre, y crea un régimen laboral especial y opcional, para que las empresas puedan contratar jóvenes de entre 18 y 24 años mediante los denominados «contratos laborales juveniles».

En el blog de Iriarte & Asociados explican que este régimen laboral «contempla beneficios socio-laborales reducidos por un periodo específico de tiempo» y está dirigido a jóvenes que van a trabajar por primera vez y a los que tengan por lo menos 90 días desocupados. Añaden que:

– Las empresas que contraten mediante este régimen especial tendrán derecho a un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta, equivalente al monto del gasto de capacitación de los jóvenes contratados, siempre que no exceda del 2% de la planilla anual de trabajadores del ejercicio en que se devenguen los gastos realizados.

– Para el caso de aquellas micro y pequeñas empresas que contraten jóvenes a través del régimen especial, el Estado será el responsable de asumir durante el primer año de labores del personal la cotización correspondiente al seguro social de salud, siempre y cuando ingresen por primera vez a la planilla electrónica y se contrate a este personal por 1 año como mínimo.

Muchos sin embargo no están de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y creen que generará más volatilidad en el sector laboral y vulnera los derechos de los trabajadores, e incluse les reduce el sueldo como demuestra el periodista César Romero:

Por otra parte el historiador Daniel Parodi Revoredo señala:

si me dices que frente al sector informal, que no paga absolutamente nada, el sector formal es caro; te responderé que claro que lo es, porque siempre será más barato no pagar ningún beneficio. Por eso me pregunto si todo esto trata simplemente de reducirle sus derechos a los jóvenes porque luego existe la alternativa de contratar en negro. Más bien, yo creo que esto pasa por un tema de civismo, de cultura tributaria, y por la fiscalización del Ministerio de Trabajo al sector informal.

Manuel Angelo Prado comenta acerca de la mención presidencial a que los jóvenes pagan «derecho de piso» para ingresar al mercado laboral, y recuerda que este concepto asume que el jóven trabajador debe aceptar algunos abusos e injusticias para poder luego ser un trabajador de pleno derecho. Luego reflexiona:

Lo más resaltante sobre la polémica que se ha armado alrededor de este nuevo régimen laboral no son las opiniones discrepantes de nuestros políticos sino su coincidencia en la visión conservadora de cómo debe ser la inserción laboral de un joven: un ciudadano que primero tiene que ‘pagar derecho de piso’ para que se le reconozcan sus derechos. Lamentable.

Otros creen que se debe ser más prácticos y reconocer que la situación laboral del país necesita medidas simples y pragmáticas. Dante Bobadilla en Voz Liberal del Perú cree incluso que debería revisarse el concepto de «estabilidad laboral», y en cuanto a la ley comenta:

se le plantea a las empresas que contraten jóvenes sin tener que pagarles CTS ni gratificación. Por su parte el Estado se hará cargo del pago de ESSALUD. Es una medida opcional y de emergencia para evitar el paro juvenil que alcanza a 4 de cada 5 jóvenes. Acá lo que se quiere es que los jóvenes tengan un empleo. Algo para empezar. ¿No es una gran idea? Claro que sí. Pero para el progresismo no lo es.

El progresismo ha puesto el grito en el cielo porque se atenta contra uno de sus íconos más sagrados: los derechos laborales […] una de las razones (si no la única) de que los jóvenes no tengan empleo es que son muy costosos para cualquier empresa. No tienen experiencia ni referencia alguna y son hasta un riesgo potencial. Por eso las empresas prefieren contratar gente mayor, si al final van a tener que pagar lo mismo. El resultado: desempleo juvenil.

Pero gran cantidad de jóvenes, el público objetivo de esta ley, decidió que la misma no era de su agrado y decidieron protestar contra ella. En Facebook se organizaron varios eventos convocando a una marcha de protesta el jueves 18 de diciembre con punto de reunión en la Plaza San Martín. En las redes sociales se le bautizó como #LeyPulpin, haciendo alusión a una bebida llamada «Pulp» dirigida al público infantil.

Finalmente el día señalado se reunió un apreciable grupo de jóvenes, algunos dicen que 3,000 otros 15, 000, que a pesar de las fuertes medidas de seguridad dispuestas, más que cuando hay desmanes de las barras bravas, marcharon por diversas calles de Lima, no sin enfrentamientos con la policía. A continuación algunos de los muchos tuits enviados desde la marcha:

Polémica por mensaje de Greenpeace en las líneas de Nasca

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Imagen tomada del diario La República.

Una reciente acción de protesta realizada por la ONG ambientalista Greenpeace en el área arqueológica de las líneas de Nasca ha generado amplio rechazo en la sociedad peruana.

Activistas de diversos países de la organización Greenpeace colocaron el pasado 8 de diciembre unas letras de gran tamaño en la zona cercana al geoglifo del colibrí, con el mensaje: «Time for change! The future is renewable Greenpeace» (¡Tiempo de cambio! El futuro es renovable. Greenpeace), con el propósito de llamar la atención a los asistentes a la COP20 que se está desarrollando en Lima.

A través de su cuenta oficial de Twitter difundieron fotos del proceso de colocación del mensaje:

Greenpeace también difundió su intervención vía Facebook, donde a pesar de los más de 6000 «me gusta» conseguidos por su publicación, no dejaron de recibir críticas de varios peruanos indignados. Por ejemplo el abogado Erick Iriarte comentó:

Ninguna lucha x #dddh puede violar #ddhh (y nuestros derechos culturales a nuestra historia, son derechos humanos). Luchar violando derechos termina siendo contraproducente. Todos luchamos x que lideres tomen decisiones, pero no tienen ningun derecho a violar mi historia, la historia de mi pueblo, de mis hijos, de mis padres, Y que ustedes crean que caminar sobre zona arqueologica no es dañarla, les informo que tambien la dañan y ciertamente que el kilometro que caminaron para llegar a zona dejaron sus huellas, removieron espacio, y alteraron el, precisamente que defienden, medioambiente.

La Asociación María Reiche, que toma su nombre de la arqueóloga germano-alemana que dedicó su vida a investigar las líneas de Nasca, comentó:

Las líneas de Nasca están en un área restringida donde no se permite la entrada, sin una razón. La figura del Colibrí está a casi 1 km de la carretera más cercana junto con otras miles de líneas entrecruzadas hasta llegar a esa área. ¿Pueden asegurar que no ocurrió ningún daño, considerando que llegaron al lugar cuando todavía estaba oscuro? El desierto de Nasca tiene algunas docenas de figuras pero miles de líneas incluso más impresionantes.

A lo cual Greenpeace respondió:

Le podemos asegurar que absolutamente ningún daño fue realizado. El mensaje estaba escrito en letras de tela que se dejaron en el suelo sin tocar las líneas de Nazca. Fue evaluada por un arqueólogo experimentado, garantizando que ni siquiera un rastro fuera dejado atrás.

Pero no todos estaban de acuerdo con la aseveración de Greenpeace.

Podría parecer que caminar sobre las líneas no es algo muy grave, pero hay que conocer cómo están hechas estas líneas para tener una idea del daño, así pues ¿por qué son tan frágiles las líneas de Nasca? el geólogo Patricio Valderrama explica:

La pampa de Nazca está compuesta por una finísima capa de material aluvial de origen granítico-volcánico de color rojizo (provenientes del Batolito de la Costa). Este nivel está sobre un nivel de arena gris clara, entonces, si “remueves” la capa superior, expondrás la capa inferior permanentemente, es este contraste de colores lo que permitió que los antiguos Nazca dibujaran sus lineas: haciendo surcos.

Luego de conocerse la noticia representantes del estado tomaron acción.

Tras esta inspección realizada por representantes del Ministerio de Cultura, el mismo ministerio procedió a denunciar a Greenpeace ante la Fiscalía por los daños ocasionados al patrimonio arqueológico. El presidente de la comisión de cultura del Congreso de la República pidió además se detuviera a los activistas responsables. Ante esto, Mauro Fernández, coordinador de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace, declaró que se ponía a disposición del Ministerio de Cultura y de la justicia peruana para “resolver cualquier inconveniente”.

La organización también ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por la intervención. Sin embargo el viceministro de Cultura manifestó que estas disculpas no han sido aceptadas.

Por otra parte, Hernán Hurtado del Colectivo Defensa del Patrimonio, comenta en el blog Qollur Arqueología que «Greenpeace debe ser nombrada institución non grata», pero además incide en la problemática del área arqueológica:

Este reciente y lamentable atentado, sirva para tomar medidas más eficaces en salvaguarda de nuestro patrimonio arqueológico. En tal sentido exhortamos al Ministerio de Cultura a redoblar esfuerzos en la defensa, protección y vigilancia de las pampas de Nasca y Palpa que son víctima constante de invasiones, huaquería y minería ilegal.

De hecho hace pocas semanas se conoció que un grupo de invasores de tierras se había apoderado de los sectores Cerros Altos y Huaca La Calera II que también forma parte de la zona arqueológica de Nasca. Empero, la denuncia incluía al Ministerio de Cultura por su desidia para tomar acción en este caso, aún cuando la intervención incluyó el uso de maquinaria pesada. Además las redes sociales no se hicieron mucho eco tampoco de lo sucedido. Tal como manifiestan irónicamente en este tweet:

Pero, nuevamente, tampoco hay consenso en esto entre los usuarios de las redes sociales:

Pero más allá del debate, se espera que haya una mayor protección de parte de las autoridades al patrimonio arqueológico en general, y que no reaccionen sólo cuando el contexto mediático los obliga a ello.

La lucha de Edwin Chota a tres meses de su muerte

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Foto de Edwin Chota aparecida en el New York Times, obtenida de la web SPDA.

En pocos días se cumplirán tres meses del asesinato de Edwin Chota, jefe de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, una localidad de la Región Ucayali limítrofe con Brasil. Chota, líder asháninka y defensor de los bosques amazónicos contra la tala ilegal, fue asesinado precisamente por esta labor de defensa junto a tres líderes de su comunidad cuando se dirigían a una reunión con otros líderes asháninkas pero del estado de Acre, Brasil, a fin de coordinar esfuerzos contra la explotacion forestal.

A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones sobre el caso avanzan lentamente. Se ha recuperado los cuerpos de tres de los asesinados: Edwin Chota, Francisco Pinedo y Leoncio Quincima Meléndez, estando por encontrar los restos de Jorge Ríos Pérez. En cuanto a los presuntos asesinos, hay tres taladores ilegales detenidos: Adeuso Mapes, Eurico Mapes y Hugo Soria, pero hay otros tres en calidad de requisitoriados.

Este caso sin embargo es uno más en la larga lista de asesinatos a activistas medioambientales en el Perú. Un reciente estudio de Global Witness da a conocer que entre los años 2002 y 2014 habrían sido asesinados 57 activistas en nuestro país, lo que coloca al Perú en el cuarto lugar de los países más mortales para los defensores ambientales y de la tierra, siendo los primeros Brasil, Honduras y Filipinas.

En un pronunciamiento del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – Formabiap, publicado en el blog del profesor José Manuyama, los profesores firmantes exigen al gobierno dar cumplimiento «a lo expresado en el Convenio 169, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales firmados en defensa y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas», además señalan:

Estos sucesos de por sí graves, lo son más aún, si consideramos que los cuatro líderes indígenas denunciaron públicamente desde hace muchos años, la extrema debilidad del Estado peruano en la zona y la vulnerabilidad en que se encuentra la población. Siendo ellos guardianes defensores de su territorio venían recibiendo constantes amenazas a su integridad física y a su vida. Por ello, estos hermanos Asháninka en muchas ocasiones pidieron a las autoridades competentes la protección de sus derechos fundamentales.

Efectivamente, uno de los puntos débiles en la defensa de los derechos indígenas es la falta de titulación de sus tierras, tema en el cual el gobierno ha demostrado poco interés, e incluso recientemente ha expedido la ley 30230, parte de un paquete de reactivación económica, que advierten «no solo entregará a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia directa de sus proyectos, sino que además entregará derechos sobre el área de influencia indirecta, afectando las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones», convirtiéndose así en una potencial amenaza para los derechos indígenas sobre sus tierras ancestrales.

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Imagen obtenida del sitio web Reina de la Selva.

El antropólogo Alberto Ñiquen entrevistó para su blog al documentalista Fernando Valdivia, quien opina que esto se debe también a la falta de una política de desarrollo fronterizo por parte del estado, cuya ausencia en estas zonas da lugar a que las actividades ilegales, como la tala y la minería, encuentren oportunidades de explotación. Valdivia añade:

«Pido a las autoridades que esté alertas. No podemos dejar que las muertes continúen. Instamos al Estado peruano para que honre a Edwin Chota reconociendo los territorios de los asháninkas, para que así los madereros y otra gente que quiera hacer actividades ilegales o invasión territorial no ingresen y los nativos tengan su territorio como siempre lo han querido».

El biólogo José Álvarez Alonso profundiza en Espacio360 sobre cuáles deberían ser las acciones del estado para enfrentar a las mafias madereras ilegales, que comenta, a veces camuflan actividades del narcotráfico:

La problemática de esta y otras cuencas de la frontera con Brasil no se soluciona con una serie de operativos coyunturales: en zonas tan inaccesibles de la selva, es relativamente fácil que los delincuentes se escabullan y retornen a sus actividades habituales luego de un tiempo. Se requiere una estrategia de control y gobernanza a mediano y largo plazo, que involucre activamente a las comunidades locales.

La  lucha de Edwin Chota pues, era doble, por un lado contra los madereros ilegales que invadían el territorio de su comunidad, y por el otro contra un estado que ignoraba su derecho a la titulación de sus tierras, a pesar de que la comunidad contaba con informes favorables al respecto emitidos por diversas entidades; un estado que además falló en proporcionarle la adecuada seguridad a pesar de sus múltiples denuncias de amenazas a su vida.

Esta lucha sin embargo no ha sido abandonada. La continúa la comunidad, y sobre todo las viudas de los fallecidos. Ellas, que fueron las que denunciaron los asesinatos, desde un primer momento se han colocado a la vanguardia de los reclamos de justicia por los asesinatos y de la titularización de sus tierras. Julia Pérez, la viuda de Edwin Chota, estaba con siete meses de embarazo al momento del asesinato. Ella, al igual que las demás, vive ahora en Pucallpa, la capital de la región Ucayali. El temor a las amenazas y represalias las han hecho abandonar su comunidad, pero desean regresar.

En una reciente conferencia de prensa organizada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y Handcrafted Films., las viudas de los líderes asháninkas expresaron su intención de continuar con la lucha de sus esposos y solicitaron el apoyo de la comunidad en general. A continuación algunas partes de dichas declaraciones.

En la misma conferencia se expuso el siguiente video que recoje declaraciones de Edwin Chota y su viuda. El video es parte de la serie If not us then who? (Si no somos nosotros ¿entonces quién?):

Con el inicio de la COP20 ad portas, se espera que el gobierno tome algún tipo de acción que brinde justicia y garantice los territorios de las comunidades indígenas. Este y otros casos de atentados a los defensores medioambientales ganarán visibilidad internacional en el transcurso de  la serie de eventos que tendrán lugar en Lima con motivo de la COP20. Queda del gobierno que la imagen que se difunda sea positiva o negativa.

Datosperu y la discusión del uso de los datos personales en el Perú

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Captura de pantalla obtenida de este artículo de Pymex.pe.

El sitio web datosperu.org fue multado con S/.228,000.00 (aproximadamente $78,620.00) por haber violado la ley de protección de datos personales, o Ley 29733, del año 2011. La multa fue generada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP) en atención a dos quejas contra el sitio mencionado por difundir información no pública y desactualizada en la web, lo que perjudicaba a los demandantes.

Datosperu.org es un sitio web que republica información pública de diversas fuentes, por lo general entidades estatales peruanas como SUNAT y el diario oficial El Peruano. En los casos que han originado la multa el problema es que la web tiene online documentos administrativos de sanciones a dos personas, pero no los posteriores documentos que anulan tales actos administrativos, lo que obviamente genera problemas a estas personas.

En el sitio web Iriarte y Asociados, la abogada Cinthya Téllez analiza:

¿Cómo habían obtenido dichos datos en datosperu.org? Porque habían sido publicados primero en el Diario El Peruano […] se argumenta que la sanción se da porque datosperu.org usó los datos sin el consentimiento de los titulares. La información publicada previamente en El Peruano no constituye información de hechos públicamente relevantes ni de “interés general”, pues los reclamantes no desarrollan actividades públicas. Entonces, no hay justificación para afectar la privacidad de los ciudadanos reclamantes y el portal debió anonimizarla.

Aunque la APDP no pudo ubicar a los responsables de la web pues la dirección consignada en la misma no les pertenece, y tampoco existen las razones sociales dueñas de datosperu.org., la empresa respondió luego de conocerse la multa, y argumentan entre otras cosas que en la sanción en su contra hay “abuso de poder” de parte  del Estado o de un funcionario público. Además indican que el republicar información pública no es delito. Sin embargo comunicaron que eliminarán los datos reclamados y añadieron también que probablemente cierren su web. Esto generó un debate sobre la negativa de datosperu a atender los reclamos en su momento y la validez de algunos de los argumentos esgrimidos por la APDP para aplicar la multa.

La discusión acerca de datosperu.org en la ciberesfera peruana no es reciente, ya en marzo del 2012 entidades de la sociedad civil demandaban a la APDP conocer al propetario del dominio, o las personas responsables del sitio, debido a que una página oficial de Estados Unidos los lista como una “iniciativa del gobierno del Perú para promover datos públicos abiertos de las administraciones estatales”, lo cual era obviamente erróneo. Cabe indicar que la demanda tuvo una respuesta negativa.

Arturo Díaz comentaba de una manera más personal en su blog:

Cuando visité la pagina datosperu.org me vi con la desagradable sorpresa de encontrar algunos de mis datos personales colgados públicamente sin que yo lo hubiera requerido. Ni en el Facebook tengo tanta precisión para colocar mis datos y una página de dudosa procedencia viene a colocarlos como si yo se los hubiera solicitado. Y refiriéndome a esto último, es insultante el hecho que pretendan que uno trate de encontrar a los responsables de esta página a través del Facebook brindándonos una pequeña «ventana especial» a la cual si accedemos bien podría capturar nuestro nombre de usuario y contraseña.

El abogado Miguel Morachimo daba también en el 2012 ciertas precisiones legales respecto a la privacidad de los datos publicados:

En principio, DatosPerú no contiene información secreta ni prohibida de ser publicada. De hecho, contiene información a la que cualquiera tiene acceso. Solo ha agrupado información que ya se encontraba disponible en SUNAT y en los portales de otras instituciones del Estado, es decir, información pública […] Nuestra Ley de Protección de Datos Personales (.pdf) considera como dato personal a toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable, distinguiéndolo de los datos sensibles calificados como datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular,

Por otra parte, en su blog el ingeniero Dámaso Fonseca a principios de este año trató extensamente el tema del anonimato de la página datosperu.org, donde hace una disección y rastreo de los datos que nos podrían llevar hasta sus responsables. En el camino encuentra relaciones con algunas páginas peruanas y españolas que trabajan o han trabajado con la modalidad de «publicar información relacionada a datos personales, obteniendo ganancias generadas de las visitas mediante la publicidad google adsense», siendo además que algunas de estas páginas españolas fueron sancionadas por diversos motivos.

Ya con motivo de la reciente multa Miguel Morachimo volvió a postear al respecto haciendo incapié en si realmente fue adecuado que la APDP resolviera determinar que las normas legales publicadas en el El Peruano solo pueden republicarse previo proceso de anonimización.

Además de los múltiples problemas de ejecución que representa intentar hacer cumplir una decisión a una empresa fantasma, resulta problemático orientarla contra la publicidad de las normas legales. En principio, porque existen muchísimas otras situaciones donde la infracción a la protección de los datos personales es incontestable y constituyen prácticas generalizadas en el mercado. Pero también porque el criterio de que la información pública estatal como las Normas Legales solo puede replicarse siempre y cuando esté anonimizada parece excesivo desde el punto de vista de la transparencia y el acceso a la información pública.

Y en otro artículo comenta, refiriéndose a datosperu.org, que «no deja de ser decepcionante el que un proyecto que promueve la transparencia sea tan poco transparente respecto de su administración», y concluye que:

ambos lados han pecado de fundamentalistas. Por un lado, las dos o tres personas que han intentado defender la decisión de la APDP han caricaturizado a las voces críticas como personas insensibles a la privacidad y/o al Estado de Derecho. Del otro, Datos Perú y sus administradores en la sombra han tratado de hacer de este un pleito personal entre el Estado y ellos como paladines de la transparencia.

Finalmente conversamos con Javier Casas, Director de Suma Ciudadana, una de la organizaciones que demandaron en el 2012 que se de a conocer a sus administradores, y nos expresó lo siguiente:

Datosperu.org no ha estado haciendo nada del otro mundo, pero dado que hay una legislación sobre datos personales (que tiene sus pro y sus contras), desde Suma Ciudadana nos preocupó en un principio que siendo anónima y no teniendo nada que la vincule al Perú más allá de la procedencia de los datos publicados, pudiese vulnerarse el derecho a la autodeterminación informativa sin posibilidad de reclamo. Recordemos que cuando acudimos a la Autoridad de Protección de Datos Personales para que examine este caso, no había forma de comunicarse con el administrador para reclamar por datos personales perjudiciales. Luego que hicimos público nuestro reclamo el administrador incluyó un canal de quejas, pero no surtió efecto. A nosotros nos llama la atención la posición de la Autoridad frente a Datosperu.org puesto que en un inicio se inhibió de conocer el problema y luego lo ha abordado, aunque no estamos de acuerdo con la ponderación de derechos que se extrae de su decisión.

Al día de hoy la página datosperu.org ya no da acceso a los datos y en cambio aparece un mensaje de semi despedida.

Lima COP20 ¿se logrará el acuerdo definitivo de sustitución del protocolo de Kyoto?

COP20

Presentación del logo Lima COP20 (CC BY-SA 2.0).

Del 1 al 12 de diciembre de este año se realizará en Lima la COP20, que es como se conoce a la vigésima edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Simultáneamente se llevará a cabo también la CMP10, que es la conferencia anual de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP).

El evento ha generado bastante expectativa en diversos sectores de la ciudadanía peruana, desde los que siguen temas ecológicos y ambientalistas, hasta los empresarios de la industria turística que verán incrementados sus ingresos con las aproximadamente 12,000 personas que se calcula vendrán a las conferencias. El ciudadano común y corriente sin embargo, está lejos de estar enterado de la proximidad e importancia de la conferencia, cosa que preocupa a organizadores y comunicadores por igual.

El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien presidirá la COP20, escribió hace unos meses en un artículo de opinión que reprodujo el sitio web Proyecto La Luciérnaga acerca del contexto climático que vive el país y con el que recibe a esta conferencia mundial:

El cambio climático nos enfrenta a nuestras condiciones de vulnerabilidad frente a nuestra realidad de país amazónico, con más del 50% del territorio con cobertura boscosa. Nos enfrenta a la amenaza de la escasez hídrica, más aún cuando los glaciares tropicales, de los cuales el 70% están en nuestro territorio, se encuentran en retroceso. Nos pone frente al reto del cambio de condiciones de las corrientes marinas, que nos podría llevar a perder nuestra posición como el país con el océano más rico del mundo sustentado en la pesquería.

La COP20 tiene como objetivo principal concluir el borrador de un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que se adoptaría en la COP21 de Francia, en 2015 y entraría en vigencia a partir de 2020. Pero además hay otros objetivos, como definir el financiamiento y los sistemas de información sobre cómo se vienen trabajando los proyectos REDD, fortalecer y ampliar los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) y su vínculo con el Fondo Verde para el Clima, además de la puesta en marcha de éste último, pronunciarse sobre el establecimiento de un proyecto piloto o un centro regional de tecnología climática en Lima, y varios otros más.

Por otro lado son varios los retos y desafíos que enfrentará la COP20. Tal como apuntan en SciDev.net, uno de los más importantes es «es el financiamiento para implementar las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático.» Pero no es el único.

una de las preocupaciones centrales de muchos observadores es que bajo el actual sistema de ‘compromiso y revisión’ será muy difícil lograr un acuerdo climático vinculante en 2015 pues se deja que cada país sugiera sus objetivos de mitigación, en lugar de estar determinados por la ciencia, como ocurría anteriormente. […]

Para los anfitriones de la COP20 es importante lograr que las organizaciones observadoras sean escuchadas, y evitar a toda costa su retiro, como ocurrió en la COP de Varsovia.

Además señalan que

También existe interés de algunas organizaciones y políticos de la región por aprovechar la COP para dar visibilidad a una agenda latinoamericana, con los problemas de la región: pérdida de glaciares, fuentes de agua, bosques, biodiversidad, e interés en ciudades sostenibles y energías renovables. Latinoamérica es responsable de 12,5 por ciento de las emisiones mundiales de GEI y, según pronósticos, será una de las regiones más castigadas por los efectos del cambio climático.

A un mes del inicio de la reunión, los preparativos para la COP20 están en la recta final. Y casi tan complicado como estar enterado de la terminología, siglas y demás relacionado con el cambio climático y los entes organizadores es también tener una idea de las organizaciones participantes y sitios dónde encontrar información al respecto. Para saber más, puedes visitar los siguientes enlaces:

Lima COP20 / CMP10 – Sitio oficial.
COP20 NU – Sitio de la COP20 en la web del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú.
Sustainable Innovation Forum 2014 – Evento paralelo organizado por Climate Action.
Grupo Perú COP20 – Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil peruana. Organizan la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático.
Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático. Espacio de encuentro de las organizaciones y los movimientos sociales articulado desde el Perú para la construcción del dialogo entre los movimientos sociales mundiales hacia la COP20.
Feria Climática o Voces por el Clima – Espacio que refleja la diversidad de propuestas e iniciativas en relación al cambio climático.
Cumbre Alternativa COP20.
COP Indígena 2014.
Caravana Climática por America Latina – Una Gira de Acción desde México hasta la COP20, en Lima, Perú.
Conceptos básicos sobre Cambio Climático.

Si con eso no es suficiente, dele una mirada a los cortos videos animados que ha publicado la iniciativa Cambia.pe de la SPDA (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental). De una serie planeada de 5 videos van 3 que ya se encuentran online. Acá el más reciente:

La #LeyChavez y la privacidad de los correos electrónicos

Privacy

Imagen de g4ll4is en flickr, usada bajo una licencia Creative Commons: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

¿Tiene un empleador el derecho a revisar los correos de sus trabajadores? Esto no es una pregunta retórica si no una situación con muchas posibilidades de ser real en el Perú de aprobarse en el pleno del Congreso un dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República.

El proyecto de ley incluido en el dictamen, emitido el pasado 24 de setiembre,  se titula «Ley que regula el uso de medios informáticos en los centros de trabajo público y privados», y aunque señala entre sus objetivos el de «tutelar los derechos constitucionales del trabajador referidos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones», en su artículo 3 menciona:

Los medios informáticos en el centro de trabajo son de titularidad del empleador, independientemente de su asignación al trabajador y su uso no genera una expectativa razonable de privacidad o secreto.

Más adelante, en el artículo 7 establece:

En ningún caso las facultades de control y fiscalización del empleador suponen la interceptación o acceso a los correos electrónicos, redes sociales y demás medios informáticos de comunicación de titularidad del trabajador, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal según corresponda; salvo que exista autorización escrita de este.

El abogado especialista en temas de uso y regulación de Internet, Erick Iriarte, manifiesta su preocupación pues el mencionado artículo 3 iría en contradicción al artículo 2, inciso 10 de la Constitución que establece el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Luego añade:

El proyecto confunde el uso de herramientas informáticas con los contenidos que puedan circular por ellas, haciendo que los mecanismos de control sobre los primeros terminen afectando los segundos […] No se puede por contrato ceder derechos y esto parece olvidarse la comisión con este dictamen, cuando plantea en el art. 7.1 que el trabajador puede por “autorización escrita” permitir la interceptación o acceso a correos electrónicos.

Pero no sólo eso, Iriarte plantea también otros contextos no previstos:

[El proyecto] Adicionalmente abre las puertas para situaciones que afectarán a cualquier persona aún cuando use sus propios instrumentos informáticos. Esto se entiende en el artículo 2, donde dice que la conexión a Internet también es considerada un instrumento. Es decir: ¿si llevo mi laptop y la conecto a la red del empleador, este puede monitorear mi propia computadora?

Sin embargo Iriarte concluye que hay partes del proyecto que si resultarían beneficiosas:

de mantenerse este proyecto todos los emails de funcionarios públicos se volverían de libre acceso […] Esto también incluiría todos los contenidos de comunicaciones de whatsapp realizadas en móviles (de acuerdo al artículo 2 del dictamen) aun siendo sus propios equipos (si utilizan la conexión a internet de la institución).

El también abogado y blogger Julio Cruz Merino ve este proyecto como un atentado contra los derechos y libertades constitucionales por parte de la bancada fujimorista (Martha Chávez, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es parte de dicha bancada, al igual que el congresista Carlos Tubino quien presentó uno de los proyectos sobre los que se pronunció en el dictamen la Comisión).

Para conocimiento general, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional (Exp. N° 04224-2009-PA/TC) han indicado que otorgar esa potestad al empleador es incompatible con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del trabajador. Por lo tanto, y si se usa la lógica, la razón y se aplica correctamente el derecho aunque sea por una vez en el Perú, el pleno del Congreso de la República debería rechazar de plano la pretensión de la bancada naranja.

Aunque la congresista Chávez no es la autora del proyecto, la iniciativa se conoce en la tuitósfera peruana como #LeyChavez. Erick Iriarte reunió algunos tuits de Chávez defendiendo el proyecto.

Mientras que se hace evidente que el proyecto tal como está podría servir de base para abusos de parte de los empleadores, estos abusos también se producen del lado del empleado. Dámaso Fonseca, especialista en temas de seguridad en internet manifiesta:

La discusión tiene para rato, pues pasará algún tiempo hasta que el dictamen sea visto en el pleno del congreso.